El Ministerio de Energías y Minas (MEM), así como la empresa o institución que este ministerio designe para operar y administrar los inventarios de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) quedarán expuestas a las sanciones de Estados Unidos, advirtieron ayer analistas.
“Mientras no se logre un acuerdo político, toda entidad vinculada o usada por ellos (el régimen Ortega Murillo), está expuesta a sanciones, porque la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) decide de manera unilateral y francamente arbitraria, sin consulta, sin presunción de inocencia, a quién sancionar (…) entonces ahorita que el MEM va administrar el inventario de DNP está expuesto”, dijo Agustín Jarquín, excontralor de la República de Nicaragua.
Y es que las entidades públicas no están inmune a las sanciones de Estados Unidos. En abril de este año, como parte de la presión que Estados Unidos ha emprendido en Nicaragua, Venezuela y Cuba, para forzar una transición a la democracia, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra al Banco Central de Venezuela.
“Estamos sancionando al Banco Central de Venezuela para evitar que sea usado como herramienta por el ilegítimo régimen de (Nicolás) Maduro, que sigue saqueando los activos de Venezuela y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a personas corruptas vinculadas a ellos”, dijo en su momento en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
En Venezuela también sancionaron a PDVSA, la estatal petrolera, desde donde se genera la riqueza que el chavismo, y ahora el madurismo, ha utilizado para crear una red de compra de lealtad política que han dado origen a una trama oscura de corrupción en países como Nicaragua y Cuba.
En Nicaragua hasta ahora Estados Unidos no ha sancionado a ninguna entidad pública, las mismas han sido personalizadas y a negocios privados del orteguismo, como son Bancorp y Albanisa.
El economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, Róger Arteaga dijo a otro medio que el MEM podría ser sancionado. “No es remoto de que si el que va a manejar ahora la importación de petróleo va ser el MEM, entonces habrán sanciones para el MEM; porque le están dando una facultad de disponer, asignar, delegar a quien le va a dar el suministro que ellos importen de petróleo, de nuevo sería estar buscando nuevos testaferros”.
Las gasolineras, terminales y otros activos
Jarquín también expuso que es el momento para se realice una auditoría a DNP, para que se determine cuál fue evolución de los activos propiedad de Petronic, que estaban bajo arriendo de privados ligados a la familia Ortega Murillo.
“Es importante una auditoría que determine cuál fue la evolución que han tenido esos activos y su régimen de administración; la auditoría te va decir además de eso, los flujos de recursos que manejaban, las utilidades que se han generado y es conveniente ahorita, porque es en este momento que se está terminado el contrato”, dijo Jarquín.
En cuánto a los activos de DNP, Jarquín señala que son propiedad del Estado, por eso con la reciente ley no hacen alusión, más que de los inventarios de combustible, que sí es propiedad de los que administraban las estaciones y centro de almacenaje, en este caso los allegados a la familia Ortega Murillo.
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“Hasta el día de hoy no se tiene evidencia de que hubo una enajenación, renta o traslado de esos activos, sigue siendo de Petronic, yo no conozco que haya habido una actividad, ni administrativa, ni jurídica, ni de la Asamblea transfiriendo esos activos, y hay que recordar que cuando terminó el contrato con Glencore, hay una documento donde detalla el finiquito de los emprendimientos que Glencore desarrolló, ahí decide el Estado de Nicaragua adquirirlo y pasárselo a la familia presidencial”, explicó Jarquín.
César Arévalo, especialista en mercados de hidrocarburos coincide con Jarquín y considera que no se podía nacionalizar los activos, porque estos ya le pertenecen al Estado.
¿Quién podrá ser la empresa o institución que administre los inventarios?
“El que hayan delegado al MEM como regulador de las transacciones, indica que la concesión va a terminar a nombre del gobierno, porque los activos han sido siempre de Petronic, Petronic no está sancionada, además si Puma no quiere vender, ni UNO, por el hecho de no querer arriesgarse a las sanciones, el único que puede hacerlo es Petronic y si no se quiere contaminar, va cambiar de razón social, pero es difícil saber qué están haciendo debajo de la mesa, pero el golpe fue definitivo”, dijo Arévalo.
Jarquín también considera que Puma Energy no tiene capacidad para asumir la responsabilidad de administrar los inventarios de combustibles, que le pertenecían a DNP, y que ahora posiblemente pasen a ser administrados por Petronic, que quedaría expuesta a sanciones.
“Petronic administra el depósito de Piedras Blancas, que está en Ciudad Sandino, pero además tiene el músculo financiero para hacer las gestiones de importación y la tramitología”, añadió.
El objetivo es recuperar el dinero
¿Por qué se nacionalizó con urgencia el inventario de combustibles de DNP? Arévalo al respecto explica que el inventario que tenía esta empresa, manejada por allegados a la familia Ortega Murillo, en promedio significaba 52 millones de dólares, tomando en cuenta que esta también abastecía a UNO.
“Mi lógica me dice que ellos estaban apurados para sacar el producto, por la sencilla razón, que ellos habrían tenido un inventario de 52 millones de dólares, es bastante plata que ellos tenían invertida y que quería recuperar”, manifestó.
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Aunque en la ley nunca se mencionó que DNP recibiría de vuelta el dinero de sus inventarios, los analistas consideran que ese dinero sin duda volverá a la familia presidencial, pero de forma discrecional.
Algunos analistas políticos han asegurado que el monto a pagar por esos inventarios nacionalizados posiblemente aparezca en el reglamento de la ley que los nacionalizó, sin embargo, no todas las leyes se reglamentan por lo que no es seguro que esto ocurra.
Otro elemento es que DNP Petronic fue protegida con la Ley 919, Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua, “para asegurar el manejo secreto de la información”, señala un economista que prefiere no ser citado.
¿Qué va pasar con la subsidiaria Inversiones Zanzíbar?
Jarquín agregó que las estaciones que antes estaban en arriendo a DNP, seguirán siendo abastecidas por la empresa que delegue el MEM, pero que en todo caso se debe aclarar si las estaciones concedidas a Zanzíbar también son parte de los activos de Petronic.
Según la emisión de licencias minoristas emitidas por el Ministerio de Minas y Energía (Mem), Inversiones Zanzíbar administraba 23 estaciones de servicio, tres de ellas en la Costa Caribe, pero la mayoría era en Managua, donde dirigían nueve estaciones.
El grupo Zanzíbar era dirigido por cuatro personas Sergio Solaris, que era el gerente financiero, según un perfil en LinkedIn; Christhian Jarquín Mora, Jorge Isaac Casas y Mayling Alegría Doña, quien administraba 11 estaciones. Alegría junto a Yadira Leets Marín, exesposa de Rafael Ortega, son miembros de la junta directiva de la Fundación Somos TN8, según La Gaceta del 15 de mayo de 2012.