Después de cuatro meses y medio de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la visita de país que realizó a Nicaragua, el régimen en representación del Estado de Nicaragua, únicamente ha cumplido con dos recomendaciones, y a medias.
Hasta ahora el régimen Ortega Murillo ha cumplido con la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo de Investigación de Expertos Independientes (GIEI), que tiene como mandato la investigación de los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.
Sin embargo, la dictadura no les pasa información oficial. Esto lo confirmó a LA PRENSA la relatora por Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola.
LA PRENSA/E. ROMERO
Entre el 17 y el 21 de mayo en sus Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua emitió 15 recomendaciones, 13 de las mismas están sin cumplir y de las dos que ha cumplido están a medias porque ha faltado el apoyo para el trabajo del Meseni y del GIEI, aunque Urrejola destaca la importancia de la presencia en Nicaragua. “Del informe que nosotros hicimos con el conjunto de recomendaciones, yo diría que lamentablemente solo dos (se han cumplido), que no son menores en todo caso, porque uno fue el establecer cierto mecanismo de las recomendaciones, ese es el Meseni, a partir de lo cual al cumplir esa recomendación nos ha permitido tener un equipo permanente en Nicaragua, que nos está informando permanentemente de la situación y creo que ya es importante tener el Meseni”, expresó Urrejola.
GIEI con obstáculos
En cuanto al GIEI, Urrejola dijo “como usted sabe en este momento está desarrollando su labor con obstáculos, pero igual están allí en Nicaragua haciendo su trabajo”.
Y en cuanto a las demás recomendaciones, “lamentablemente no se han cumplido (…) una era el cese de la represión y el desmantelamiento de los grupos parapoliciales y los grupos de terceros armados, eso continúa; el otro tenía que ver con la entrega de estadísticas sobre los heridos en los hospitales y la atención otorgada por los hospitales, no se recibió esa información, y otras recomendaciones sustantivas que no se han cumplido”.
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A Urrejola le llama la atención el cambio de los funcionarios del régimen, pues en las dos visitas que ella ha realizado a Nicaragua pudo entrevistarse con representantes de la Policía Orteguista, Fiscalía, la Asamblea Nacional y el mismo canciller Denis Moncada. “Ellos en su momento nos entregaron información y la verdad que uno de los temas que nosotros reconocimos en nuestra visita de trabajo fue las facilidades que nos dio el Gobierno y las reuniones que tuvimos”, dijo Urrejola.
Igual en la segunda visita, la relatora de país pudo ingresar al Chipote, pero “luego hubo un giro de parte del Estado”.
Dos meses de censura orteguista
La comisionada Urrejola se refirió al rechazo de la representación del régimen por el Estado de Nicaragua, primero cuando presentaron el informe ante el Consejo Permanente de la OEA, “pero así y todo, posteriormente yo fui y pude tener una reunión de trabajo e ingresar al Chipote, pero luego hubo un cambio del discurso, dijeron que nosotros estábamos manipulando las cifras, que nosotros mentíamos”.
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“Y a partir de allí el Estado, primero empezó a poner problemas para que pudiéramos por ejemplo ir a los centros de detención, la solicitud de información demoraban, pero de un tiempo a esta parte ya ni siquiera responden las solicitudes de información”, confió Urrejola, quien estima que desde hace unos dos meses el Estado tampoco les proporciona información.
Mencionó como ejemplo que el régimen no respondió a la solicitud efectuada en días pasados por el relator de privados de libertad, para ingresar al Chipote y a otros centros de detención en el país, y tampoco pudo sostener reunión con las autoridades del Gobierno.
De país más “seguro” a país de “terroristas”
Urrejola retomó señalamientos que hizo en una de las dos audiencias sobre Nicaragua el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, “que no puede ser que un país que hace cinco meses era uno de los más seguros del continente hoy día pase a estar lleno de terroristas y yo creo que confundir la oposición política con terrorismo es muy grave”.
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Urrejola advirtió que “mientras el Gobierno no deje de ver enemigos y vea una oposición política y se siente a la mesa, francamente no veo la salida y el problema es ese, es ver a los opositores como enemigos, y esa es la situación que vemos hoy día”.
Urrejola hizo un llamado al régimen a entender “que aquí hay un pueblo nicaragüense que tiene diferencias, algunos podrán estar a favor del Gobierno, estar en contra, pero ese es el juego de la democracia y el tema es buscar un diálogo y una salida política, y permitir las manifestaciones y las protestas es parte del juego democrático”.
La semana pasada la comisionada Urrejola aprovechó el espacio de las dos audiencias sobre Nicaragua celebradas en el 169 período de sesiones en Boulder, Colorado —a las que no asistió la representación del Estado de Nicaragua— para afirmar que “vamos a seguir haciendo nuestro trabajo” e hizo un llamado una vez más al Estado a entregarles información.
Según Urrejola, en los más de cinco meses de represión la CIDH registra 325 personas fallecidas, de estas 21 policías y 24 niños y adolescentes, así como unas trescientas personas detenidas en el marco de la protesta social.
“Sería muy importante que el Estado de Nicaragua pudiera trabajar con la Comisión para tener mayor claridad sobre el número de personas detenidas, cuáles son los cargos que se les imputan, quiénes están siendo procesados”, expuso Urrejola durante una de las audiencias.
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Esta situación afecta el trabajo de esa Comisión, “porque así como el Estado puede decir que nosotros manipulamos la información y nuestra información no es fidedigna, la mejor manera de poder contrarrestar eso es que ellos nos entreguen su información y nos hagan ver su visión de las cosas y nos entreguen la información para nosotros poder contrarrestarla”.
Harakiri orteguista
El silencio del régimen no solo incide en la labor que realiza la CIDH en Nicaragua, sino que a criterio de Urrejola también “perjudica al propio Estado que tiene un discurso, contrario a las denuncias, dice que nosotros mentimos, pero desde el momento en que no se establece un intercambio de información no se establece un diálogo, es difícil poder contrarrestar eso y saber si la información que nosotros tenemos cumple o no cumple con la información que tiene el Estado, siempre es importante que el Estado nos entregue la información oficial”.
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Esto porque una vez que obtienen la versión oficial, la contrarrestamos con sus fuentes de información y es parte de la labor que desarrollan con todos los estados. Urrejola dice que el mayor problema para el trabajo de seguimiento que realizan en Nicaragua no es solo la falta de acceso a la información, que es útil, sino que considera que el mayor problema representa que no puedan sostener reuniones de trabajo, que no les autoricen el ingreso, por ejemplo, a los centros de detención.
Sin embargo, señaló la relatora para Nicaragua que a través del Meseni la CIDH está permanentemente recibiendo las denuncias y recibiendo los testimonios tanto de los familiares de las víctimas como de las propias víctimas “y también tenemos información de primera mano de quienes han sido vulnerados sus derechos y eso también es importante”.
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En fechas pasadas el GIEI también se pronunció ante la falta de acceso a la información para investigar los casos. No obstante, consideró que estos trabajan con distintas fuentes de información y toman testimonios de las víctimas y de testigos en las distintas situaciones. Aunque aclaró que el GIEI por ahora es un grupo de expertos independientes, con los que tienen coordinaciones, pero ellos trabajan de manera autónoma e independiente de la Comisión.
No es solo Nicaragua
Esta situación enfrentada por la Comisión no pasa solo en Nicaragua, aparentemente es propio de los regímenes dictatoriales, pues en el caso de Cuba, igual que el de Ortega Murillo, tampoco acude a las audiencias, no responde, a veces responde algunas cosas, pero en el fondo no reconoce la competencia de la Comisión,.
Mientras Venezuela, aunque acude a las audiencias, no autoriza el ingreso de la Comisión “lo que es lamentable”.
Pero sí ellos vienen a las audiencias y entregan su información en las audiencias públicas.
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“Lo ideal es que tengamos estados colaborativos, más allá de las diferencias y que participen de las audiencias y que nos dejen entrar al país. Pero si usted me hiciera elegir, yo creo que es mucho más importante ingresar al país porque es una forma de obtener información directa en el terreno que las audiencias”.
Refirió Urrejola que las audiencias son muy importantes por la visibilidad de los temas y porque se genera un diálogo entre los peticionarios y el Estado y es un diálogo público en que toda la gente del continente puede ver, en una visita de trabajo eso no sucede”.
Sin embargo, con la presencia en el país la CIDH puede acceder a la gente que no tiene la posibilidad de acudir a las audiencias por un lado, y segundo que no es lo mismo recibir un testimonio en audiencia pública, que recibirla en el país y lograr ver también el clima generalizado existente “y en el terreno eso es invaluable para la Comisión”.
Secuestros y detenciones
En relación con las denuncias sobre los secuestrados, la relatora Antonia Urrejola dijo que sí han recibido muchas veces denuncias de secuestro, que en general tienen que ver con personas que son detenidas por la Policía Orteguista o grupos de parapolicías, pero que luego aparecen detenidos en el Chipote o en otros centros de detención.
Y esto a su criterio se enmarca en detenciones arbitrarias, que ya lo han denunciado, pues las personas son detenidas sin tener procesos previos, sin existir formulación de cargos.
Sin embargo, no han podido constatar que se trate de desapariciones forzadas y aunque reconoce que lo han escuchado de forma reiterativa de parte de distintas personas y organizaciones, lo que hemos establecido son desapariciones de algunos días cuando la gente es detenida por parapolicías y posteriormente aparecen en algún centro. Para la CIDH son desapariciones forzadas cuando las personas son detenidas por agentes estatales o agentes privados, y el Estado niega información y nunca más se sabe de su paradero hasta muchos años después.
Impactada por detenciones
Durante una de las audiencias sobre Nicaragua, a Urrejola le impresionó mucho que varias de las personas, entre ellas líderes estudiantiles que ahora están siendo procesados, brindaron sus testimonios. “Yo prefiero no darle los nombres, pero hay varios de ellos que nosotros conocemos, que se acercaron al hotel, que llegaron a dar sus testimonios, varios de ellos con mucho temor ya en su momento, entonces cuando uno ve que están detenidos es bien impactante, es bien impactante”, manifestó Urrejola, quien reiteró el compromiso de la Comisión con el seguimiento a la crisis de Nicaragua, situación que dijo seguirán monitoreando. Y en un comunicado de prensa al concluir el 169 período de sesiones, la CIDH destaca que al finalizar su período de sesiones ha evaluado el panorama general de la situación de los derechos humanos en todos los países de la región, especialmente en Nicaragua y Venezuela.