Trece países de América Latina emitieron este lunes una declaración especial en Bruselas, Bélgica, en la que “exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense” y “el desmantelamiento de los grupos paramilitares“.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son los países que expresaron su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, en una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea (UE).
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El país vive una crisis desde el pasado 18 de abril, cuando el gobierno de Daniel Ortega ordenó la represión policial y de fuerzas paramilitares contra las protestas civiles que demandan su salida del poder.
Estos países “instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país”.
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También apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Departamento de Estado se pronuncia
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración atribuible a su portavoz Heather Nauert, en la que anunció una nueva ronda de sanciones contra funcionarios del gobierno y sus familiares, lo que fue publicado en su cuenta de Twitter por la embajadora Laura Dogu.
El Departamento de Estado anunció hoy otra ronda de revocaciones de visas a funcionarios del Gobierno de #Nicaragua en respuesta a la continua violación de #DDHH https://t.co/lQT7X4GSw8
— Laura Dogu (@USAmbNicaragua) 16 de julio de 2018
Estados Unidos nuevamente condenó el ataque de grupos parapoliciales de Daniel Ortega contra estudiantes universitarios, periodistas y el clero a lo largo del país, junto a la detención arbitraria de un líder de la Alianza Civil.
“Cada víctima adicional de esta campaña de violencia e intimidación promueve el socavamiento de la legitimidad de Ortega. Nosotros hacemos un llamado a Ortega para el cese de su represión al pueblo de Nicaragua inmediatamente”, sostuvo la portavoz.
Nauert explicó que el gobierno debería de poner atención al llamado de la población de reformas democráticas. Estados Unidos considera que el mejor camino son elecciones libres, transparentes y justas para el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos.
El Departamento de Estado agrega que, como parte de su respuesta a las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por miembros del gobierno de Nicaragua, han impuesto adicionalmente restricciones de visas individualmente a los responsables de los abusos y de socavar la democracia en Nicaragua, así como a los miembros de sus familias. “Estados Unidos continuará exponiendo y responsabilizando a aquellos responsables del gobierno de Ortega de la campaña de violencia y represión”, dice el comunicado.