El régimen de Daniel Ortega ha descalificado con acusaciones falsas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidentemente molesto por el trabajo que esta ha hecho documentando y denunciando las violaciones masivas de los derechos humanos que han sufrido los nicaragüenses desde el 18 de abril.
La cancillería de Ortega acusa a la CIDH, de que “en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos y otros países promueve maniobras políticas injerencistas, intentando desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua con el objetivo de derrocar a su Gobierno constitucional”. Asegura que los informes de la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son “cuestionables por su sesgo político”, sostiene que su metodología “carece de todo rigor científico” y la acusa de que “manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica…”
La CIDH llegó a Nicaragua el 17 de mayo, por invitación del Gobierno, como lo requiere el artículo 18 de su Estatuto. Pero de hecho fue obligado a invitarla por la fuerte presión nacional e internacional, ante las horrendas violaciones a los derechos humanos durante la criminal represión de las protestas estudiantiles, que motivó la rebelión desarmada de los ciudadanos que demandaron la salida del poder de Ortega y Murillo.
En su informe preliminar del 21 de mayo, la CIDH hizo 15 recomendaciones que Ortega aceptó y se comprometió en el Diálogo Nacional a ponerlas en práctica. Pero no cumplió.
Después que la CIDH presentó su informe definitivo, Ortega aceptó que llegaran al país los grupos internacionales de seguimiento y de investigación de los acontecimientos, desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo, para determinar responsabilidades y procurar justicia y reparaciones a las víctimas. Pero también con estas comisiones el régimen ha actuado maliciosamente, negándoles información y acceso a las cárceles y audiencias judiciales para que no pudieran cumplir sus mandatos.
Es que Ortega aceptó la presencia de la CIDH en Nicaragua porque su régimen se estaba tambaleando ante la rebelión popular y necesitaba tiempo para recuperarse. Esa fue la misma razón que tuvo para pedir a la Iglesia católica que organizara el Diálogo Nacional, sin tener voluntad para negociar un acuerdo que permitiera resolver la crisis mediante la democratización, ya fuese a partir de su renuncia inmediata del poder o de la celebración anticipada de elecciones generales.
Ahora, encaramado en una montaña de cadáveres e imponiendo el terror Ortega se siente recuperado. Y acusando falazmente a la CIDH y negándose a reconocer al Grupo de Trabajo creado por la OEA para ayudar a Nicaragua a salir de la crisis por una vía democrática, demuestra su desprecio a la comunidad democrática internacional. Pero se arriesga Ortega a un mayor aislamiento externo y a sufrir consecuencias imprevisibles.
