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Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la rotonda Jean Paul Genie de Managua.

Alianza Cívica exige la reinstalación del diálogo nacional

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua deben seguir siendo mediadores del diálogo, manifiestan.

Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitieron una proclama en la que exigen la reinstalación del Diálogo Nacional, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo.

También piden incorporar garantes internacionales “apropiados”, en ese sentido, Azahalea Solís, miembro de la Alianza, dijo que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, o el Centro Carter serían aceptados como garantes.

“El diálogo está llamado a definir la convocatoria a elecciones generales anticipadas, libres, transparenes y competitivas, con observación nacional e internacional para que los nicaragüenses en un ambiente de paz y libertad podamos decidir quiénes deben gobernar el país”, expresa la proclama denominada “desde las calles acusamos a la dictadura”.

Este lunes se conoció que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, se reunió con António Guterres por segunda vez en poco más de un mes, en la sede central de la ONU, en New York. El gobierno de Daniel Ortega ha pedido a la ONU que medie en un diálogo para tratar de buscar una salida a las protestas en contra de su Gobierno, pero el organismo internacional no ha dado una respuesta pública.

Ortega quiere diálogo a medida

Solís dijo que Ortega está buscando crearse “un diálogo propio”, en el cual pueda manipular a sus garantes y a sus mediadores.

El diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la sociedad civil se instaló el 16 de mayo, para buscar una salida pacífica a la crisis por la represión policial contra las protestas estudiantes, sin embargo, la represión policial aumentó y además surgieron fuerzas paramilitares que acompañaban a los policías, por lo que el diálogo fue suspendido.

Según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) más de 400 personas han muerto por la represión desde el 19 de abril. 

Piden cese a la represión

La proclama explica que para lograr un “diálogo fructífero” debe cesar la represión y las represalias, el desarme de las fuerzas parapoliciales y otros civiles armados, así como el cese de la criminalización de la protesta y judicialización arbitraria e ilegal de quienes protestan.

Lea además: Desapariciones forzadas, la otra cara de la represión en Nicaragua

Según organismos de defensa de derechos humanos, más de 100 personas han sido detenidas y están siendo judicializadas acusados de terrorismo, crimen organizados, entre otros delitos por su participación en las protestas que demanda la salida del poder de Daniel Ortega.

“Desde las calles acusamos a la dictadura”

“Acusamos a la dictadura a la dictadura por las decenas de desaparecidos, cuyas familias buscan, sin respuesta alguana. También le acusamos por el uso de cárceles clandestinas y de la violencia sexual como mecanismo de tortura. Acusamos a la dictadura de Ortega y Murillo por asediar, intimidar, perseguir, reprimir, secuestrar y asesinar, haciendo uso de la Policía Nacional, de sus turbas, grupos de choque y fuerzas parapoliciales, jueces, fiscales y carceleros, al pueblo de Nicaragua en las protestas cívicas en todo el país”, expresa la proclama.

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