La violencia sexual durante las detenciones arbitrarias a lo largo de más de cinco meses de protesta habría sido utilizada por miembros de la Policía Orteguista (PO) o de paramilitares, como mecanismo de tortura en contra de los presos políticos, de acuerdo a organismos defensores de derechos humanos y de mujeres en Nicaragua.
Este tema salió a luz durante las exposiciones que, por separado, hicieron peticionarios de Nicaragua a propósito del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este martes celebró dos audiencias vinculadas a la crisis del país en el contexto de las protestas sociales, en Boulder, Colorado.
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Este hecho expuesto por los peticionarios llamó la atención de la relatora para Nicaragua por la CIDH, comisionada Antonia Urrejola, que fungía como presidenta de ambas audiencias y que solicitó mayores detalles pues, según les expresó: “Es un tema que aparece de manera recurrente, pero quiero ser muy franca yo no tengo claro el patrón y quisiera preguntarles un poco más que tiene que ver con las denuncias de violencia sexual”.
De acuerdo a lo expresado por la relatora Urrejola, ese organismo ha recibido denuncias al respecto, pero aclaró que aisladas, por tanto no le queda claro si es un patrón.
Un tema que no han podido documentar
“Ese es otro tema que así como el tema de las desapariciones forzadas, este es un tema que está dando vuelta, pero que nosotros no hemos logrado documentar, en el tema de violencia sexual, nosotros tenemos un testimonio, dos no recuerdo en este momento, pero no hemos logrado determinar si existe un patrón en el tema”, sostuvo este miércoles a LA PRENSA la comisionada Urrejola.
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“Yo entiendo lo que ellos (peticionarios) plantearon que también hay mucho temor a veces de dar esos testimonios, por lo tanto, yo por seriedad en este momento no le puedo decir que exista una práctica de violencia sexual con las detenidas, no tengo los elementos para decirle eso”, dijo Urrejola.
No obstante, manifestó que es consciente que se trata de un tema “que nosotros tenemos que tomar atención y seguir escuchando respecto a estas denuncias para ir formando una opinión y entiendo la complejidad que este tipo de denuncia tiene, por lo tanto sobre eso yo no digo que no, pero tampoco digo que si (…) es una situación que estamos tratando de investigar para irnos formando una opinión más objetiva”.
IND recibió denuncias
En su exposición el martes, Violeta Delgado, por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND) indicó que esa organización ha recibido desde el inicio de la crisis de violación de derechos humanos que atraviesa el país a partir del 18 de abril, 182 denuncias de mujeres defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de diversas formas de agresiones. Y una de las mismas fue la amenaza de violencia sexual y en algunos de los casos la violación sexual.
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“La IND ha registrado casos en los que jóvenes detenidas arbitrariamente y/o secuestradas y llevadas por grupos armados irregulares o agentes policiales a centros de detención públicos o clandestinos, fueron víctimas de violación sexual como mecanismo de tortura durante las detenciones”, aseguró Delgado.
Tras agregar, que también registran “el uso de la violación durante los interrogatorios en El Chipote (y) se ha documentado con varios testimonios”.
LA PRENSA/ARCHIVO/Carlos valle
También Ieep conoce de casos
Mientras Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estadísticos y Políticas Públicas (Ieepp), aseguró que “desde la perspectiva del instituto que dirijo, dado que nuestra fortaleza es el manejo de datos, nos parece curioso que de seis médicos que hemos entrevistado cuatro de ellos han atendido casos de violencia sexual”.
Maradiaga fue uno de los peticionarios junto a Delgado que se refirió a la situación en el país, quien recordó que la violencia sexual es uno de los temas más difícil de documentar por la resistencia de las víctimas de ofrecer información, luego que han salido y han sufrido el abuso.
Al ser abordado por LA PRENSA, Maradiaga confió que este tipo de hechos “es gravísimo” .
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“La pregunta es que si es un patrón y la respuesta que nosotros hemos dado es que estadísticamente sí puede ser considerado un patrón, en el sentido (que) hay un rango de violencia sexual que va desde la amenaza de la violación, ¿a qué me refiero con esto? a que una persona que es capturada, le empiezan a torturar psicológicamente diciendo te vamos a torturar, eso es violencia sexual, la consumación de la violación ciertamente es un fenómeno estadísticamente hablando menos recurrente pero no menos grave”, expuso Maradiaga.
Recordó que un grupo de médicos, con el permiso de sus pacientes y en otros casos las víctimas, les han ofrecido la información y menciona por ejemplo la ocurrencia de algunos casos en el norte del país donde los jóvenes fueron sodomisados utilizando armas de fuego. Lo que indica que estos no solo ocurrió con víctimas mujeres.
U.Molina/LAPRENSA.
“Ese es un patrón común que se está viviendo contra la gente campesina”, señaló Maradiaga quien reconoció que también han documentado casos en Jinotepe.
A criterio de Maradiaga esto “tiene base en una mentalidad homofóbica, misógena, machista, donde la violencia sexual y la degradación de la humanidad de la hombría de la persona está obviamente al centro del mecanismo de tortura”.
Maradiaga destacó que en estos casos las mujeres tienen mayor vulnerabilidad “porque los perpetradores de este tipo de violencia son hombres, son paramilitares, son miembros de las turbas sandinistas, lo que nos obliga como sociedad a preguntarnos ¿qué es lo que está pasando? porque hay algo elementalmente putrefacto del uso de la violación sexual como mecanismo de tortura”.
Y añadió que “sin ánimo de hacer política, sin ánimo de ser controversial, sin ánimo de ser sensacionalista lo que deberíamos preguntar es si acaso esto no está conectado con el hecho de tener a un abusador sexual al frente del Estado de Nicaragua (…) eso ha generado de alguna forma, algún efecto dominó de permisibilidad del abuso sexual”.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) también se refirió que de unos 1,500 detenidos arbitrariamente durante este período, el 90 por ciento ha sido torturado y entre las prácticas empleadas por la Policía Orteguista y paramilitares están las violaciones sexuales y la sodomización con armas de fuego y destacó el caso divulgado ampliamente de Bryan Cruz, en Jinotega a quien dijo, “la Policía le castró y le causó una herida profunda en el año”.