El dictador Daniel Ortega extendió por cinco años más como jefe del Ejército de Nicaragua al general Julio César Avilés, de acuerdo a la publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Al finalizar este nuevo periodo Avilés habrá estado 15 años de forma consecutiva al mando de las fuerzas militares.
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Ortega mandó a publicar el Acuerdo Presidencial 182-2019 en La Gaceta, este 19 de noviembre de 2019, en el que se indica que el nuevo período como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua del general Avilés empieza a partir del 21 de febrero del 2020 hasta el 21 de febrero del 2025.
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Avilés asumió la jefatura militar el 21 de febrero de 2010 y debió entregar el mando el 21 de febrero de 2015, pero en 2014 el dictador Ortega lo reeligió para un segundo período de cinco años. El general Avilés cumplirá cumplirá diez años manteniéndose en el cargo de forma consecutiva, siendo uno de los que más tiempo ha estado al mando del Ejército desde 1994.
Fue con Avilés con quien se rompió el cambio periódico de la comandancia cada cinco años y se instauró la reelección, una práctica que el dictador Ortega ha propiciado desde el Ejecutivo y demás poderes del Estado, el Ejército y la Policía como una forma de sometimiento a los intereses del régimen, lo cual le ha permitido a Ortega atornillarse en el poder a punta de fraudes electorales desde que retornó al poder en 2007.
Ortega reeligió al general Avilés por primera vez como jefe del Ejército en febrero del 2014 por cinco años más por lo que su período de vence en febrero del 2020. Ahora se le reelige otros cinco años por lo que Avilés debería dejar la comandancia militar en febrero del 2025.
Según el Acuerdo Presidencial la permanencia de Avilés al mando del Ejército fue propuesta “unánime” del Consejo Militar.
Con las reformas al Código Militar en enero del 2014 se estableció que la permanencia del jefe del Ejército en su cargo dependerá del presidente de la República, ya que este tiene la atribución de nombrarlo. Esta reforma hace que el alto mando militar deba obediencia y lealtad a Ortega y no a las leyes.
La línea que prohibía la reelección del jefe del Ejército de Nicaragua en el artículo 8 del Código Militar desapareció con la reforma a esta Ley.
Sometimiento al discurso del “golpe de Estado”
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018, el actuar del Ejército ha sido criticado por diversos sectores sociales, empresariales y políticos quienes le han demandando responder a la Constitución y las leyes para desarmar a los grupos de parapolicias y turbas del régimen orteguista que han impuesto el terror a punta de sangre y fuego contra las machas y el levantamiento de la población exigiendo la renuncia de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, así como el adelanto de las elecciones, antes del 2021.
Durante meses el general Julio César Avilés evitó responder directamente a las críticas, pero en julio pasado rompió su silencio para desconocer la existencia de grupos de civiles armados, que han operado de forma conjunta con la Policía, al margen de la ley, para reprimir de forma violenta la protesta cívica.
“Bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares”, dijo Avilés en una conferencia de prensa el pasado 25 de julio del 2019.
El sometimiento del Ejército a los intereses del dictador Ortega lo hizo el general Avilés el pasado 2 de septiembre del 2019, durante el discurso por el cuarenta aniversario de la fundación del Ejército se plegó a la versión del régimen de que las protestas ciudadanas eran un intento de golpe de Estado contra Ortega y Murillo.
“Tenemos un Ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos. Jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales que hacían llamados a leales compañeros, para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos”, dijo entonces Avilés.
Las protestas comenzaron el 18 de abril de 2018, por una fallida reforma a la seguridad social, pero luego escalaron a una demanda de justicia por las muertes que provocó la represión policial y parapolicial contra los manifestantes. Al menos 328 personas murieron por la represión a partir del 19 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el régimen de Ortega solo reconoce doscientos muertos, de los cuales identifica a 22 policías y simpatizantes de su gobierno. Además, el orteguismo atribuye la crisis a un “fallido golpe de Estado”.