La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se mostraron preocupadas por la reciente aprobación la Ley de Atención Integral a las Víctimas en Nicaragua, o “Ley del perdón”, que garantiza impunidad a las personas afines al régimen de Daniel Ortega que asesinaron a manifestantes en el contexto las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones consideraron que dicha ley no cumple “con las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” porque afirman que el texto, aprobado con trámite de urgencia el pasado 29 de mayo por la Asamblea Nacional orteguista, “se limita a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación”.
Según el último informe de la CIDH, desde abril de 2018 han sido asesinados 325 nicaragüenses en el contexto de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
“El reconocimiento de los hechos y la aceptación de la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas es también esencial para rescatar la memoria de las víctimas, así como para alcanzar una solución pronta y legítima a la grave crisis que vive el país”, aseguró Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua de la CIDH.
Para ambos organismos, una adecuada reparación para las víctimas de la masacre y sus familiares pasa por “indemnizar y rehabilitar a las víctimas y sus familiares, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición”, mismas que deben ser proporcionalmente igual a la gravedad al daño sufrido.
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“En este sentido, la CIDH y la OACNUDH observan que la norma aprobada no garantiza el derecho a una reparación integral conforme al derecho internacional de los derechos humanos”, agregaron.
Lamentan ausencia de un proceso abierto, transparente y de consulta
La “Ley del perdón” o amnistía, fue aprobada con trámite de urgencia y sin tomar en cuenta a las propias víctimas de la represión orteguista, a sus familiares y organismos de la sociedad civil, lo que hace que el proceso pierda legitimidad, según la CIDH y la Oacnudh.
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“Cualquier iniciativa para la reparación integral debe partir por la inclusión de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos conforme a los estándares internaciones”, indicó Urrejola.
Por otra parte, tanto la CIDH como la Oacnudh consideraron que la narrativa de Ortega en su ley de amnistía, donde habla de un “intento fallido de golpe de estado”, estigmatiza, revictimiza y descalifica a las víctimas de la represión estatal.