En la nueva normalidad de Masaya, hombres armados, ocultando su identidad con capuchas, se pasean por toda las ciudades, escasean los transeúntes en las calles, la gente no quiere hablar con los periodistas y miran para todos lados como si alguien los está vigilando. Agachan entonces la cabeza cuando pasan los verdugos.
En los barrios Monimbó, San Miguel y San Juan de Masaya se vive un ambiente lúgubre, aún en el día; silencio, pero no calma. Los ojos tristes de sus habitantes reflejan que algo muy doloroso pasó en ese lugar. Estos barrios resistieron la más brutal represión por oponerse al gobierno de Daniel Ortega.
Sigue represión en Masaya
El padre Edwin Román, que asiste la parroquia de San Miguel, asegura que la población sigue siendo reprimida, aunque ya no hay barricadas. El sacerdote asegura que todos los días, desde la madrugada, los paramilitares llegan a las casas en busca de jóvenes que participaron en las protestas.
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Las protestas ciudadanas demandan la salida de Ortega del poder desde abril, cuando comenzó la brutal represión policial contra los estudiantes que protestaron contra la reforma al Seguro Social. La represión ha dejado un saldo de 448 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Los paramilitares, además de ser colaboradores de la Policía, también se coordinan con los “sapos”, como se les llama a los informantes locales que delatan la ubicación de quienes participaron en las protestas, para que los armados —mejor conocidos como paramilitares—, lleguen a secuestrarlos y después aparecen detenidos en la Policía.
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El padre Edwin dice que hasta la catequesis de jóvenes fue clausurada por el temor a los paramilitares.
Ortega reconoció en una entrevista con una cadena internacional de noticias que los paramilitares trabajan para su gobierno, bajo el cargo de “policías voluntarios”.
El general en retiro Hugo Torres, miembro del opositor Movimiento Renovador Sandinista, manifestó que los paramilitares son la fuerza bruta del entramado creado por el gobierno de Ortega, para reprimir las protestas ciudadanas, y del que también forman parte los llamados “orejas, soplones o sapos”.
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Luego entran en juego la Policía, la Fiscalía y el juez, para acusar, condenar y echar presos a los críticos del Gobierno, a los participantes de las protestas y a quienes ayudaron de alguna forma a los sublevados.
Torres dijo que Ortega está priorizando el mantenimiento de los paramilitares, en detrimento de todas las necesidades del país, porque esta fuerza armada es la única fortaleza que tiene para mantenerse en el poder.
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“La prioridad de Ortega es mantener la represión tal como la está desarrollando. Seguir llenando las cárceles de presos, que, al final de cuentas son rehenes que se paran ante un juez que es el jefe del pelotón de fusilamiento judicial, que ya tiene listo el machote con que te va a condenar y los crímenes que te van a imputar, aunque tu delito haya sido darle agua o dar de comer a los jóvenes que protestaban”, expresó Torres.
Según el militar retirado, Ortega tiene la esperanza de que a partir de la represión cambiará la correlación de fuerzas a su favor y tratará de llegar así hasta el año 2021, cuando finaliza su tercer período consecutivo de Gobierno.
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El otro escenario es si no fuera posible esto y entonces tratará de negociar con los presos políticos a cambio de su impunidad, en el caso de que se vea obligado a adelantar las elecciones.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, informó que la mayor parte de las denuncias que llegan a este organismo están relacionadas con captura, agresión y robo de parte de los paramilitares.
Gente deja casas
En Matagalpa, al norte del país, decenas de pobladores han tenido que abandonar sus casas y permanecer ocultos ante el constante asedio de los encapuchados que se movilizan en vehículos sin placa y fuertemente armados con fusiles de guerra y pistolas.
En otros casos, los ciudadanos se van por las frecuentes amenazas de que serán encarcelados. En los municipios de Matiguás, Sébaco, Darío, Matagalpa y Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa, es donde se han reportado más muertes a manos de los paramilitares.
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Los paramilitares también amenazan con incendiar las casas de quienes protestan, como denunció un hombre de 29 años ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), también en Matagalpa.
Él admite que apoyó el tranque sostenido durante casi dos meses y que los manifestantes abandonaron la noche del 6 de julio, en Matiguás.
A partir del 7 de julio, cuando ejecutaron el llamado “plan limpieza”, con que el que las autoridades quitaron los adoquines levantados por la población, arreció la persecución en Matiguás.
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Omar Castellón, coordinador del Cenidh en Matagalpa, confirmó que solo este mes en esa organización han recibido al menos 15 denuncias, sumadas a otras 146 recibidas en julio recién pasado, dirigidas propiamente contra los grupos paramilitares.
Una mujer de 41 años admitió ante el Cenidh que participó en protestas; sin embargo, ahora “los paramilitares me andan buscando para matarnos a mis hijos y a mí”, por eso se fue de la casa que ahora está ocupada por los agresores.
Mientras tanto, un hombre se tuvo que ir de Rancho Grande porque “los encapuchados” llegan a preguntar por él.
Como no lo encuentran, teme que puedan hacerle algo a su esposa e hijos.
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Los testimonios ante el Cenidh incluyen a padres y madres preocupados por sus hijos adolescentes y jóvenes que participaron en marchas y que ahora “son buscados” por los paramilitares.
Los jóvenes han dejado de ir a clases y permanecen ocultos, en algunos casos, mudándose a casas de familiares en otros barrios y sin permanecer mucho tiempo en el mismo sitio.
En la ciudad de Matagalpa, una mujer de 35 años dice que los paramilitares asedian su casa, sus niños “han sufrido un daño psicológico grande y ya no los llevo a la escuela… Tienen miedo hasta cuando ven a un policía”.
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Los testimonios de los denunciantes coinciden en que los paramilitares “hacen rondas” en una especie de patrullaje, principalmente en las noches, en las distintas cabeceras municipales, andan listas de “los buscados”.
En ciudades como Granada, al oriente del país, se repite la historia, pero en este caso han disminuido su actividad pública por la queja de los dueños de negocios turísticos.
A cargo de la persecución, secuestro y agresión
En el municipios de Nueva Segovia, los paramilitares han sustituido a la Policía, porque son los que se encargan de perseguir, capturar y hasta secuestrar a quienes consideran delincuentes, que en su mayoría son personas que adversan al gobierno de Daniel Ortega.
Esa situación la vivieron la tarde del pasado miércoles un grupo de campesinos de la comunidad de El Quemazón, quienes salieron de ese lugar en una marcha de seis kilómetros hasta el poblado del municipio de Santa María, zona de Nueva Segovia, y cuando ya la marcha había concluido y retornaban a sus hogares fueron perseguidos por un grupo de 12 paramilitares armados con escopetas, revólveres y fusil AK, y a bordo de una camioneta propiedad del partido gobernante.
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Una de las víctimas fue el exmilitar y combatiente histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el campesino Marco Elí Acevedo, a quien los armados lo capturaron cuando este iba llegando a su casa en la comunidad de El Quemazón, y por presión de los habitantes del lugar fue dejado en libertad, pero fue salvajemente golpeado y todavía permanece en estado delicado en su casa, ya que sufre de fuertes dolores abdominales por los golpes de culatas de los fusiles que le propinaron los paramilitares que pretendían llevárselo.
A los paramilitares se les ve operando cada vez más en los municipios aguerridos de Jalapa, Ciudad Antigua, Jícaro, Murra, Quilalí, San Fernando, Santa María, Mozonte y la ciudad de Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia.
También en los municipios de San Juan de Río Coco, Palacagüina, Yalagüina, Totogalpa, San José de Cusmapa, San Lucas y la ciudad de Somoto, en el departamento de Madriz.