La confiscación o apropiación indebida de la propiedad ajena, por parte del Estado, es una vieja maña política sandinista. Fue perpetrada ampliamente durante la revolución de los años ochenta, y ha sido revivida, aunque con menos intensidad hasta ahora, por la dictadura de Daniel Ortega.
La semana pasada, el empresario Jorge Samper, propietario de dos gasolineras y una empresa de transporte de combustibles, denunció la confiscación de hecho de sus negocios mediante argucias legales y arbitrariedades administrativas. Los detalles fueron explicados por la víctima en conferencia de prensa y publicados por este Diario el viernes 26 de abril.
Otros empresarios privados han sufrido la misma clase de agresión del régimen orteguista, que durante la terrible represión para aplastar la rebelión cívica se apoderó de numerosas propiedades ajenas, algunas de ellas muy valiosas y altamente productivas.
En junio del año pasado, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) reportó y denunció que casi 10 mil manzanas de tierras de propiedad privada habían sido invadidas por grupos de individuos armados afectos a la dictadura. Cinco meses después, 5,480 manzanas seguían en poder de los usurpadores orteguistas. Hasta entonces las confiscaciones de hecho de las propiedades privadas habían causado pérdidas por más de 17 millones de dólares y de más de 9 mil empleos.
La dictadura ha confiscado también propiedades de organizaciones de la sociedad civil, igual que medios de comunicación como la estación de televisión informativa 100% Noticias, y las instalaciones y equipos de la revista Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana.
La confiscación es definida comúnmente como un castigo de gobernantes autoritarios a sus enemigos reales o supuestos, privándolos de sus bienes que pasan a poder del Estado o de personas allegadas al poder político establecido.
En Nicaragua, tras el triunfo de la revolución armada sandinista hubo una orgía de confiscaciones, no solo de las propiedades de la familia Somoza y personas cercanas, sino también de muchos a quienes se les acusó falsamente de somocistas para robarles sus bienes. Aquel vendaval de confiscaciones fue una de las causas principales del desastre económico, social y moral causado por la dictadura sandinista.
Por aquella experiencia nefasta, en el período de los gobiernos democráticos de 1990 a 2006 la confiscación fue expresamente prohibida. Gracias a la reforma constitucional democrática de 1995, el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua establece que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Esta disposición de la Carta Magna sigue vigente a pesar de la devastación institucional y constitucional perpetrada por el dictador Daniel Ortega. Pero no se respeta. En su momento los confiscadores tendrán que rendir cuenta de este grave delito, cuando se restablezca la democracia y Nicaragua vuelva a ser República.