El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo pública este sábado su agenda de negociaciones con la Alianza Cívica, en la cual ofrece reformas electorales para los comicios de 2021, liberación de presos políticos no juzgados y revisión de expedientes condenados, además de gestiones internacionales para suspender las sanciones económicas a su régimen.
En un comunicado oficial de la cancillería de la República el régimen ofrece cinco temas de discusión en la mesa, siendo el primero de ellos las reformas electorales para elecciones “justas y transparentes” hasta 2021 con acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Fortalecimiento de las instituciones electorales en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes”.
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El régimen ofrece discutir “justicia y reparación”, además de revisar los expedientes de manifestantes presos, pero sin reconocerles la calidad de reos políticos y reiterarles un estatus de delincuentes comunes: “Liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados. Se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad”.
La dictadura también propone discutir los derechos constitucionales arrebatados a los nicaragüenses desde abril de 2018, pero sin citarlos o reconocerlos como derechos violados por la administración Ortega-Murillo: “Continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República”, dice la cancillería.
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Y los dos últimos temas de su agenda hecha pública este sábado son la suspensión de las sanciones internacionales en contra de funcionarios orteguistas involucrados en actos de corrupción y violación de derechos humanos.
“Realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación y hacer un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”, dice el documento orteguista.
Sin embargo, las sanciones han sido particularmente contra funcionarios señalados de corrupción y violación de derechos humanos: Rosario Murillo Zambrana, Roberto Rivas Reyes, Fidel Moreno Briones, Francisco López Centeno, Francisco Díaz Madriz, Néstor Moncada Lau y contra los negocios de Albanisa y Bancorp, ligados a PDVSA.
Esta es la propuesta del Gobierno de Ortega
1. Fortalecimiento de las Instituciones Electorales en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes.
2. Justicia y reparación para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua.
3. Liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados. Se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad. Continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República.
4. Realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación y hacer un llamado a la Comunidad Internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.
5. Implementación y cumplimiento de los acuerdos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera el total compromiso con la Reconciliación, el Entendimiento y la Paz de todos los nicaragüenses”.
Sin gestos de buena voluntad, no hay diálogo
El negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Pallais Arana, dijo que el documento que reveló el régimen orteguista es una segunda versión de su propuesta de agenda.
“No es la agenda consensuada y esa segunda versión está muy lejos de aproximarse a la propuesta de la Alianza Cívica que habla de restitución de derechos y garantías y liberación de presos políticos, y además habla de adelanto de elecciones”, sostiene Pallais.
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El también jurista aseguró que la posición del régimen denota que no busca la aproximación del consenso que propone la Alianza Cívica sino imponer sus intereses.
“Ellos dicen que no aceptan adelanto de elecciones y nosotros insistimos que debe negociarse el adelanto de las elecciones, entonces lo único con esa posición que ellos han hecho pública es que el consenso está todavía difícil de alcanzarse, que pareciera que las posiciones suenan todavía muy distantes entre las propuestas de nosotros y las de ellos”, sostiene Pallais.
De acuerdo con el miembro de la Alianza Cívica con la posición del régimen “no se avizora voluntad para aproximarse” a las demandas, principalmente “al adelanto de elecciones que nosotros demandamos y el régimen se niega”.
El miembro de la mesa de negociaciones explicó que durante el fin de semana están conversando con distintos sectores del país para determinar si continúan o se retiran definitivamente de las negociaciones que sostienen con el régimen orteguista.
“Pero, para tomar una decisión positiva necesitamos que el Gobierno dé gestos que le den legitimidad y reconocimiento a la negociación y retomar el diálogo o las negociaciones temporalmente suspendidas”, explicó Pallais.
Intentar llegar a acuerdos, dice jurista
A juicio del jurista Gabriel Álvarez, el hecho de que el régimen de Daniel Ortega no haya manifestado en su comunicado de este sábado la intención de adelantar las elecciones presidenciales no quiere decir que así será porque los temas a abordar en la mesa de negociación al final serán aprobados junto a la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia.
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“Yo no me asombro ni siquiera interpreto que el Gobierno no salga de esa posición, si no sale se corre el riesgo de no llegar a acuerdos, pero hay que intentar llegar a acuerdos a partir de las dos posiciones que están claras. Está la posición inicial del Gobierno y la inicial de la Alianza. Ahora vamos a ver cuál va a ser la posición al final del periodo de diálogo y negociación y si es posible llegar a acuerdos que favorezcan a todo el país”, explicó Álvarez.
Reconstrucción de la institucionalidad
El jurista fue crítico en el punto donde el régimen dice “fortalecer el poder electoral” con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “cuando lo que urge y es inevitable es la reconstrucción total de esta institución pública”.
Álvarez recordó que los entendimientos con la OEA se acordaron antes de abril de 2018, mes en que estalló la crisis sociopolítica “y la OEA debe comprender ahora que no bastan los referentes ni el marco conceptual que estableció en ese memorándum de entendimiento”.
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“Es un buen punto de partida y está muy bien y que sea un punto de partida inicial del Gobierno, pero a eso hay que incorporarle todos los aportes de amplios sectores de la sociedad nicaragüense que están formalizados”, dijo Álvarez.
¿Fuera los pastores de Ortega?
Pese a que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha pedido al régimen orteguista que la OEA se presente a la mesa de negociaciones, LA PRENSA supo que el Gobierno los invitará como testigos y acompañantes.
LA PRENSA también conoció que tras el rechazo de los obispos de la Conferencia Episcopal, en participar como testigos y acompañantes, las partes renegociarán la agenda, y uno de los puntos a tratar será la salida del proceso de la representación evangélica, para que entre la OEA como garante.
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El gobierno de Ortega ha rechazado a los organismos internacionales como garantes al argumentar intervencionismo extranjero “en asuntos nacionales”. La OEA delegó a Luis Ángel Rosadilla para reunirse con las partes en las negociaciones y determinar si participan en el proceso, según comunicado de la OEA.