Hicieron bien los líderes empresariales al desconvocar la marcha cívica que habían programado para este jueves 24 de febrero, después que la Policía les negó el permiso y los imputó criminalmente.
Los dirigentes empresariales suspendieron la convocatoria a la marcha “para evitar poner en peligro la vida e integridad de los asistentes”, según dijeron en un comunicado después que la Policía negó la autorización de la marcha, los acusó de haber participado en el “intento fallido de golpe de Estado” y los responsabilizó por “la pérdida de vidas, torturas, lesiones, sangre derramada, así como de daños a la propiedad privada…”.
En Nicaragua impera un Estado de excepción de hecho, las garantías constitucionales y los derechos humanos no son respetados por el Estado, y, como en los meses más crudos de la represión contra las protestas pacíficas el año pasado, una marcha no autorizada por la Policía podría ser masacrada sin piedad.
LA PRENSA, en una nota analítica desvirtuó los argumentos de la Policía para negar el permiso de la marcha y criminalizar a los organismos empresariales. Demostró ante todo que es falso que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado, según la investigación del GIEI, lo cual confirmó desde las entrañas del mismo régimen orteguista el exoperador político sandinista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda.
También es falso lo dicho por la Policía, acerca de que la Ley de Cámaras Empresariales prohíbe a los empresarios participar en manifestaciones cívicas y pacíficas. Lo que la Ley no permite a los organismos empresariales es participar en movilizaciones políticas partidistas, pero no les niega —porque no se los puede negar— el derecho garantizado expresamente por la Constitución y contenido en los tratados de derechos humanos, de manifestarse pacíficamente en defensa de sus intereses y en rechazo de políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan sus derechos.
Pero tan grave como la prohibición del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica es la acusación de la Policía contra los gremios empresariales, de que han cometido actos criminales y están siendo investigados por eso.
¿Significa que los dirigentes empresariales podrían ser encarcelados en cualquier momento y procesados por delitos que no han cometido; delitos que más bien han sido perpetrados por las autoridades del Estado, según los organismos internacionales de derechos humanos?
En realidad, para el régimen el verdadero “delito” de los organismos empresariales independientes es apoyar las demandas de libertad, justicia y democracia. Su mayor “delito” fue que al ser convocados por la Conferencia Episcopal para participar en el diálogo nacional, los representantes empresariales hicieron propia la propuesta de los obispos de adelantar las elecciones para sacar al país de la profunda crisis causada por la misma dictadura.
Una demanda que sigue teniendo plena validez y tiene el respaldo nacional e internacional, porque representa la única solución que puede salvar a Nicaragua.