La Fiscalía pidió este miércoles ocho años de cárcel para el psicólogo granadino Roger Martínez, acusado de fabricación, tenencia, tráfico y uso de armas restringidas y manejo de artefactos explosivos, aunque los cargos no fueron probados en el juicio, realizado este martes en el juzgado tercero de distrito penal de juicio de Managua.
Martínez fue detenido el pasado 15 de julio en Granada, cuando se encontraba en una casa cerca de la parroquia Xalteva, donde se habilitó una clínica para dar primeros auxilios a los heridos que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega. Esto ante la negativa de las autoridades del hospital Amistad Japón Nicaragua de atenderlos.
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El psicólogo, que escribía para el periódico HOY, temas relacionados a su profesión, prestaba ayuda humanitaria a los heridos por el régimen.
Según la acusación, en la clínica encontraron una mochila sobre un colchón donde había 55 chibolas, 2 tiros de AK, percutado, 2 de escopeta 12, una hulera y 5 tiros de AK, entre otros, que no estaban en poder del psicólogo y no representa una prueba porque eran municiones recogidas en la calle, tras los ataques de la Policía Orteguista y paramilitares. No obstante la fiscalía pidió 8 años de cárcel.
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Familiares de Martínez dijeron que él es inocente de todo lo que se le imputa y a pesar que la fiscalía llevó a cuatro policías como testigos, estos se contradijeron en sus testimonios.
También destacaron que el psicólogo tiene neumonía por dormir en el piso y está afectado por una alergia en la piel, lo que hasta hoy no ha sido atendido por un médico. Desconocen si los medicamentos llevados a la cárcel se los han dado, dijeron sus familiares.
Durante los alegatos conclusivos, la defensa opuso excepción por extinción de la acción penal, porque el sicólogo cumplió este martes 99 días detenido, (tres meses y nueve días), tiempo que contradice lo establecido en artículos del código procesal penal, pero el titular del juzgado, Carlos Alberto López Cano, desestimó la excepción.
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El abogado Maynor Curtis, defensa de Martínez, indicó que el 17 de julio pasado se realizó en Granada la audiencia preliminar y a partir de esa fecha se establecen los plazos, de duración máxima de tres meses para los procesos, cuando hay reo detenido.
“Durante ese periodo el legislador establece que debe haber sentencia, lo que en este caso no sucedió, pues estábamos aún en la etapa del juicio”, explica Curtis a través de un documento.