Para el jurista y exasesor en el Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, la estrategia de castigos para el gobierno de Daniel Ortega, que asegura “opera como un cartel criminal”, debe estar compuesta por sanciones individuales y comprensivas, que incluya a todo el entorno del gobernante.
A su juicio, las sanciones individuales no son suficientes para un régimen totalitario como el de Ortega. Poblete explicó que las sanciones limitadas tocan a individuos por situaciones específicas como narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y tráfico de personas. Mientras que la plataforma comprensiva es mucho más amplia, dado que abarca mayores penalidades como castigarlos, evitando que no puedan usar la banca para sus negocios, viajar por el mundo, mientras serían investigados por la Policía Internacional (Interpol).
Para Poblete, la combinación de sanciones individuales con la comprensiva puede ser exitosa.
Las protestas que iniciaron en Nicaragua el pasado 18 de abril, han dejado un saldo de 448 muertos, cerca de tres mil heridos, un número no preciso de desaparecidos producto de la represión gubernamental que han ejecutado grupos paramilitares armados con fusiles de guerra que operan en complicidad con la Policía Nacional.
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La mayor parte de las víctimas han sido ejecutadas con disparos en la cabeza. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó que hay al menos 137 presos políticos.
El experto habló sobre el caso de Nicaragua tras el anuncio de la oficina de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, sobre la nueva propuesta que un grupo de legisladores estadounidenses presentará a la Casa Blanca para investigar y sancionar bajo la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability, a dos de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hijos del poder
Se trata de Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Otros dos propuestos son el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la ministra de Salud, Sonia Castro.
Los cuatro son señalados por corrupción y serias violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con analistas en Nicaragua, la medida propuesta estaría creando un cerco alrededor de la familia presidencial.
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Poblete coincide con ese análisis, pero estima que las sanciones deben ser más amplias y aplicar a todos los que rodean a Ortega.
“Se sabe quién es parte de ese gobierno, hay que investigar y no solo (sancionar) dos o tres a la vez, sino a todos los implicados en ese negocio criminal, sancionarlos para que no puedan utilizar la banca para lavar dinero”, expuso el jurista.
Más iniciativas de sanciones
En el Senado, existen dos iniciativas legislativas dirigidas específicamente a ampliar las sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. La primera es el Nica Act, propuesta por la congresista Ileana Ros-Le htinen, aprobada por la Cámara de Representantes en el 2017, que restringiría al Gobierno de Nicaragua acceder a los créditos de la banca internacional mientras no haya elecciones libres y transparentes, se combata la corrupción y no se violen los derechos humanos en el país. Esta propuesta también entraría dentro de las sanciones que el jurista Jason Poblete considera como “comprensivas”.
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La segunda es la Ley de 2018 para los Derechos Humanos, propuesta por el líder demócrata del Senado, Bob Menéndez, que solicita la aplicación de sanciones contra funcionarios del gobierno de Ortega, responsables de asesinatos cometidos durante las protestas.