Miembro de la opositora Alianza Cívica, exdiplomáticos y expresidentes consideraron que la claridad de los abusos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población expuestos en el informe de la Comisión de Alto nivel diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), dan armas jurídicas a la comunidad internacional para reaccionar en correspondencia a la gravedad de la “ruptura del orden constitucional en Nicaragua”, como se sostiene en el reporte.
Las Conclusiones del informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua de la @OEA_oficial son contundentes e irrefutables. Espero que las decisiones que se adopten de parte de la Organización también lo sean ¡La dictadura Ortega-Murillo es una vergüenza hemisférica! https://t.co/w7SrGpzNqE
— Luis Guillermo Solís (@luisguillermosr) 19 de noviembre de 2019
El miembro de la Alianza Cívica, Mario Arana y el exembajador de Nicaragua en la OEA, Edgard Parrales, coincidieron en que las evidencias de la represión de Ortega y Murillo contra la población lo exponen como un régimen sin legimitidad, lo cual acerca la posibilidad de que se suspenda al país como miembro de ese foro, basándose en que la ruptura del orden democrático contraviene la Carta Democrática Interamericana.
“Es un informe claro y contundente en el sentido que evidencia el resquebrajamiento del estado de derecho y plantea un problema de legitimidad del ejercicio democrático en Nicaragua, porque está demostrado que no hay un balance de poder, que no hay libertades ciudadanas y que las (próximas) elecciones no se considerarían limpias”, afirmó Arana.
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Parrales y Arana resaltaron el peso del informe por cuanto al ser elaborado directamente por un equipo especial nombrado por el Consejo Permanente de la OEA, las evidencias no pueden ser objetadas por los gobiernos, y más bien la expectativa es que aquellos países que hasta ahora se han abstenido en apoyar las resoluciones condenatorias contra los abusos del régimen Ortega y Murillo, cambien de posición y respalden las futuras decisiones para presionar a la dictadura a cesar la represión y optar por la salida dialogada y pacífica a la crisis.
La Comisión especial fue clara en que en Nicaragua están “ausentes” el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como la separación e independencia de los poderes que son los elementos esenciales de una democracia representativa.
El informe de la Comisión de Alto nivel recoge testimonios de las víctimas de la represión, permitiendo concluir que el régimen ha impuesto un patrón para coartar los derechos de los nicaragüenses a través del “hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano”.
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Los testimonios la obtuvieron los representes de Paraguay, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Jamaica-integrantes de la Comisión- conversando con parte de los familiares de las víctimas de la represión, excarcelados políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y organismos defensores de derechos humanos nicaragüenses en El Salvador y Washington, DC, Estados Unidos, debido a que el régimen les prohibió entrar a Nicaragua.
Alegando “injerencismo” en los asuntos internos del país, los funcionarios orteguistas se negaron a conversar con la Comisión de la OEA en una claro enfrentamiento con el organismo, cuya Asamblea General dio el mandato de buscar una salida negociada pacífica y negociada a la crisis sociopolítica en la que está sumergido el país desde abril del 2018.
“Definitivamente pone contra las cuerdas a Ortega. Lo importante es que ahora es el Consejo Permanente, a través de un órgano interno, que rinde el informe a los gobiernos y pienso que al ser de esta manera, puede tener el efecto positivo en aquellos países que estaban dudosos y en abstención. Al ser un reporte del Consejo, es posible que se decidan votar a favor de acciones de presión, que puede ser la suspensión de Nicaragua de la OEA”, dijo el exembajador Parrales.
Para que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Nicaragua de la OEA, se necesitan 24 votos de los 34 Estados miembros. Lo máximo que se han logrado para apoyar las resoluciones de condena a la represión orteguista en la OEA han sido 20 votos.
El exembajador Parrales es optimista en que el documento de la Comisión especial cambie ese escenario, pues identifica a favor los cambios de gobiernos que se han dado en varios países, que anteriormente han apoyado al régimen.
“En la forma expresa (el informe) no dice que se debe suspender a Nicaragua por la ruptura del orden constitucional, sino que le deja en manos de la Asamblea General que tome la decisión conveniente. Yo esperaría que en la Asamblea, viendo la contundencia del informe, decida que han agotado el último esfuerzo para ayudar a encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua y ante la negativa del gobierno de cesar las violaciones a los derechos humanos, no queda otro camino que aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática”, expresó Parrales.
Argentina ha sido uno de los gobiernos que han liderado las acciones en la OEA para denunciar la represión de Ortega y Murillo contra los nicaragüenses, pero ese apoyo se perdería con el triunfo de Alberto Fernández, (de tendencia izquierda) quien asume la Presidencia en Argentina el próximo 10 de diciembre.
Sin embargo el exembajador Parrales dice que la pérdida de Argentina en el apoyo en la OEA a la demanda de los nicaragüenses se compensa al sumarse Bolivia, debido a la renuncia de Evo Morales como presidente y que ahora el gobierno de transición no es aliado de Ortega.
Además, se sumaría Guatemala donde el conservador Alejandro Giammattei asumirá como presidente el próximo 14 de enero del 2020. Parrales espera que varios estados de las islas caribeñas que hasta ahora se han abstenido cambien su posición a favor de lo que plantea el informe sobre la grave crisis de derechos humanos y ruptura del orden constitucional en Nicaragua.
Riesgo es una confrontación mayor
En sus recomendaciones la Comisión especial pide al Consejo Permanente convocar de forma inmediata a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de los cancilleres del hemisferio para que examinen el informe sobre la grave situación en Nicaragua y tomen decisiones.
Otros de los planteamientos es la exigencia de que se permita el retorno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH y del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ambos expulsados por la dictadura en diciembre pasado por sus demoledores reportes que documentan los crímenes considerados de delitos de lesa humanidad.
Así mismo se plantea la importancia de que debe priorizarse la aplicación del acuerdo firmado por el régimen de Ortega con la OEA en 2017 para realizar cambios en el sistema político y electoral que devuelvan la independencia a al poder electoral, se garanticen elecciones transparentes y que puedan cuenten con la observación internacional y nacional de credibilidad.