Maynor Will Fernández Ruiz está recostado en una cama sobre su mano y pierna izquierdos, esa parte de su cuerpo ha quedado inmóvil. Esto es una de las secuelas que dejó el impacto de bala que recibió en la parte trasera de la cabeza el miércoles 29 de enero, cuando un grupo de colonos armados llegó a atacar y quemar las casas de la comunidad mayangna Alal, en la Reserva de Biosfera Bosawas.
Maynor no camina, pero comprende lo que le dicen. Él habla, pero lo hace despacio, mientras su mirada divaga entre el piso y el rostro de su padre que lo sostiene al borde de la cama, don Pichardo Fernández. El agricultor de 24 años, no se queja por el dolor, pero cuando lo intentan levantar de la cama o moverlo, las muecas de molestia asoman en su rostro.
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Maynor es padre de un niño de tres años y también esposo. Cuando otra de las víctimas, Marcony Jarquín, llegó corriendo a la comunidad con la alarma de que los colonos la atacarían, Maynor empezó a sacar a la gente, ayudó a varios a huir, pero cuando le llegó su turno, los atacantes ya venían encima de él y una bala lo alcanzó. Él estuvo casi doce horas tendido en el suelo de una zona del territorio Sauní As, hasta que lo encontraron otros comunitarios a eso de la 5:00 de la mañana del jueves 30 de enero.
Ese mismo jueves, en horas de la tarde fue trasladado a Managua para ser intervenido. Maynor estuvo un poco más de una semana en el Hospital Lenín Fonseca, donde no recibió la atención médica debida, considera su padre. Cuando le dieron de alta, los médicos no dijeron nada sobre su condición de salud, pese a que no podía mover la mitad del cuerpo, tampoco programaron citas para darle seguimiento a su caso, y mucho menos se interesaron en qué pasaría con ellos, tomando en consideración que venían de tan lejos y habían sido víctimas de un hecho de violencia.
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Fernández considera que en el hospital hubo discriminación por su origen, como indígena. Cuando le dijeron que podían salir del centro médico solo le dieron medicamentos para el dolor.
Él ha estado al cuido de su hijo en medio de una situación económica difícil, lejos de su tierra, en un lugar desconocido. Considera que las autoridades del gobierno territorial no lo han apoyado, lo han dejado solo, y eso no debería de ser así, ya que él es un exsíndico (autoridad comunal). Tomando en consideración la situación de salud de Maynor, su padre está buscando apoyo, alternativas para conocer qué más se puede hacer por su caso, y evaluar si por medio de terapia podría recuperarse.
Además de Maynor, el ataque dejó cuatro muertos, una comunidad entera desplazada y la zozobra que los hechos de violencia se repitan. Por su parte, la Policía Orteguista lo único que ha mencionado es que identificaron a Isabel Meneses Padilla, alias Chabelo, como el cabecilla de la supuesta banda delincuencial, a la que aducen los delitos de homicidio, lesiones e incendio.
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Pese a que la Policía estuvo en la zona, poco se conoce sobre el desarrollo de las investigaciones para encontrar a los responsables. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han demandado al régimen de Daniel Ortega que no deje este caso en la impunidad, y se investigue e imparta justicia.
Por su parte, los comunitarios que han hablado con LA PRENSA bajo anonimato por su propia seguridad, demandan al Estado que haya justicia y que busque una salida a través del proceso de saneamiento de sus tierras, para resolver la desprotección y violencia en la que han estado sumidos durante años los pueblos indígenas.
Uno de los líderes comunitarios afirmó que el contingente policial que se había quedado en Alal, para garantizar la seguridad de la población, se retiró del lugar, pese a que las amenazas por parte de los colonos o terceros persisten contra el pueblo mayangna.
La población que se había resguardado en otras zonas, como Musawas, volvieron a sus casas, pero la situación sigue siendo de mucho riesgo, explican los mayangnas.
