Además de exhortar al gobierno de Daniel Ortega a retomar el calendario electoral acordado conjuntamente con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Permanente de ese organismo como parte de la presión instará este miércoles a los Estados miembros a implementar sanciones bilaterales contra el régimen orteguista.
Esto de aprobarse el proyecto de resolución que será discutido este miércoles en el seno de ese organismo regional.
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Esos son dos de los principales puntos que recoge el proyecto de resolución que será discutido este miércoles, durante la sesión extraordinaria sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA.
En el proyecto de resolución de ocho puntos, circulado ayer, el Consejo Permanente llama al gobierno del designado presidente Daniel Ortega a restablecer el diálogo como salida democrática a la crisis; se lamenta el rechazo a cooperar con el Grupo de Trabajo de la OEA e insta a Ortega a reconsiderar su decisión para la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles en el país.
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El punto siete de la propuesta se llama a “los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
Para José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, con este punto el Consejo Permanente abre el camino para que los gobiernos del continente adopten sanciones bilaterales al régimen de Ortega, a fin de aislarlo más y forzarlo a retomar el diálogo, cese la represión a la población y acepte la vía electoral propuesta por la organización.
La lectura de Velásquez es que la comunidad internacional está diciendo claramente que si Ortega no reactiva el Diálogo Nacional y retoma el calendario electoral propuesto por la Secretaría General de la OEA, donde se contempla el adelanto de las elecciones, “vendrán más sanciones como las económicas, orientadas a aislarlo más, y ningún gobierno puede resistir aislado”.
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De hecho, en el punto cinco del proyecto de la resolución, se exhorta a Ortega “para que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”, que contempla el adelanto de las elecciones para marzo de 2019, como salida democrática al crisis.
También se volverá a condenar “los actos de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros contra el pueblo de Nicaragua”, documentados en los informes de la CIDH y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Y nuevamente urgen al Gobierno a “ investigar las violaciones y tomar acciones efectivas para que los responsables respondan ante la justicia”.
Nicaragua camino a la expulsión de la OEA
El exdiplomático Velásquez ve en el actuar de la mayoría de miembros de la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana, que podría conducir a la eventual expulsión de Nicaragua de ese foro.
“La conformación de la comisión especial ya funciona, y en la nueva resolución se insta a los países a tomar acciones de mayor presión, ya se presiona a través de los organismos financieros internacionales para que tengan cautela con los desembolsos a Nicaragua, la última opción es la convocatoria de los cancilleres”, explicó.
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El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre opinó que esta acción del Consejo Permanente podría ser el preámbulo de la reunión de cancilleres que “sería un paso trascendental, porque veremos en el umbral de esa acción más dura contra el gobierno de Ortega” para su expulsión.
Aguirre mencionó que como consecuencias de si Nicaragua sale del sistema interamericano está la limitación a fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las instituciones que más recursos da al país.
“No solo el voto de Estados Unidos importa porque Colombia, Canadá y la mayoría de Estados de Latinoamérica están dispuestos a tomar las acciones necesarias” contra Ortega, agregó.
Será la sexta reunión del órgano continental para abordar la grave crisis en Nicaragua provocada por la represión del ejecutivo de Ortega en contra de las protestas ciudadanas, que desde abril dejan entre 322 y 481 asesinatos, miles de heridos y de presos políticos.
¿Acción tardía?
El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, estima que ese organismo actúa tardíamente en la crisis de Nicaragua y que sus resoluciones no tienen un efecto directo sobre lo que sucede en el país, donde Ortega continúa violando los derechos humanos.
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“La OEA actúa tardíamente porque cuando debieron haber parado los proyectos de permanencia de Daniel Ortega en el poder, que pasó encima de la Constitución, la OEA lo ignoró, los países lo ignoraron, incluyendo Estados Unidos”, afirmó Cochez.