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LAPRENSA/M. Vásquez

Jueces y magistrados orteguistas avalaron ilegalidades contra presos políticos, revela estudio de abogados independientes

El estudio confirma además que el régimen de Ortega utilizó el sistema de justicia penal para reprimir y criminalizar las protestas sociales en Nicaragua

Tanto jueces y magistrados del Poder Judicial incumplieron su función de garantizar los derechos constitucionales y procesales de las personas secuestradas y procesadas por participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018, contrario a esto, avalaron las ilegalidades realizadas por la Policía Orteguista y la Fiscalía, reveló el análisis jurídico realizado por abogados penalistas y defensores de presos políticos agrupados en Acción Penal.

El estudio confirma además que el régimen de Ortega utilizó el sistema de justicia penal para reprimir y criminalizar las protestas sociales en Nicaragua. Acción Penal basó su análisis jurídico en los casos de 15 presos políticos, de estos cuatro fueron secuestrados y 11 casos judicializados por diferentes delitos.


Los siete jueces que el orteguismo usa para reprimir a los manifestantes en Nicaragua


Entre los secuestrados están el caso del maratonista Alex Vanega, secuestrado más de cuatro veces y encerrado en el Sistema Penitenciario La Modelo sin ninguna causa penal. También está el caso de Carlos Valle, José Alejandro Carballo, de Masaya y Wílmer, de Jinotega.

“Jueces inquisidores”

“Los jueces se convirtieron en jueces inquisidores. A la justicia le quitaron las vendas y le dieron un hacha para matar legalmente a los manifestantes”, dijo el abogado José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

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Entre los principios violados a los presos políticos están los de legalidad, derecho a la defensa, proporcionalidad, celeridad procesal, acusatorio, sustracción de juez natural y principio de publicidad, puesto que las audiencias contra los reos eran privadas, a escondidas de sus familiares, abogados y medios de comunicación independiente.

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Los jueces impusieron prisión preventiva como regla en todos los casos y dieron tramitación compleja a los juicios sin ser argumentado, entre otros abusos.

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