El diálogo entre la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen de Daniel Ortega agoniza debido a la negativa del dictador de aceptar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas como garantes internacionales de los acuerdos de las negociaciones.
Hoy 3 de abril se vence el plazo ampliado por las partes para finalizar el acuerdo marco.
Las negociaciones para encontrar soluciones a la crisis sociopolítica en la que Nicaragua está sumida desde hace casi un año, debido a la represión del régimen contra los ciudadanos, continúan estancadas porque el gobierno solo quiere a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como garante del cumplimiento de los acuerdos sobre los temas de las libertades, la justicia a las víctimas de la represión y del proceso de la liberación de los presos políticos.
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Los delegados de la dictadura tampoco aceptan discutir el adelanto de las elecciones, antes del 2021, como parte de las reformas electorales incluidas en la agenda del diálogo.
“No hemos podido lograr ningún acuerdo en esos temas. Mañana (hoy) 3 de abril haremos los últimos esfuerzos para que el gobierno reconsidere y tome una posición sobre las propuestas que se le han hecho, que van en la línea de darle credibilidad al diálogo y que (los acuerdos) puedan dar efectos positivos al país. No queda más que seguir intentando”, dijo anoche José Pallais, delegado propietario de la Alianza Cívica en las negociaciones.
Mario Arana, otro de los delegados propietario de la Alianza en las conversaciones, dijo que “no vamos a aceptar a la Procuraduría por su vinculación con el gobierno”. Tampoco cederán en que la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sean los garantes internacionales, por cuanto son los que darían credibilidad a que se cumplan los acuerdos sobre el tema de la justicia. Serán los que garanticen a la víctimas de la represión, que incluye a los cientos de asesinados y a sus familiares, a los heridos y torturados, obtener “verdadera justicia y reparación”.
La PDDH es una institución que responde a los intereses del régimen de Ortega y Rosario Murillo, pues sus funcionarios han defendido el actuar represivo de la Policía Orteguista (PO) y han callado ante las violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes, que, desde abril, exigen la salida de los dictadores del poder.
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Los delegados de la Alianza Cívica reiteraron ayer su voluntad en que el diálogo dé resultados, pero reconocieron que el régimen, al incumplir los acuerdos ya firmados y cerrarse en no querer a los garantes internacionales, pone en riesgo las negociaciones .
“El compromiso es el 3 de abril. Si no hay acuerdos, ni expresiones de cumplimiento, qué sentido tiene seguir intentando construir acuerdos si solo una parte está bailando el tango”, dijo Pallais.
En menos de 24 horas se violentó los acuerdos para restituir las garantías ciudadanas acordadas el viernes pasado ya que la Policía, las turbas y los paramilitares orteguistas asediaron y atacaron a ciudadanos y periodistas en las protestas realizadas el sábado pasado en centros comerciales, en Managua.
El asedio policial a las protestas se mantiene y no cesan los secuestros de autoconvocados.
El gobierno de Ortega tampoco empieza a liberar a los 647 presos políticos y no entrega las instalaciones de los medios de comunicación confiscados, así como la materia prima retenida a los periódicos LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario, compromisos firmados el viernes reciente.
Sin embargo, ayer el canciller y jefe de la delegación del gobierno en el diálogo, Denis Moncada, refirió que ellos no se levantarán de la mesa de negociaciones y que están dispuestos a “tocar los temas acordados, para estar en la hoja de ruta que ya ha sido aprobada y consensuada”.
El régimen de Ortega y Murillo expulsó en diciembre pasado a las misiones de la CIDH y Oacnudh, acusándolas de parcializadas luego de que esos organismos documentaran en sendos informes que el Estado había cometido delitos de lesa humanidad. Asimismo, sugirieron investigar la responsabilidad de Ortega y del alto mando de la Policía Orteguista en la represión a las manifestaciones ciudadanas.
Los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales documentan entre 325 y 535 asesinados, miles de heridos y unos 814 presos políticos producto de la represión, desde abril del 2018.
Arana explicó que en la mesa de negociaciones la Alianza Cívica entregó su propuesta sobre el tema de la justicia a las víctimas de la represión, que incluye conformar una Comisión de la Verdad “creíble” para aclarar los crímenes.
Familiares de víctimas llaman a elevar presión
La Asociación Madres de Abril (AMA), integrada por los familiares de los asesinados en la represión del régimen, llamó a la población y a la comunidad internacional a exigirle a Ortega acepte a la CIDH y Oacnudh como garantes y, que antes del 19 de abril, cuando se cumpla el primer aniversario de la masacre, estén de regreso en el país.
AMA reclama tener presencia en el diálogo, en el momento que sea abordado el tema de la justicia sobre los crímenes cometidos en la jornada de represión. “Reafirmamos que nadie puede representarnos más que nosotras mismas y reiteramos que en una verdadera mesa de negociación las víctimas debemos de ser incluidas, sin intermediarios”, expresó AMA.
Asesor de Pompeo no viene hoy
Durante varios días se rumoró que el principal asesor del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael McKinley, llegaría al país hoy miércoles; sin embargo, sin que la visita haya sido confirmada oficialmente, el viaje fue cancelado de última hora.
“El viaje fue cancelado por lo que ocurrió el sábado”, dijo una fuente que solicitó el anonimato.
El sábado 30 la Policía Orteguista reprimió violentamente un plantón de protesta en un centro comercial, a pesar de que el día anterior el gobierno se había comprometido a respetar el derecho a la protesta.
Durante el plantón, un paramilitar disparó contra los manifestantes, hiriendo a cuatro.
El diplomático supuestamente vendría a “cerrar los acuerdos” que se habrían alcanzado en las negociaciones.
McKinley visitó el país de forma igualmente sigilosa el pasado 24 de enero y tuvo una reunión de varias horas con Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Después de su partida, la embajada de Estados Unidos informó en un escueto comunicado que la visita del alto funcionario se dio “con el propósito de recalcar el continuo apoyo de los Estados Unidos a los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua, el retorno a la democracia y la protección de los derechos humanos”.
Un mes después de la visita, el 27 de febrero, Ortega llamó de nuevo a un diálogo luego de sostener una reunión con representantes de los principales capitales del país, el 16 de febrero.
La mesa de negociación tenía como fecha límite el 28 de marzo, sin embargo, no ha producido ningún resultado concreto.
Lo que se ha visto es un endurecimiento de la posición del régimen, que no acepta discutir sobre el adelanto de las elecciones presidenciales ni la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU como garantes de los acuerdos, exigencias que la Alianza Cívica considera fundamentales para continuar con la negociación.
El país lleva 11 meses y dos semanas desde que inició la rebelión ciudadana contra el régimen de Ortega, que la ha reprimido violentamente, dejando al menos 325 muertos, más de setecientos presos políticos, miles de exiliados y una economía rumbo al colapso.