Para la socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, el Ejército de Nicaragua está para defender a la población del ataque que le hacen los grupos paramilitares afines al gobierno.
Cuadra dijo que las Fuerzas Armandas no pueden ser vistas como el actor político que decida el futuro de la crisis que vive el país, la que ya alcanza 87 días, en los que han muerto al menos 351 personas tras la represión del Estado a las manifestaciones pacíficas ciudadanas iniciadas el 18 de abril pasado.
“Eso sería ya responsabilidad de los actores civiles”, afirmó la socióloga.
El debate sobre la posible intervención del Ejército, para desarmar a los paramilitares, fue planteado por organismos de la sociedad civil como Hagamos Democracia, pero también por políticos agrupados en el opositor Frente Amplio por la Democracia.
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La represión es ejercida a través de la Policía Nacional, los paramilitares y las fuerzas de choque del gobierno, según la denuncia de las víctimas.
Escenario complejo
“Ahorita, el Ejército está enfrentando un escenario muy complejo y creo que no lo puede resolver solo. En primer lugar, tiene un mandato constitucional que es el de proteger a la nación y la soberanía nacional; eso quiere decir que el Ejército como una institución de carácter nacional tiene la facultad de defender al territorio y a la población”, sostiene Cuadra.
El diez de julio pasado, la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército negó la participación en la represión de sus miembros, así como el uso de armamento bajo su resguardo, tal como se ha denunciado desde días atrás.
El experto en temas militares, Roberto Cajina, explicó el 11 de julio pasado que en las actuales circunstancias se está jugando su existencia posterior a la crisis y la protección de sus intereses económicos.
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Cuadra opina que es el Ejército el actor más importante para frenarlos y desarmarlos a los paramilitares. Se trata de un escenario complejo.
La especialista sostuvo que los militares enfrentarían al mismo Ortega que, según la Constitución, es el jefe supremo de las fuerzas castrenses.
“El hecho de que el Ejército decida enfrentar a estos grupos paramilitares se tendría que enfrentar directamente con Ortega, que según la Ley, es el jefe supremo de la institución, pero a la vez, es el principal responsable de las acciones de represión y de la existencia de esos grupos paramilitares”, explicó Cuadra.
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De acuerdo con la especialista, lo que debe privar basado en las leyes es que el Ejército debe defender los derechos de la población. “En la medida en que los grupos paramilitares actúan con impunidad, la autoridad del Ejército como institución armada de la nación, también se ve disminuida porque el mismo Ortega, al permitir la actuación de estos grupos, pone en entredicho esa autoridad”, agregó.
Grupos partidistas ilegales
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) expresó el lunes pasado que, ante la criminalidad del Estado, que se vale de la Policía y grupos paramilitares, el Ejército debe intervenir en la actual situación, porque tiene la responsabilidad de “proceder a la desmovilización y desarme de los elementos que integran el cuerpo militar ilegal organizado bajo el mando de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo”.
En el mismo sentido, se pronunció el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, quien envió una carta al General Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua.
“Preocupa la identidad partidista que el Ejército asumió desde el 2015 y su actual extraña e inusual permisividad con el actuar criminal de los irregulares grupos armados partidistas, dejándolos realizar su acción criminal contra la población civil y contra la empresa privada, con total libertad”, reclamó el ex contralor de la República.