CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.El Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará esta semana y encontrará a una Nicaragua distinta a la que dejó en febrero pasado, cuando una misión técnica, en una economía aún creciendo, le había dejado al régimen la tarea de llevar a cabo difíciles tareas para crear un millonario colchón fiscal con el fin de afrontar posibles choques externos.
La economía de Nicaragua es otra y el cambio no fue para bien, sino que empeoró: el crecimiento del 5 por ciento anual se ha descarrilado para sumirse en una profunda recesión que ha empeorado las condiciones para aplicar ajustes, tales como una reforma a la seguridad social y una tributaria para crear ese ahorro fiscal que tanto le urge al país.
Lea también: FMI: Nicaragua volverá a crecer 4% hasta 2022 y recuperación de la crisis será lenta
Aunque el propósito de la visita es recopilar información sobre el estado de la economía de cara a la aplicación del Artículo IV, debido al fuerte impacto económico que ha provocado la crisis sociopolítica, no se descarta que el régimen Ortega-Murillo solicite al Fondo un programa económico que le ayude a sacar del atolladero el crecimiento. Sin embargo, economistas locales consideran que no existen muchas posibilidades de que el organismo acceda y que caso que aceptara, este no será la solución a la crisis, porque el origen de la misma no es económico sino político.
El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, es uno de los que opina que aunque la misión viene a evaluar la situación, las autoridades aprovecharán para solicitar la firma de un nuevo programa. Pero dado que el origen de la crisis no es económico, sino político, considera que el organismo no accederá si antes no se ataca la raíz del problema.
Último programa con el FMI terminó en 2011
El último programa que Nicaragua mantuvo con el FMI se firmó en 2007 y concluyó en 2011, luego que el Ejecutivo anunciara con algarabía que el país se “había graduado” y por ende ya no necesitaba estar sujeto a las rígidas medidas del organismo. Un programa le puede permitir al régimen conseguir financiamiento con el organismo.
El febrero, la misión técnica que visitó el país para preparar la consulta anual del Artículo IV, encontró una economía creciendo 4.9 por ciento, sustentada en las exportaciones agrícolas, el turismo y las remesas; y el saldo del sector público consolidado, sin mayor variación, entre otras cosas porque el deterioro de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) había sido parcialmente compensado. También proyectó que la deuda pública se mantendría estable debido al dinamismo del PIB.
También puede leer: Banco Mundial no ve la normalidad que pregona el régimen en la economía de Nicaragua
No obstante, la misión advirtió que el déficit del INSS seguirá creciendo mientras no se aplique una reforma. También planteó como riesgo la posible aprobación de la ley conocida como Nica Act y la reducción de la cooperación petrolera venezolana.
Para contrarrestar estas amenazas, el FMI aconsejó aumentar el espacio fiscal y mantener una posición más fuerte de las reservas internacionales. También que las instituciones financieras continuaran “construyendo” reservas.
Fallida reforma fue detonante de la crisis
Pero la fallida reforma a la seguridad social que el régimen aprobó en abril sin el consenso del sector privado, fue derogada a los pocos días y aun así se convirtió en el detonante de la crisis sociopolítica que en 189 días ha dejado más de trescientos muertos, miles de heridos, decenas de encarcelados y desaparecidos y cerca de mil millones de dólares en pérdidas económicas.
Con ello Nicaragua cambió. Las proyecciones oficiales indican que el PIB se contraerá 4 por ciento este año y 1 por ciento en 2019. Además, desde el inicio de la crisis, los depósitos del público en manos de las instituciones del Sistema Financiero se han mermado en más de 1,128 millones de dólares. Para compensar dicha fuga el Banco Central ha echado mano de las reservas internacionales, que también se han mermado.
Puede leer también: Funides: Salvar el Seguro Social implicaría medidas más extremas que en abril
Tal como el FMI lo advirtió, el déficit del INSS sigue en ascenso. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 2,118 millones de córdobas que registró en 2017, subirá a 5,674.7 millones de córdobas en 2018. Además, se prevé que alcance los 8,771.8 millones de córdobas en 2019.
Asimismo, el régimen le presentará al FMI un proyecto presupuestario 181 por ciento más deficitario que el de 2018, antes de la crisis.
La situación empeoró
La situación ha empeorado por la caída de los ingresos por inversión extranjera directa, restricción masivo del crédito, actividades económicas semiparalizadas, caída en los ingresos por exportaciones, consumo de los hogares en declive y un desplome marcado en el turismo.
Para el economista Alejandro Aráuz en las actuales condiciones la llegada de esta misión puede ser vista como una tabla de salvación, porque el régimen aprovechará para pedirle ayuda, incluso un nuevo programa. Pero coincide con Chamorro en que no hay condiciones para que este se firme dado al origen de la crisis.
Le puede interesar también: Dictadura de Nicaragua en riesgo de perder el millonario financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
“Nicaragua podría solicitar un nuevo programa, está en su derecho, el problema es que las condiciones en las que el país estaría solicitándolo no serían aceptadas porque el origen de la crisis no es económico”, sostuvo Aráuz.
No obstante, admite que la visita es “importantísima” pues ya sea a través de un programa o de otros mecanismos, el país le pedirá ayuda. “Y de lo que el FMI diga o establezca y llegue o no a un acuerdo de apoyo financiero, va a depender en alguna medida la posición que tomen otros organismo financieros”, aseguró Aráuz.
Financiamiento externo es incierto
El panorama sobre el futuro del financiamiento externo es incierto. En Estados Unidos se ha acelerado la posibilidad de que se concrete este año la Nica Act, que bloquearía a Nicaragua el acceso a créditos de organismos claves para el financiamiento del programa de inversión pública.
El también economista Enrique Sáenz considera que la decisión de pedir o no un nuevo programa dependerá más de un “cálculo político” que de la realidad económica, y en las actuales condiciones duda que sea aprobado.
También puede leer: ¿Por qué Daniel Ortega no podrá gobernar dándole la espalda al mundo?
Según los economistas, antes de aprobar un programa el FMI tendrá en cuenta la evolución política del país y el desenlace que tenga el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, que fue fusionado con la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), y las consecuencias que generaría su aprobación.
“Si anticipan una negativa del FMI, probablemente no incurran en el costo político de recibir esa respuesta. Pero si calculan que una negativa del Fondo pueden utilizarla para presentarse en el futuro, como víctimas de la agresión imperialista, no dudarán en hacerlo”, aseguró Sáenz.
Medidas estériles
Independientemente de que Nicaragua pida o no un nuevo programa con el Fondo, el economista Enrique Sáenz considera que el régimen Ortega-Murillo puede escudarse en sus recomendaciones para aplicar medidas draconianas (severas).
“En cualquier caso, serán medidas estériles mientras el problema político siga presente y mientras sigan dando palos de ciego con los disparates económicos que están cometiendo, principalmente el Banco Central”, aseguró Sáenz.
También le puede interesar: Empresa privada insiste en un Diálogo Nacional con garantes internacionales
Además, considera que el FMI “ha tenido una posición condescendiente con el régimen, bordeando los límites de la complicidad”, porque “estaba claro que la economía era una burbuja subsidiada por la cooperación petrolera venezolana y mientras duró la abundancia, no se adoptó una sola medida estructural que permitiera dar solidez a la economía”.
(El programa) lo van a pedir, de eso no hay duda… pero creo que el Fondo Monetario Internacional considera que para que haya un programa, tiene que resolverse antes la parte política”.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides