El próximo 20 de marzo se cumple el plazo de noventa días para que el secretario del Departamento de Estado presente ante el Congreso de Estados Unidos el informe sobre la situación de Nicaragua, como parte del mandato de la ley de sanciones dirigidas a la dictadura de Daniel Ortega, mejor conocida como Nica Act.
Este informe también debe integrar la estrategia a seguir con la participación de la sociedad civil, para contribuir a una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
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Lo anterior implica que a Ortega se le acaba el tiempo para negociar una salida a la crisis a través del diálogo, que, de no concretarse, llevaría a la aplicación de nuevas sanciones contra el régimen.
La Nica Act ordena al presidente de Estados Unidos que instruya a su director ejecutivo en cada institución financiera internacional, para que use la influencia de Estados Unidos, con el objetivo de oponerse a cualquier préstamo que beneficie al Gobierno de Nicaragua, excepto proyectos de necesidades humanas básicas o para promover la democracia en la nación centroamericana.
Términos de la ley
La ley también incluye sanciones individuales contra funcionarios de la dictadura involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción. La sección ocho de la Ley Nica establece que a más tardar en un término de noventa días, después de promulgada la ley, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de diciembre de 2018, el secretario de Estado informará a los comités del Congreso correspondientes sobre una estrategia que involucre a líderes de la sociedad civil en Nicaragua, incluidos los medios de comunicación independientes, a representantes de organismos de derechos humanos, y organizaciones anticorrupción. El objetivo es fortalecer el estado de derecho y determinar la responsabilidad de los implicados en los abusos de los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua.
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Igualmente, la legislación incluye el establecimiento de medidas para apoyar la protección a defensores de derechos humanos y la lucha contra la corrupción en Nicaragua.
El abogado estadounidense Jason Poblete, exasesor del Congreso estadounidense, explicó que a nivel técnico (lo establecido en la sección ocho de la Nica Act) se incluye en casi todo proyecto con carácter de ley anticorrupción, que aborde la defensa de los derechos humanos, y el estado de derecho.
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“El Congreso pide en este caso a la administración que le informe qué se ha hecho desde que la ley fue firmada, sobre el trabajo del gobierno con la sociedad civil nicaragüense en este caso”, explicó.
Ros-Lehtinen optimista
La excongresista Ileana Ros-Lehtinen, autora de la Ley Nica, dijo estar optimista en que la ley sea aplicada próximamente.
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“Le vamos a negar estos fondos internacionales a Ortega porque él usa esos fondos para golpear al pueblo, así es que no pasamos esta ley para que no se cumpla, queremos restricciones para Ortega y yo estoy optimista de que el presidente Trump las va a aplicar”, manifestó.