Los ciudadanos autoconvocados Bernardo Ramón Galo y Denis García Jirón cumplen hoy siete días de detención ilegal y la Policía Orteguista (PO) de la Dirección Nacional de Auxilio Judicial en Managua no permitió que la juez ejecutora María Loásiga Obando los viera ni le informaron por qué los tienen detenido.
La juez Loásiga se presentó ante esas oficinas este 18 de octubre pero no la recibieron, le dijeron que el jefe no estaba y que nadie más la podía atender porque la asesora legal tampoco estaba disponible, denunció la abogada Nohemí Guerrero, quien representa a los detenidos.
La juez ejecutor llegó por mandato de los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones para intimar a las autoridades y saber de la situación legal y de salud de los detenidos, detalló Guerrero.
“La Dirección de Auxilio Judicial sigue violando la ley de Justicia Constitucional que manda a que el juez ejecutor debe ser atendido por estas autoridades y nunca acatan la orden de los magistrados, que según la Constitución las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento. Te hacen esperar por horas, luego te dicen que están en reunión, después que están fuera y nunca exhiben a la persona detenida para constatar su estado físico y de salud”, dijo la abogada.
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Desapariciones forzadas por Policía Orteguista
Ambos ciudadanos fueron detenidos el 12 de octubre en el kilómetro 3 y medio de la carretera a Masaya y desde entonces sus familiares no los han visto.
Denis García Jirón es veterinario y participó en marchas y apoyó a los atrincherados en las universidades. Se exilió por asedio, pero regresó a trabajar y lo siguieron asediando hasta capturarlo y hacerlo víctima de desaparición forzada.
“Es más de lo mismo, están queriendo crearle un caso por delitos común, aunque no hayan cometido nada”, agregó guerrero.
Juicios arbitrarios contra presos políticos
Mientras en Managua se desarrolla el juicio contra Carlos Sebastián Cortés de Carazo por fabricación de armas y droga en el Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua y el próximo 22 de octubre continúa el juicio contra el autoconvocado Roberto García, quien después de denunciar un secuestro exprés por policías el 30 de mayo de 2019, tras participar en un plantón realizado en la Catedral de Managua a un año de la masacre del Día de las Madres, fue detenido.
El secuestro policial se dio el 24 de julio de este año, en la colonia 14 de Septiembre, costado sur de Fenicotaxi después de participar en un piquete en la catedral de Managua, ahora forma parte de los 140 reos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Abogados siguen denunciando ilegalidades en los juicios, porque no hay pruebas, los testigos son contradictorios y aún los jueces continúan los casos.
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En Juigalpa postergan juicio a exiliado
secuestrado por Policía Orteguista
Por ejemplo, la audiencia de juicio oral y público en contra del preso político Ulises Josué Rivas Pérez, prevista para ayer jueves 17 de octubre en el Complejo Judicial de Juigalpa, Chontales, fue cancelada sin recibir alguna notificación, denunció Julio Montenegro, abogado defensor de la víctima.
“Las acciones anómalas del poder judicial siguen en la misma rutina… al momento de llegar (al complejo) tuvimos conocimiento que el día 14 (de octubre), es decir tres días antes de la audiencia juicio, el Ministerio Público solicitó reprogramación por estar de aniversario la institución”, declaró Montenegro.
El abogado defensor aseveró que Rivas Pérez ni siquiera fue trasladado al Complejo Judicial y ni la juez se presentó a la sala de juicio.
Ante esa situación el abogado introdujo un escrito de audiencia preparatoria, con el fin de “cuestionar” y solicitar a la autoridad judicial que elimine elementos de pruebas que “no son pertinente o repetitivos”.
El joven autoconvocado, originario de Santo Domingo, municipio de Chontales, se exilió en Costa Rica ante las amenazas de detención que había en su contra. Sin embargo, aproximadamente hace cuatro meses regresó al país. El 1 de septiembre fue detenido y es acusado de supuesto robo agravado y lesiones graves en perjuicio de tres personas.