El senador Ted Cruz, patrocinador de la Ley Nica Act, dijo que la aplicación de esa legislación responsabilizará al régimen de Daniel Ortega por los abusos contra los derechos humanos que ha cometido contra el pueblo nicaragüense, y evitará que el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos sea destinado a la agenda corrupta de la dictadura.
La Nica Act se convirtió en Ley la tarde del jueves, luego de ser firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de una legislación de sanciones dirigidas a restringir el acceso de la dictadura de Ortega a los préstamos en las organizaciones financieras internacionales hasta que haya elecciones libres en Nicaragua y respeto a los derechos humanos. Además, incluye la designación de sanciones individuales para individuos y entidades nacionales y extranjeras que participan en violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción significativa.
El congresista Mario Díaz-Balart señaló que la promulgación de la Ley significa que Estados Unidos una vez más se solidariza con quienes buscan liberarse de la tiranía de los Ortega Murillo.
“Las personas de Nicaragua se tomaron las calles desde abril pasado para denunciar la opresión, la violencia llevada a cabo por Ortega y sus matones. Este importante proyecto de ley respalda a los nicaragüenses en sus demandas de (respeto) al imperio de la ley, los derechos humanos, y (la realización de) elecciones libres y justas al negar recursos (en las instituciones financieras internacionales) a sus opresores”, escribió en su cuenta de Twitter.
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El legislador manifestó que la ley proporciona autoridad adicional al presidente Trump para imponer severas sanciones a los agentes del régimen de Ortega involucrados en los crímenes contra manifestantes; además, designa sanciones contra los países que brinden asistencia y medios para reprimir a los nicaragüenses.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, dijo que la Ley Nica Act busca responsabilizar a los violadores de los derechos humanos y a los actores de la corrupción en Nicaragua, en momentos en que el régimen de Ortega continúa socavando la democracia en la nación centroamericana.
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“La Ley Nica es un paso positivo para sancionar a las personas y entidades involucradas en la corrupción y los abusos de los derechos humanos, así como para negar inyecciones financieras al régimen de Ortega que podrían permitirle continuar su opresión contra el pueblo de Nicaragua”, indicó Green.
El caso de las ONG
“La reciente cancelación de la personería jurídica a nueve organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en Nicaragua, es solo el último ejemplo de la indiferencia del régimen de Ortega por la libertad, los ideales democráticos y la dignidad humana”, aseveró el representante de USAID, Mark Green.
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“Estas valientes organizaciones locales son la voz del pueblo nicaragüense brutalmente reprimido por la dinastía Ortega durante años. Las organizaciones documentan e informan sobre abusos a los DD.HH., detallan a profundidad la corrupción del régimen y sirven como guardianes (de la defensa de los derechos) de los ciudadanos nicaragüenses”, añadió Green describiendo la situación de Nicaragua.
