El régimen de Daniel Ortega cortó toda comunicación con la Organización de Estados Americanos (OEA) desde finales de agosto, afirmó el representante universitario Douglas Castro, quien formó parte del grupo de la Alianza Cívica que este miércoles se reunió con el secretario general de la organización, Luis Almagro.
LA PRENSA consultó con la oficina de prensa de la OEA sobre el tema, pero no hubo respuesta.
El secretario Almagro informó a través de sus redes sociales que conversó sobre las “demandas de democracia, libertad y justicia” con jóvenes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril y la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y que son miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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“Respetamos el compromiso de la juventud nicaragüense con esos principios”, dijo Almagro en la publicación.
Los estudiantes Douglas Castro y Jeancarlo López, ambos exiliados debido a la persecución contra ellos por parte de la dictadura, estuvieron en la reunión con Almagro.
Castro explicó vía telefónica a LA PRENSA que el secretario general les afirmó que “los canales de interlocución con el Gobierno están prácticamente cerrados con la OEA, y ven en ese sentido un atrincheramiento del régimen”.
Entre los temas que habrían abordado con Almagro, según Castro, estuvieron la preocupación por el complicado panorama del país por la negativa del dictador de dejar entrar a Nicaragua al Grupo de Trabajo conformado en la OEA, la situación de los presos políticos, el bloqueo a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la expulsión de la misión del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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“El secretario (Luis) Almagro nos dijo además que ven con suspicacia los esfuerzos del régimen por montar un diálogo que le lave la cara, como lo han intentado otras dictaduras en la región. Considera un error pensar que se puede alcanzar un acuerdo económico sin solucionar lo político, y que sería un error de los miembros del SICA facilitar ese diálogo para sostener al régimen de Ortega”, aseguró el estudiante Castro.
La mayoría de los gobiernos latinoamericanos en el Consejo Permanente de la OEA han aprobado tres resoluciones donde condenan a la dictadura Ortega-Murillo por la represión desatada en las protestas cívicas emprendidas en abril, que han causado la muerte de entre 322 y 512 nicaragüenses, según organismos de derechos humanos.
La última resolución de la OEA fue el 12 de septiembre, la cual busca presionar a la dictadura para que restablezca el diálogo nacional, suspendido desde junio, y para que acepte un calendario electoral en el que se programen elecciones adelantadas para 2019.
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Ortega está confrontado con la comunidad internacional, empezando con la OEA, al rechazar el adelanto de las elecciones y se niega a retomar el diálogo con la mediación de la Iglesia católica, a la que acusó de “golpista”. Su Policía Orteguista (PO) y los paramilitares han apresado a estudiantes y campesinos miembros de la Alianza Cívica, señalándoles de terroristas, y la PO violó la Constitución al declarar “ilegales” las marchas ciudadanas contra el régimen, elevando así la represión.
La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, incluso pidió la renuncia de Almagro, luego que este llamara a la comunidad internacional a “asfixiar a la dictadura que se viene instalando en Nicaragua”, en respuesta a la negativa del régimen por reinstalar el diálogo nacional y buscar una solución democrática a la crisis.
Al principio de la crisis, Almagro apostó a que Ortega aceptaría adelantar elecciones en un plazo propuesto por la OEA y por eso evitó enfrentar al dictador.
Prefiere la represión
Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica, ve como “mala señal” que no exista comunicación con la OEA porque “quiere decir que el Gobierno de Nicaragua se está cerrando a cualquier salida civilizada a la crisis, pese a que es una vía apoyada por el Consejo Permanente y la comunidad internacional”.
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Tünnermann interpreta que Ortega está desconociendo el Memorándum de Entendimiento firmado en 2016 con la OEA para el mejoramiento del sistema técnico político electoral nicaragüense, lo que para el catedrático sería “un grave error” que podría que Estados Unidos acelere las sanciones contra la dictadura orteguista.
Separado de democracias
La Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos y la mayoría de gobiernos de Latinoamérica han llamado en reiteradas ocasiones a Ortega a retomar el diálogo. El régimen Ortega-Murillo no responde a esos llamados. El analista Carlos Tünnermann insistió en que la postura de la dictadura es equivocada porque se confronta a la comunidad internacional, que ha demostrado estar dispuesta a meter mayor presión, con sanciones. “Y este cierre de la comunicación con la OEA es dañar más su imagen, que tendrá graves consecuencias al país”, dijo.