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Rosario Murillo, Daniel Ortega, los dictadores de Nicaragua que se aferran al poder. LA PRENSA/ Tomada de El 19

La pareja dictatorial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. LA PRENSA/Tomada de El 19

Régimen orteguista propone que masacre sea investigada por la Policía, instituciones y la Comisión Porras

Francis Valdivia, presidenta de la Asociación de Madres de Abril (AMA), conformada por los familiares de los asesinados durante la jornadas de protestas contra el régimen, afirmó a LA PRENSA, que esa propuesta "deja en impunidad todos los delitos del gobierno".

La propuesta del régimen de Daniel Ortega sobre el tema de la justicia a las víctimas de la represión es dejar que la oficialista Comisión de la Verdad, conocida como comisión Porras, junto otras seis instituciones, entre ellas la Policía Orteguista (PO) que es señalada de cometer la represión, haga las investigaciones de los crímenes para su esclarecimiento. No reconoce la responsabilidad del Estado en el ataque a la población y tampoco se ofrece una compensación a los familiares de los muertos.

El documento de cuatro páginas, que se conoció este miércoles y ha sido confirmado por fuentes de la oposición y de la Asociación Madres de Abril, dice que con “el objetivo de buscar la paz y reconciliación”, se conformará un Sistema Integral para el abordaje del tema de la verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Ese sistema estaría integrado por la Comisión Porras, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la PO, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Gobernación, la Defensoría Pública, los Tribunales, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

La idea hace eco a la política diseñada por la dictadora, Rosario Murillo, en la que el Estado asegura que contribuirá a la cultura de paz y que posteriormente se concretó en la “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”.

Sin embargo, el régimen vende la idea de que las protestas ciudadanas fueron un intento de golpe de Estado y pretende que se olvide la masacre perpetrada por la PO y los paramilitares que dejaron entre 325 y 535 muertos, miles de heridos, unos 814 presos políticos y miles de exiliados.

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En el punto A de la propuesta estatal, referente a las acciones del Sistema Integral, se plantea que a la Asamblea Nacional amplíe el plazo de vigencia de la Comisión Porras ” con la incorporación de dos nuevos integrantes”, que no detalla a qué sectores representarían.

Francis Valdivia, presidenta de la Asociación de Madres de Abril (AMA), conformada por los familiares de los asesinados durante la jornadas de protestas contra el régimen, afirmó a LA PRENSA que esa propuesta “deja en impunidad todos los delitos del gobierno”.

“Ortega con esto se está burlando de nuestro dolor, es una burla total. Aumenta el dolor de quienes perdimos a nuestros hermanos, hijos, padres… Nosotras no aceptaremos ningún acuerdo sobre justicia de nuestros familiares sino es con la participación de nosotras y la propuesta del Gobierno es una burla ya que el gobierno se encuentra incapacitado para administras o garantizar justicia. La Comisión de la Verdad que exijimos es una Comisión con notables especialistas imparciales, donde esté la CIDH, porque la Comisión que existe es progobierno que ni si quiera reconoce el asesinato de nuestros familiares”, expresó Valdivia.

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El canciller Denis Moncada sigue prometiendo cumplir

El canciller  de Daniel Ortega, Denis Moncada, afirmó este miércoles que el régimen cumplirá con los acuerdos firmados el pasado viernes con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de negociaciones.

 

Los compromisos los cumplimos, lo firmado lo cumplimos”, dijo Moncada, pese a que el sábado pasado, un día después de firmar los acuerdos que restablecían los derechos ciudadanos, la Policía Orteguista reprimió las protestas realizadas en el centro comercial Metrocentro.

 

Hasta hoy la dictadura mantiene su rechazo a que regresen al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU para que sean estos organismos quienes garanticen los acuerdos en las negociaciones, y ahora prefiere que sea garante su propio gobierno a través de todas las instituciones públicas mencionadas.

El gobierno de Ortega también se ha negado a la propuesta del adelanto de elecciones como lo propone también la Alianza Cívica.

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“Queremos expresarle a nuestro pueblo y a la comunidad internacional tengan claridad de la responsabilidad permanente de nuestro gobierno de su decisión de continuar en la ruta del dialogo y la conversación que es la vía para encontrarle solución a los problemas de Nicaragua”, expresó Moncada a la entrada del Incae, sede de las conversaciones entre la oposición y el ejecutivo.

Sin embargo, Moncada no quiso responderle a LA PRENSA sobre si el gobierno considerara los temas de justicia y democracia. El opositor José Pallais dijo esta mañana que el gobierno tiene hoy una oportunidad para cumplirle al pueblo de Nicaragua sus demandas en materia de libertad, justicia y democracia.

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