El régimen de Daniel Ortega además de mantener encarcelados a decenas de nicaragüenses que se sublevaron contra su poder, los somete a crueles tratos, como el que denunció este miércoles Ruth Escobar, madre de Heynard Baltodano Escobar, de 22 años, quien convulsionó hasta 30 veces en un día y en La Modelo no le dieron atención adecuada.
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La mujer denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que funcionarios del penal La Modelo pretendieron controlar una crisis de convulsiones que sufrió su hijo con tres dosis inyectadas de diazepam. Esta situación ocurrió el 8 de octubre pasado y los funcionarios del penal actuaron solo por la insistencia de los otros presos políticos de la galería 16-1 de esa penitenciaría.
Es por ello que Escobar urgió a las autoridades que su hijo sea remitido al Instituto de Medicina Legal (IML) para que sea valorado por un forense.
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Asimismo Escobar denunció que por otros compañeros de celda conoció que su hijo, pese a las inyecciones, continuó convulsionando, por lo que insistieron en que fuese atendido por un médico. Los funcionarios del penal sacaron al joven de la galería, pero desconocen a dónde fue llevado.
El régimen procesa a Baltodano junto con Edwin Carcache de supuesto involucramiento en tranques, sin embargo su progenitora alega que este nunca estuvo allí.
Baltodano fue arrestado el 9 de septiembre después de ha
LA PRENSA/M . ESQUIVEL
ber participado en la Marcha de los Globos y fue conducido al Chipote donde permaneció detenido de forma ilegal durante 12 días. Según Escobar, ahí fue golpeado por lo que teme que las convulsiones sufridas por su hijo sean el resultado del maltrato propinado en esas celdas.
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El abogado Julio Montenegro, de asesoría legal de la CPDH, sostuvo que en la mayoría de los casos de procesados que han solicitado sean remitidos al IML las autoridades penitenciarias no han cumplido con esta petición.
Denuncian violaciones a derechos humanos
En paralelo, Brenda Gutiérrez y Lilliam Ruiz, integrantes del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, denunciaron este miércoles que los autoconvocados privados de libertad sufren múltiples violaciones a los derechos humanos, sobre todo en las cárceles de La Modelo y La Esperanza.
Según denunciaron, una buena cantidad de presos políticos permanecen en las cárceles pese a estar en delicadas condiciones de salud. Además mencionaron casos de presos que han llegado a convulsionar sin que las autoridades hayan actuado con responsabilidad para preservar su vida.
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Entre los presos políticos cuyo estado es delicado destaca Brenda Muñoz, quien permanece en la cárcel La Esperanza pese a padecer cáncer y el régimen se niega a ponerla en libertad o darle acceso a los medicamentos sugeridos por médicos o enviados por sus familiares. Asimismo mencionan el caso de un preso que empieza a sufrir síntomas del mal de Parkinson y otro que ya no mira. Igualmente se conoce el caso de Nardo Sequeira quien pasó cinco semanas detenido ilegalmente sin ser sometido a proceso judicial.
Algunos prisioneros sufren enfermedades contraídas por las inadecuadas condiciones higiénicas de las celdas, como hongos y enfermedades de la piel; enfermedades respiratorias y estomacales, y otros han empeorado sus enfermedades crónicas por inadecuada atención médica. Los familiares demandan que los presos puedan ser valorados por médicos especializados. Según denunciaron, los presos políticos que están enfermos no tienen acceso a medicamentos ni atención médica a tiempo.
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Incluso se han documentado casos de aborto de dos detenidas a causa de las condiciones precarias, aseguran las madres. También denunciaron que las celdas donde han sido recluidos no poseen condiciones dignas, no hay ventilación, iluminación ni condiciones sanitarias.
A su vez, informaron que a sus familiares no les permiten sus horas recreativas, su derecho a recibir al sol, la visita una vez al mes y durante 45 minutos están aislados en celdas de máxima seguridad, no les permiten hablar con los presos comunes y sufren torturas sicológicas.
Presos políticos
Azahálea Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, indicó que registran 558 presos políticos en todo el país, de los cuales únicamente el seis por ciento está condenado, el 67 por ciento está siendo procesado y un 26 por ciento está detenido con más de 48 horas. De ese total, un 63 por ciento permanece recluido en el Sistema Penitenciario Nacional, un 13 por ciento aún está en celdas del Chipote, un dos por ciento con casa por cárcel, y un 15 por ciento desconocen su paradero.
Prohibido el “pico rojo”
Aún en el penal, los presos políticos siguen en resistencia. Por ejemplo, los que permanecen en el Infiernillo en Máxima Seguridad se niegan a recibir alimentación del penal, rezan y cantan el Himno Nacional todos los días. Los funcionarios del penal les amenazan con despojarles de los paquetes que les llevan sus familiares, aseguró Lilliam Gutiérrez, una de las madres.
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Mientras Daniel Esquivel refirió que las 17 presas políticas en La Esperanza, el viernes recién pasado se sumaron a la protesta del pico rojo. En represalia las funcionarias de la penitenciaría les realizaron una requisa sin que ninguna de ellas estuviera presente, les quitaron los maquillajes, objetos de uso personal y las mantuvieron fuera de su celda hasta dos horas bajo el sol.