Roberto Andrés Courtney Cerda, de 55 años de edad, dirige uno de los organismos no gubernamentales de observación electoral más importantes en Nicaragua, pero no tiene oficina. “Esta es mi oficina”, dice, señalando su teléfono celular. Por eso nos recibe en una sala de un hotel capitalino.
Courtney, abogado de profesión, se ufana de que su organismo, Ética y Transparencia, no solo “está bien fogueado” en el tema electoral en Nicaragua, sino que “también está bien parado, con mucha experiencia”.
En esta entrevista, Courtney comparte su visión sobre la coyuntura actual en Nicaragua, especialmente de cómo Daniel Ortega está jugando para mantenerse en el poder y llegar a elecciones en noviembre de 2021, a pesar de que con la crisis de abril de 2018 se le exigió el adelanto de las mismas.
Apasionado sobre el tema, Courtney explica cómo debería de ser el proceso de las reformas electorales tan necesarias para que se pueda realizar una elección en Nicaragua.
¿Qué hace Ética y Transparencia ahorita?
Estamos muy metidos en la situación de Nicaragua, de buscar cómo llevar a buen puerto el tema de las reformas electorales y de la salida pacífica a la crisis del país.
¿El Partido Conservador le iba a pedir asesoría a Ética y Transparencia?
Sí. Supongo que debe de haber un lado halagador de que alguien te proponga eso pero nosotros, en términos generales, nos gusta más la idea de pensar, sobre todo en el terreno de la consulta en la Asamblea Nacional, de reformas electorales, tenemos una preferencia para mejor no ser asesor particular de nadie y ser facilitador de todos. No es un desprecio. Es que creemos que habría una mejor oportunidad de un resultado correcto en la Asamblea Nacional si en vez de articular en nombre de un partido, articulamos en nombre de todos.
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¿Qué estaba pasando antes del 18 de abril de 2018 y qué ha cambiado?
Para empezar, explotó de una forma muy fea la falta de democracia electoral en Nicaragua. Si hubieras tenido procesos electorales correctos, en vez de fraudulentos, el 18 de abril no hubiera existido jamás, porque, lo que vos querrás que considerás causal, porque los temas de seguridad social en vez de ser tratados por una Asamblea que pierde legitimidad por ser prisionera de un solo partido, lograda en elecciones fraudulentas, a la hora que ese tipo de órganos, cuestionado, emite leyes también cuestionadas, ya es mucho cuestionamiento para que la cosa camine adecuadamente.
¿Qué cambió con el 18 de abril?
Ha dejado en mucha evidencia de que el sistema electoral estaba caduco y que este país no puede tener un proceso electoral similar al del 2011 o al del 2016. Que la época en que los datos oficiales son falsos, el padrón sesgado, los partidos cerrados por el aparato electoral y por los otros órganos de gobierno, la eliminación de diputados, todo eso son excesos de fraude, que por alguna manera venían pasando y eso, si le sumamos por ejemplo el caso de Bolivia, queda claro que en Nicaragua pasaron cosas mil veces peores en material electoral que el uso indebido de un servidor, que es lo que descarriló la elección en Bolivia. El estándar de lo que constituye una elección aceptable ha subido, mientras el sistema electoral nicaragüense cada vez daba comportamientos más pobres y más viciados.
La OEA no ha actuado igual en Nicaragua que en Bolivia…
Muy cierto. Eso podría explicar un poco la reticencia del gobierno de volverla a incorporar. La OEA hacía unos informes muy similares a los de Ética y Transparencia durante las elecciones, en el sentido de que abordaban todas las faltas, los errores, los elementos fraudulentos, pero llegaba a la conclusión que de todos modos era legítimo el gobierno y que lo que había que hacer es sentarse con ese gobierno a componer los problemas, por eso es que hacían memorándum de entendimiento, de componer al suave, porque hay que componer mucho pero aceptando que de ese fraude salía un gobierno legítimo. El informe, alrededor de los problemas y de las debilidades, las irregularidades por los elementos fraudulentos era el mismo que el de Ética y Transparencia pero llegaba a una conclusión diferente, la conclusión de que el gobierno era legítimo de todos modos y que se iba a trabajar con ese gobierno para componer el sistema electoral. Ética y Transparencia, con esos mismos elementos, declaraba un fraude, una necesidad de volver a hacer esas elecciones y a tomar en serio en vez de tomar despacito el tema de las reformas electorales… Ortega identifica que esa OEA que pega semejante brinco por el uso indebido de un servidor probablemente ya no es la misma con la que firmó un memorándum de entendimiento a pesar de que los procesos habían sido tan fraudulentos como para hacer ver el caso de Bolivia como un juego de niños. Aquí en Nicaragua se eliminaba al principal partido de oposición, se eliminaban los diputados, no había publicación de resultados electorales, no se permitía la fiscalización, no se le entregaba copia del acta de escrutinio, tenía más votos que votantes, el partido de gobierno cedulaba donde le daba la gana, y sigamos sumando. Eso se dejó pasar y de pronto el gobierno ve que por algo mucho más chiquito hoy en día la OEA actúa con mayor firmeza y eso hace que identifique que no es la misma organización con la que firmó el acuerdo que todavía le quedan 20 días de vigencia.
¿Y si se cumplen esos 20 días sin que pase algo?
No es tanto que en esos 20 días tiene que haber un cambio en la ley electoral. En esos 20 días lo que debería de ocurrir es que el gobierno renueve el acuerdo con la OEA, le entre en serio al tema de las reformas electorales en el plazo conveniente, que es normalmente tener el proceso de reforma concluido, por lo menos un año entero antes del día de las elecciones. Preferiblemente antes pero definitivamente no más tarde. La mejor reforma electoral, hecha muy tarde, puede ser contraproducente. Si las elecciones son en noviembre de 2021, para noviembre de este año ya la reforma esté consumada.
¿Con la actual ley cuál es el problema? ¿Es la ley o es cuestión de actitud?
Hay dos vicios. El principal problema es el arbitraje. La ley no hace ni fácil ni difícil conformar un nuevo partido político. Es el Consejo Supremo Electoral, que dependiendo de quién aplica, o lo hace regaladito o lo hace imposible. Es el Consejo Supremo Electoral que dependiendo de las órdenes del partido que nombró a los diez magistrados de sus propias listas de candidatos y con los votos solamente de sus diputados en la Asamblea Nacional, es decir, es un aparato electoral puramente sandinista, sin que lo trate siquiera de esconder y que entonces, al haber sido nombrados por el partido sandinista, pues toma las solicitudes de personerías jurídicas según lo que el partido sandinista recomiende. El Consejo Supremo Electoral está lleno de operativos políticos de un solo partido y eso no es la manera de construir un arbitraje. Ese evento es indicativo de otro montón de problemas, es decir una buena parte del problema es ese, que los árbitros son infieles a lo que manda la ley, la interpretan a conveniencia de un partido político, se saltan las trancas cuando no hay manera de interpretarlas a favor de ese partido político y así sucesivamente. Para hacer una analogía deportiva, muchas veces la oposición en Nicaragua, cuando nota que el árbitro declara penal donde no hay, empieza a pensar que la clave es cambiar la regla del penal, pero en realidad la clave era componer el arbitraje.
“Después de dejarle pasar a Ortega el fraude con el compromiso de componer las cosas para la siguiente elección y que más bien las cosas se pusieran peor, la OEA entiende que ha llegado la hora de tratar de probar otra técnica, que es la hora de llamar las cosas por su nombre y a eso es a lo que le tiene miedo Ortega”. Roberto Courtney, experto en temas electorales.
¿Qué tan dispuesto ve a Ortega de cambiar a estas autoridades?
Eso es parte de lo que queremos ver en el proceso de discutir una reforma, porque sí hay algunas razones por las que uno puede imaginarse que al igual que en el 11 y en el 16, las últimas dos presidenciales, el gobierno intencionalmente mandaba un mensaje al electorado de que el proceso iba a ser fraudulento. Y eso tenía el efecto de promover abstencionismo, que le favorecía al gobierno, al mismo tiempo que complementaba ese mensaje con un montón de acciones que afectaban la competitividad de la oposición y que artificialmente levantaba ventajas para el partido de gobierno. Si esa estrategia se usaba en momentos menos acuciosos, menos relevantes como el 11 y el 16, ahora en el 2021 uno se imagina, naturalmente, que el partido de gobierno encontraría más necesario implementar la estrategia que le estaba dando resultado cuando tenía un poquito más de espacio. Sin embargo, hay factor nuevo, hay una correlación de fuerzas en las que un proceso de esa naturaleza que generaba por lo menos reconocimiento internacional y cierta dosis de legitimidad, un proceso igualito a ese hoy en día le haría al gobierno, en caso de triunfar en un proceso fraudulento como los anteriores, haría que el gobierno pasara a la extraña condición de que era más legítimo el día antes de las elecciones que el día después de las elecciones. En un proceso fraudulento así, eras más presidente el día antes de las elecciones que con ese bochorno y ahí tenés el ejemplo de Maduro, quien va a unas elecciones descalificadas de previo y no recalificadas por la calidad del proceso mismo y entonces pasa a ser un gobierno ilegítimo y la mitad del mundo, tres cuartas partes de su vecindario en Latinoamérica lo declara usurpador y busca una figura para nombrarle presidente, que en ese caso fue el presidente de la Asamblea, pero que en el caso de Ortega puede ser un gobierno en el exilio o cualquier cosa.
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¿Es difícil que haya adelanto de elecciones?
No. Lo que sí está claro es que solo habría adelanto si Ortega distingue que le conviene. Por ejemplo, si voltea a ver el dinero que tiene disponible y nota que en algún momento va a tener que haber despidos masivos y cosas por el estilo. La política básica te hace pensar que a la hora de la toma de esas decisiones económicas demasiado difíciles de vender a un electorado y que un electorado te lo cobraría, mejor das elecciones antes y que sea el nuevo gobierno el que tiene que hacer todas las decisiones difíciles. En ese contexto estamos claros que cualquier adelanto es solo si le conviene a Ortega. Si a mí me dijeras ¿qué creés que va a pasar? Yo te diría 99 por ciento las elecciones son en noviembre del 21, sobre todo si se llega a un acuerdo en materia electoral durante este año.
¿Cuáles son los cambios mínimos que deben de hacerse en el sistema electoral?
La Ley Electoral en este momento todavía tiene descalificados y en el limbo a todas las personas que no han votado en las últimas dos elecciones. Esas personas ahorita no son votantes automáticos, pasaron a una lista de padrón pasivo, que en teoría no tiene derecho al voto si no hace el trámite de rehabilitarse, que ni se sabe dónde se hace ni con quién. Todas las personas opositoras principalmente que se han abstenido, por la razón fraudulenta de las elecciones en los últimos años, hoy por hoy dejaron de ser un nicaragüenses que pueden votar, automáticamente. Eso hay que rehabilitar. Encima de eso, después de tantos años del gobierno manipular el padrón y la cedulación, es necesario auditar porque es probable, de hecho está confirmado, que hay muchos casos de doble voto y de doble registro, en el caso del partido de gobierno y su feligresía, y sin embargo hay mucha queja por el lado opositor de que no aparezco en el padrón, no me quieren dar mi cédula, jamás abrió el centro de cedulación. También tenés los elementos de transparencia. Publicar los resultados es lo normal, es lo que conviene, lo que se hace siempre, pero el Consejo Electoral recordemos que tuvo un trauma muy feo, suscitado precisamente por esta organización Ética y Transparencia en el año 2008. El trauma fue que cuando el Consejo no nos permitió acceder a las Juntas Receptoras de Votos para ser testigos en el 2008. Se descubrió, según los propios datos oficiales, que en muchas Juntas Receptoras de Votos, principalmente aquellas que eran bastiones opositores, ocurría un fenómeno, y es que había más votos que votantes. El padrón oficial del Consejo Electoral decía hay 150 votantes en esa junta y al día siguiente te decía el partido de gobierno ganó 400 a cero. Vos no podés ganar 400 a cero donde tenés 150 votantes y donde solo mandaste 150 boletas. No estamos hablando de una dificultad matemática, estamos hablando de una imposibilidad matemática, es decir, un fraude absoluto. ¿Qué actitud tomó el Consejo Electoral después de eso? Dejó de publicar los datos. Ya no te decía cuánto tiene cada padrón, no te decía qué resultado tuvo en cada junta receptora de votos. Te dificulta la fiscalización, te impide la entrega de actas contrastables y empieza a deteriorarse el proceso aún más. Es como que, para que no te hallen con las manos en la masa, le empezás a sacar los ojos a todo mundo. Imaginémonos por ejemplo la lotería. La lotería, en vez de hacer el sorteo a los ojos de todo mundo, con las bolitas dando vueltas y todo mundo pidiendo ser testigo de que el proceso es justo, tuviéramos un gordito que sale a los dos, tres días diciendo que el número ganador es el que él andaba en la bolsa. Más o menos a ese nivel se había degradado el sistema electoral. Entonces hay que fortalecer los mecanismos de transparencia y básicamente asumir las mejores prácticas. De hecho, la OEA, en ese sentido, está muy clara y en los episodios electorales anteriores su diagnóstico sobre los problemas era muy acertado, la terapia era la incorrecta. La terapia hubiera sido señalar los fraudes y que las cosas tuvieran las consecuencias que tenían que tener. La terapia que la OEA recomendaba es dejemos pasar eso y trabajemos para que la próxima sea mejor.
¿Lo ideal hubiera sido que las dos últimas presidenciales se volvieran a hacer?
Cosa que obviamente no se puede porque palo dado ni Dios lo quita, pero de hecho, la recomendación en ese momento hubiera sido volverlas a hacer. Ojo, no es que vas a quemar el país para que se vuelvan a hacer. Y en parte por eso es que simple y sencillamente el tiempo pasa y llegás a la siguiente elección. La OEA lo entiende, después de haberle dado oportunidad a Ortega, de dejarle pasar fraude con el compromiso de componer las cosas para la siguiente elección y que eso no ocurriera, y que más bien las cosas se pusieran peor, ha llegado la hora de tratar de probar otra técnica, que es la de llamar las cosas por su nombre y a eso es a lo que le tiene miedo Ortega. Es muy recomendable, que para que el proceso de reforma electoral llegue a buen puerto, que esté aquí la OEA, pero tengo mis dudas de si Ortega no tiene ahora una preocupación muy grande alrededor de que la OEA lo puede llevar a dar apertura electoral más de lo que él está dispuesto a llegar y tal vez más de lo que sería estrictamente necesario para que los diferentes actores decidieran participar.
¿Cómo mira a Rosario Murillo como candidata?
Los partidos tendrán su proceso para nombrar su candidatura. Nosotros siempre recomendamos procesos democráticos, abiertos, participativos, elecciones primarias, elementos mucho mejores que el dedazo. Pero más allá de eso reconocemos que la Ley Electoral de Nicaragua permite que los partidos sean una especie de asociaciones privadas que terminan teniendo dueño y que eso no debería de ser así, pero que legalmente están en su derecho de terminar con la foto en la boleta aquel que gana la primaria más limpia del mundo como aquel que su partido lo pone por dedazo.
¿Los reos políticos deben ser liberados antes de que haya elecciones?
Ahí hay dos líneas de pensamiento. Primero, todo mundo está a favor de que no existan reos políticos, sería lo fundamental. Con respecto a cómo sacarlos, y que dejen de ser parte de un juego chantajeoso, lo vuelvo a meter preso para que tengamos que volver a hablar de eso, en vez de hablar de otra cosa, la recomendación ahí es bien sencilla. Si resolvemos el problema político, el tema de los presos políticos se resuelve por añadidura. Si resolvemos solo el tema de los presos políticos, y no podemos resolver nada hasta que resolvamos ese tema, vamos a seguir teniendo las causales de presos políticos presentes. Probablemente, la manera definitiva de sacar a los presos políticos de ahorita, y a los que pudieran venir, es resolviendo el problema político. Supeditar que el problema político no se puede abordar hasta que no salgan los presos tiene ese pequeño gran defecto de lógica, y es que no podés avanzar en la solución real mientras no resolvás el tema de los partidos políticos y se te arma un círculo vicioso en el cual no podés abordar la esencia porque no podés abordar un previo, cuando abordando la esencia se resuelve el previo.
Plano personal
Roberto Courtney nació el 11 de septiembre de 1964, hijo del norteamericano Roberto Courtney y de la nicaragüense Rafaela Cerda.
Courtney dejó Nicaragua en 1983 con fines académicos. En Estados Unidos se licenció en Economía en Loyola University y estudió Derecho en Georgetown University.
Trabajó primero en el departamento legal del Hospital Psiquiátrico de Manhattan y más tarde en una oficina de abogados de Wall Street. Después abrió su propia oficina de leyes en Los Ángeles, en 1993, y cuando en 1996 retornó a Nicaragua tenía como meta en su vida escribir guiones de cine, de allí quizás le venga la inquietud de estar siempre cercano a los eventos de farándula del país o conciertos.
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De su familia habla poco, pero cuando se le consulta sobre sus intereses señala que tiene múltiples y que le gusta la ciencia, como su bisabuelo Miguel Ramírez Goyena, botánico de profesión, el director más joven de un colegio secundario en el país con 22 años y uno de los más grandes científicos en la historia de Nicaragua. Es hermano del exmagistrado Rafael Solís.
Le gusta una frase de una de sus abuelas: “La gracia es más bella que la belleza”.
Es casado. Le gusta el jazz y la música clásica. “El saxofón silba muy bonito en la música clásica, casi como la flauta, debo reconocer que toco con más entusiasmo que habilidad, pero me da satisfacción”, dice.
Lee de todo. Le apasiona la literatura latinoamericana y la poesía. Ve películas.