La crisis sociopolítica en Nicaragua no inició con la brutal represión de la dictadura orteguista contra las manifestaciones ciudadanas en abril del año pasado, sino que es consecuencia de la “involución de la democracia” que comenzó hace veinte años con el pacto político entre el caudillo liberal Arnoldo Alemán y el sandinista Daniel Ortega.
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Ese acuerdo político entre el entonces presidente Alemán (1997-2000) y Ortega en su rol de opositor fue uno de los principales factores del quiebre que sufrió el avance de la institucionalidad que en Nicaragua se venía logrando a partir del triunfo del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, según se analiza en su Informe de Coyuntura 2018 la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El informe “Nicaragua en crisis política y socioeconómica” indica que si bien el pacto se fraguó a finales de los noventa, su efecto en la democracia e institucionalidad se comenzó a sentir en 2005 y se aceleró con la llegada al poder de Ortega, lo que derivó en menores libertades para los nicaragüenses y ruptura del equilibrio en el poder judicial, entre otros.
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Toda esta situación se ve reflejada en los indicadores internacionales sobre democracia e institucionalidad, donde Nicaragua aparece en la cola de América Latina.
“El deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua se debe principalmente al incremento en la dificultad para que la población pueda ejercer sus libertades civiles y políticas: libertad de expresión, de asociación y de manifestación”, sostiene Funides.
Para ello, el centro de pensamiento hace referencia al índice de democracia liberal preparado por la organización V-Dem y la Universidad de Gotemburgo, en el marco del Informe Anual de la Democracia 2018.
Dicho reporte refleja un deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua en el periodo 2007-2017, ya que pasó de ser clasificado como un país con “libertad política” en la década de los noventa, a uno con “censura significativa” hacia sus ciudadanos en 2017. “Esta clasificación es similar a la obtenida durante la década de los ochenta”, resalta.
Funides recoge en su reporte que durante la década de los noventa el gobierno de Barrios de Chamorro “trabajó en la pacificación del país, la reactivación económica y la democratización”. Esta última, se indica, conllevó a la reforma parcial a la Constitución en 1995, cuando se redujo el poder del presidente moderando la tendencia autocrática, se reafirmaron los principios del estado de derecho y se buscó un equilibrio entre los poderes estatales.
Además, agrega el informe, las reformas constitucionales de 1995 afianzaban la democracia pluralista y representativa al incorporar la figura de elección por suscripción popular, ampliar los derechos y las garantías civiles y la profesionalización del Ejército.
Todo ese avance de la democratización tuvo su estancamiento particularmente por la incidencia del llamado “pacto” entre Ortega y Alemán que se materializó con reformas a la Constitución y a la Ley Electoral en el 2000.
“A partir de este arreglo político, se redujo el piso electoral para ganar la presidencia en primera vuelta” al 35 por ciento de los votos, “se distribuyeron los cargos en los poderes del Estado” entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), incluyendo las magistraturas en el poder judicial, entre otros aspectos.
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Eso es lo que ha permitido que hoy Ortega utilice el sistema de justicia como arma política contra los que lo adversan.
De hecho, Funides recuerda que “un grave obstáculo” para la democracia actualmente “es la falta de capacidad de contrapeso ante el exceso de injerencia del Ejecutivo” en el poder judicial.
“El poder judicial es la piedra angular en la democracia, por ello se insiste en que se necesita reformas estructurales todo el sistema de justicia”, indica Funides.
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Eliseo Núñez, político y exdiputado, está de acuerdo con lo expuesto por Funides respecto a que el deterioro de la institucionalidad vino cuando Ortega retoma el gobierno en 2007 y desde entonces ha construido su modelo “de autoritarismo y llevando al país a un Estado casi de excepción”.
“El poder de Ortega se anidó en el pacto”
“El poder de Ortega se anidó en el pacto con Alemán”, afirmó Núñez, explicando que los caudillos “se repartieron cuotas de poder al colocar a funcionarios que respondían a intereses de sus partidos” en el CSE, el poder judicial y el resto de instituciones.
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“Alemán le entregó la mitad del Estado cuando el FSLN no tenía peso y así es como fuerzan el bipartidismo, y fue un gran error porque lo que creaste es un esquema que no permite que el país avance democráticamente.
Posteriormente cuando Alemán deja de ser presidente y es acusado de corrupción, se convierte en un arma que Ortega usa para afianzar su control en el sistema judicial y allanar su camino al gobierno”, dijo Núñez.
Eventos claves
En su Informe de Coyuntura 2018, Funides insiste en la importancia de que en Nicaragua se respete “los principios democráticos para el desarrollo económico”, donde el respeto de la ley y su aplicación imparcial “permiten un grado de previsibilidad y de confianza necesario para la actividad económica”.
No obstante, Funides recoge en su informe eventos claves que entre 1998 y 2016 fueron construyendo al poder judicial en un instrumento político. Entre esos eventos están la denuncia de Zoilamérica Ortega Murillo en 1998 por abuso sexual contra su padrastro Daniel Ortega, la cual no prosperó porque una juez sandinista cerró el caso debido a que supuestamente ya había prescrito legalmente.
Las reformas constitucionales bajo el pacto Ortega-Alemán y los juicios por corrupción contra Alemán entre el 2000 y 2008 fueron momentos en que el dictador Ortega demostró su control del poder judicial.
Posteriormente la sentencia 504 de la Corte Suprema en donde se le habilita a Ortega a presentarse como candidato a la presidencia pese a la prohibición expresa de la Constitución y mantener por decreto ejecutivo a magistrados en sus cargos pese al vencimiento de sus períodos, fueron otras graves muestras de cómo el sistema judicial se usa como arma política.