Entre agosto y octubre, el régimen orteguista ha condenado a 52 ciudadanos autoconvocados por haber ejercido su derecho constitucional a protestar desde el 18 de abril.
Para esto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza el sistema de justicia penal con el fin de apresar, enjuiciar e imponer penas que oscilan desde los cinco hasta noventa años de prisión.
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La mayoría de los condenados participaron en marchas, plantones, movimientos universitarios y otras acciones cívicas.
Los principales delitos acusados son terrorismo, crimen organizado, asesinato, posesión ilegal de arma de fuego, entorpecimiento al servicio público, incendio, lesiones, entre otros, por los cuales la mayoría de acusados son declarados culpables, aunque no existan pruebas firmes y verificables que los impliquen, tal es el caso de los blufileños Brandon Lovo y Glen Slate, los primeros condenados por el régimen.
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Lovo y Slate fueron condenados a 23 y 12 años de cárcel, respectivamente, por la muerte del periodista Ángel Gahona.
La sentencia se leyó en agosto pasado y a la fecha, a pesar que sus defensas ya apelaron, el expediente no ha sido enviado al Tribunal de Apelaciones para que programen su respectiva audiencia.
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“Todo indica que el número de condenados va en aumento porque no hay administración de justicia objetiva. Los administradores de justicia son extensiones del Ejecutivo: la Fiscalía, los jueces, los magistrados y la Policía son extensiones del Ejecutivo. Se actúa en subordinación del Ejecutivo, no hay aplicación de la ley con independencia y objetividad”, expresó Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Según Carrión, los jueces están orientados a admitir toda acusación que presente el Ministerio Público, sin importar si reúne o no los requisitos legales y formales, y el judicial que se atreve a asomar la nariz a la legalidad es destituido o trasladado a otro juzgado o a otra zona.
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Los primeros jóvenes acusados por la Fiscalía en abril, por haberse unido en los barrios capitalinos para evitar el saqueo de supermercados y no quedar desabastecidos, fueron Fernando Ortega, Michael Peña, Rommel Guillén y un adolescente de 17 años, quienes fueron condenados a treinta años de cárcel, sin pruebas, por el asesinato de un vecino.
A pesar de que los presentes en el lugar de los hechos aseguran que quienes lo mataron fueron miembros de la Juventud Sandinista, porque andaban como paramilitares en camionetas doble cabina disparando contra la población desarmada.
Muertes impunes
Al respecto, Carrión recordó que a pesar que hay más de cuatrocientos asesinados, en su mayoría jóvenes, ejecutados por policías y paramilitares, no hay ninguno de estos procesados por las atrocidades cometidas contra la población, que incluyó quemar viva a una familia completa —entre ellos dos niños—.
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“El único caso que medio se conoció contra un paramilitar fue el que asesinó a la brasileña Raynéia Lima, cuyo proceso se dio de manera sigilosa y de manera expedita para que nadie preguntara más del caso. El paramilitar admitió los hechos para no tener que sacar las verdades en juicio”, comentó Carrión.
El acusado en este caso fue el empleado de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) Pierson Gutiérrez Solís, de 42 años, quien admitió el 1 de agosto —feriado en Managua— en audiencia preliminar a puerta cerrada haber matado a la brasileña Raynéia Gabrelle Da Costa Lima Rocha, estudiante de sexto año de Medicina en la Universidad Americana (UAM). Esa sentencia aún se desconoce.
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“En Nicaragua no ha habido justicia. La Policía, la Fiscalía y el poder judicial aplican la ley en un solo sentido, represivo, discriminador, sin respeto a garantías, en fin, son procesos políticos. Mientras las denuncias de los familiares de los jóvenes asesinados en marchas y plantones pacíficos están engavetadas en la Fiscalía y la Policía”, agregó Carrión.
Los autoconvocados han sido condenados utilizando como testigos a la Policía Orteguista, paramilitares, militantes sandinistas y trabajadores del Estado.
Otros manifestantes
Entre los condenados están cuatro promotores de derechos humanos de Boaco: Reynaldo Antonio Lira Lúquez, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y William Efraín Picado Duarte, quienes fueron condenados a 13 años de prisión. Los testigos contra ellos fueron militantes sandinistas.
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Líderes universitarios no se han quedado atrás, pues también fueron condenados Kevin Rodrigo Espinoza, Marlon Fonseca y Hanssel Vásquez Ruiz, a 17 años y seis meses de cárcel.
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autoconvocados están aún en proceso judicial abierto, es decir, aún no se ha dictado fallo de culpabilidad ni dictado sentencia, según informe de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.