La excongresista Ileana Ros-Lehtinen, autora de la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act conocida como la Nica Act, dijo que el ejecutivo estadounidense trabaja en la reglamentación de esa legislación para poder implementar las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al tiempo que anunció que Estados Unidos continuará la presión contra el régimen porque “no se puede quitar la atención a lo que está sucediendo en Nicaragua”.
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La Ley firmada el pasado 20 de diciembre por el presidente Donald Trump impone sanciones y condiciones específicas al régimen orteguista, a fin de que respondan por la corrupción sistemática, violaciones a los derechos humanos y asalto al orden democrático en Nicaragua.
La crisis en Nicaragua se agudizó en abril del 2018, y según informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, se contabiliza entre 325 y 535 muertes, más de tres mil heridos, centenares de presos políticos y desaparecidos a manos de grupos paramilitares que operan con la Policía Orteguista (PO).
La Ley contempla la restricción al acceso de préstamos que solicite el régimen de Ortega a las instituciones financieras internacionales, excepto proyectos dirigidos a promover la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.
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La designación de sanciones a individuos incluye el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas. “Ahora (la Ley Nica Act) está en proceso en el Ejecutivo donde las agencias miran el proyecto para saber cómo van hacer los reglamentos para esa Ley”, preciso Ros-Lehtinen.
Añadió que ahora se requiere que otros países adopten proyectos similares al Nica Act contra la dictadura, dirigidos a designar sanciones “a estos delincuentes, asesinos, (y) secuestradores, para que sepan que cualquier oficial de Nicaragua que esté violando los derechos humanos, esa persona va a tener consecuencias serias”, recalcó.
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“Va a continuar la presión, no se puede quitar la atención a lo que está sucediendo en Nicaragua”, sostuvo.
Informes a comités del Congreso
El Departamento de Estado deberá presentar varios informes a los distintos comités del Congreso de Estados Unidos. El primero deberá ser presentado en un plazo máximo de 90 días después de promulgada la Ley, que entró en vigencia el pasado 20 de diciembre de 2018.
El mismo debe incluir una estrategia que involucre a representantes de la sociedad civil en Nicaragua, incluidos los medios (de comunicación) independientes, los derechos humanos, y las organizaciones anticorrupción, para fortalecer el estado de derecho y determinar la responsabilidad por los abusos a los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua. Igualmente, ese informe debe establecer medidas para apoyar la protección a los defensores de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en Nicaragua.
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Otro de los informes es sobre violaciones de derechos humanos y corrupción en Nicaragua. El mismo deberá ser presentado en un plazo máximo de 180 días, por el secretario de Estado en coordinación con el secretario del Tesoro y el director de Inteligencia Nacional.
Ese informe incluirá la participación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero. También a personas que facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso, en o con, respecto a Nicaragua que son utilizadas para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.
La Ley incluye la presentación de otro informe en un plazo no superior a los 180 días, y después cada año, sobre la certificación de la dispensa de sanciones económicas, conocida como “waiver”. El mismo debe contener una evaluación sobre avances o no, en materia del fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Eso incluye la independencia de poderes como el Judicial y el Electoral; el combate la corrupción, incluso mediante la investigación y el procesamiento de casos de corrupción pública, protección de los derechos civiles y la realización de elecciones justas, creíbles y supervisadas.
Las declaraciones de la excongresista se dieron en el contexto del homenaje que le realizó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en la ciudad de Miami.