El Gobierno del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, guarda desde 2010 una investigación documentada de 339 casos de invasión y titulación ilegal de tierras de parte de colonos en los territorios indígenas Mayangna Sauni As y Mayangna Sauni Bas, en la reserva de Bosawas.
Cada caso fue debidamente documentado por los gobiernos territoriales de las zonas y denunciados al entonces jefe de la Policía del Triángulo Minero, el comisionado mayor, Otilio Duarte, pero hasta la fecha se desconoce por qué no se tramitaron las denuncias.
Los documentos recogen casos de invasión y titulación ilegal de territorio comunal indígena de 2009 y 2010, según copia que incluyen cartas presentadas a las autoridades policiales en poder de LA PRENSA.
En octubre de 2009 se presentaron en la delegación policial del municipio de Siuna 284 denuncias de invasiones en territorio Mayangna Sauni Bas.
Y en septiembre de 2010 fueron interpuestas 55 denuncias de invasión de colonos en territorio Mayangna Sauni As en las oficinas de la delegación de la Policía del municipio de Bonanza, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).
La documentación permite conocer la situación legal de familias mestizas en los territorios indígenas, y se refleja que 260 de los colonos, debidamente identificados, no poseían documentos de propiedad que ocupaban.
En 33 de los casos se poseía escritura de un notario, en siete documentos de la reforma agraria, dos de los colonos tenían solo minutas, uno un documento supletorio y los restantes 11 colonos no presentaron ningún documento con que respaldar la tenencia de la propiedad en territorio indígena.
En total se contabilizaron 1,794 miembros de familias de colonos invadiendo propiedades indígenas en la zona de Bosawas.
POLICÍA NO REMITIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO
Según una carta enviada en junio de 2011 a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, de los entonces diputados y aliados del partido Frente Sandinista, Agustín Jarquín y Brooklyn Rivera, los jefes policiales de Siuna y Bonanza no remitieron las denuncias al Ministerio Público.
La carta es del 29 de junio de 2011, por lo que la primera comisionada Granera conoce desde hace cinco años los 339 casos de invasión y titulación ilegal de tierras indígenas mayangnas denunciadas por los gobiernos territoriales.
En esa misiva Jarquín Anaya y Rivera, quienes entonces presidían la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales y la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, respectivamente, solicitaron a Granera “con urgencia una reunión” para tratar “los graves casos de denuncias en la Policía”, “sobre invasiones de tierras dentro de la zona núcleo de Bosawas, en territorios mayangnas” y que fueron “titulados por la actual administración del presidente Ortega”.
Jarquín explicó a este Diario que el estudio contó con la cooperación de la agencia alemana GTZ, porque estaba dirigido a apoyar la conservación de Bosawas, pero permitió identificar los más de trescientos casos de invasión ilegal de tierras indígenas.
“Cada expediente de la acusación formal fue referenciada con un mapa, se definía el perfil de las personas que vivían ahí, pero además de un criterio responsable del Marena por el daño que se estaba ocasionando a la zona”, afirmó Jarquín.
Aseguró que “en varias ocasiones nos reunimos” y “hasta tuvimos fuertes discusiones” con el jefe de la Policía del Triángulo Minero a quien los gobiernos territoriales indígenas Mayangna Sauni As y Mayangna Sauni BAS, reclamaron su pasividad.
Contó que en su oportunidad los representantes de los gobiernos territoriales “reclamaron infructuosamente la no atención de las denuncias sobre invasiones de tierras, que se entregaron en las delegaciones policiales de Siuna y en Rosita”.
DUARTE REACCIONA NERVIOSO
LA PRENSA llamó ayer al comisionado mayor en retiro, Otilio Duarte y se le consultó si había tramitado en su oportunidad las denuncias de invasión ilegal de tierras indígenas de parte de colonos.
“Habría que verlo, tal vez el lunes me busca, voy a estar en Siuna”, dijo primeramente Duarte, quien actualmente es el secretario político del FSLN en el Triángulo Minero.
Duarte volvió a preguntar qué medio era y al reiterarle que LA PRENSA reaccionó nervioso. “No, no, no, no, pensaba que era otra persona. No, no sé nada yo de eso”, dijo y colgó la llamada telefónica. Se le llamó nuevamente pero no respondió su teléfono celular.
DIPUTADO CASTRO TIENE CONOCIMIENTO DE TODO
Jarquín Anaya afirmó que “por la desatención del comisionado Duarte” fue que junto con Rivera mandaron la carta a la primera comisionada Granera, pero además asegura que los pasos que dieron entonces fueron del conocimiento del diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista.
Sostuvo que “también fue infructuoso” recurrir a Granera porque nunca les citó a reunión y tampoco conoce que haya actuado para que la Policía de Siuna y Bonanza investigaran las denuncias con las pruebas de invasión y titulación ilegal de tierras indígenas mayangnas.
“Por eso en abril de 2012 envié al presidente (inconstitucional) Ortega” una carta pidiendo “con urgencia” “su intervención, instrucciones y decisiones” pero “tampoco fue atendida”, asegura el exdiputado y quien fuera aliado de Ortega.
DENUNCIANTES CASTIGADOS
Paradójicamente, los dos denunciantes, Jarquín y Rivera, quienes eran aliados del gobernante Frente Sandinista, fueron desaforados y retiradas sus diputaciones en procesos oscuros y legalmente cuestionados.
La desaforación de Rivera fue el lunes pasado orquestada por el jefe de la bancada sandinista, el diputado Edwin Castro, acusándole de venta ilegal de propiedades indígenas.
Castro afirmó que Rivera está vinculado con 16 casos de ventas ilegales de propiedades comunales, equivalentes a 1,556 kilómetros cuadrados de territorio indígena, principalmente en los territorios Wangky Twi Tasba Raya y propiedades mayangnas.
Rivera fue desaforado por los 62 votos de los diputados del FSLN y los dos de sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El procurador general de la República, Hernán Estrada, dijo la semana pasada que una comisión conformada por la Fiscalía, el Poder Judicial y la Procuraduría decidirán si acusan penalmente al exdiputado Rivera. El procurador aseguró que existe abundante información respecto al involucramiento de Rivera en la venta ilegal de tierras indígenas.
PGR ABANDONÓ PROCESO
El expresidente de la Comisión de Población, Agustín Jarquín Anaya, advirtió que los enfrentamientos violentos entre colonos y miskitos puede recrudecer si el Gobierno central no logra un verdadero diálogo y actúa para frenar la invasión de tierras comunales indígenas.
Dijo que es parte del problema el hecho que el Gobierno, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) “abandonó el proceso de titulación de territorios indígenas”, al estar pendiente el último proceso que establece la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.
“No se ha completado el saneamiento” para corresponder a cada una de las comunidades con título de propiedad de sus tierras logren acuerdos con terceros que se encuentren dentro de las mismas”, explicó.
Se requiere un diálogo para que conforme a la ley, se resuelva la situación (de invasión de tierras) sino la violencia e ingobernabilidad en la que está cayendo esa zona va a crecer”.
Agustín Jarquín, exdiputado y exaliado del FSLN.
