La sanción impuesta por Estados Unidos a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos SA (DNP) y su subsidiaria Inversiones Zanzíbar, ha sido un duro golpe para la familia Ortega-Murillo, ya que en los últimos diez años la petrolera obtuvo del negocio de los combustibles una ganancia aproximada de 426 millones de dólares, es decir un promedio de 42.6 millones de dólares al año, según cálculos hechos por César Arévalo, especialista en mercados de hidrocarburos.
DNP es un negocio que había sido manejado por Yadira Leets Marín, exesposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hasta septiembre del año pasado, Leets aparecía en las licencias otorgadas a mayoristas, según revela un documento del Ministerio de Energías y Minas (MEM), en poder de LA PRENSA.
¿Cómo inició en el negocio la familia dictatorial?
Para entender cómo la familia presidencial se metió al negocio de los combustibles es preciso saber qué pasó con Glencore, el consorcio suizo-británico a quien abruptamente le quitaron la concesión en el 2009.
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Cuando Agustín Jarquín Anaya era contralor general de la República de Nicaragua, en más de una ocasión señaló que el contrato de concesión para la distribución de combustible que le había dado la estatal Petronic al consorcio suizo-británico Glencore era ilegal porque no contaba con la aprobación de la Asamblea Nacional y en cualquier momento podía terminar, situación que se cumplió en el 2009, dos años después que el dictador Daniel Ortega regresó al poder.
El contrato de Glencore
El contrato de Glencore fue declarado nulo por la Contraloría en julio de 1999, pero las autoridades del gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) rechazaron la resolución del entonces contralor Jarquín Anaya (1995-2000).
Glencore obtuvo la concesión para la distribución de combustible en 1999, una concesión que hasta hoy se desconoce en qué términos exactos se dio y cómo finalizó en el 2009.
Las ganancias que dejaba el arriendo de Petronic
El registro histórico de LA PRENSA, del 27 de junio del 2003, en la nota “Rentaron Petronic a empresa fantasma”, relata que Nevardo Argüello, el entonces gerente de Petronic, dijo que el Estado de Nicaragua ganaba cada año dos millones de dólares por el arriendo de la estatal Petronic, es decir que en esos diez años ganó veinte millones de dólares.
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De esos dos millones de dólares, 700 mil dólares correspondían al pago de arriendo a Petronic y el resto era la ganancia de un centavo de dólar por la venta de cada galón de combustible.
Pero el negocio llegó a su fin y el 23 de septiembre de 2009 el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, informó a los medios que las operaciones de la petrolera Glencore en Nicaragua habían sido adquiridas por la estatal empresa Petronic, con financiamiento de la Caja Nacional Rural (Caruna) y el grupo Alba de Nicaragua (Albanisa). La compra de los activos de Glencore costó 50 millones de dólares.
Jarquín Anaya señala que la marca DNP la creó Glencore y que cuando fue adquirida con fondo de Caruna se compraron los derechos de esa marca.
Investigaciones de LA PRENSA del 2009 revelaron que la mesa directiva de la DNP, en ese entonces —según la información proveniente del Registro Mercantil de Granada— fue conformada por el abogado José María Enríquez, el ingeniero José Mojica, Aura Cecilia Toruño y como gerente de la empresa se delegó a Yadira Leets Marín. Todos de confianza de la dictadura.
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Desde entonces DNP comenzó a controlar el mercado de los hidrocarburos, tanto en las importaciones como en las ventas directas (ventas de combustibles a instituciones del Estado y empresa privadas ligadas al régimen).
“En diez años el mercado de los combustibles terminados en Nicaragua ha sido objeto de la fijación de precios de manera arbitraria por empresas ligadas a la familia presidencial, lo que ha afectado el bolsillo de los nicaragüenses”, revela Arévalo.
La nueva ley
Para el excontralor Jarquín, con esta nueva ley que se creó se está permitiendo transformar los combustibles en líquidos, “en dinero, de más fácil disposición y administración; también permitirá tomar control y disponer de las transacciones de importación y venta que estaban ya en curso y que no se habían concretado”.
Pero además se estaría asumiendo “el riesgo, de que como el trasfondo de esta decisión de Estados Unidos es política e unilateral, y por lo tanto subjetiva, si la administración decide que los activos combustibles de DNP son parte de la sanción, cualquier entidad que disponga de ellos, aunque sean las entidades del Estado de Nicaragua (Ministerio de Energía), como lo dispone la Ley, estarían sujetas a las sanciones que ellos establecen, sin ajustarse al principio del debido proceso”.
Nacionalizan inventario
Para rescatar a DNP la Asamblea Nacional aprobó este sábado la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustibles y Productos Derivados del Petróleo a la Población Nicaragüense, la cual nacionalizó los inventarios de la empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el pasado jueves.
¿Qué significa que haya nacionalizado el inventario de DNP? La nueva ley dice que los inventarios (lo que tenían de combustible, ya sea gasolinas regular, súper o diesel de reserva) pasan a ser propiedad total de la República de Nicaragua.
La nueva ley en ninguna parte habla de los activos y pasivos, es decir, de las instalaciones y obligaciones que tiene la DNP. Esta empresa tenía una red de 69 gasolineras o estaciones de distribución, los analistas creen que una parte de esta red quedaría en manos de testaferros de los Ortega-Murillo y la otra son bienes que le pertenece a Petronic, o sea al Estado.