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Ileana Ros-Lehtinen, congresista emérita de Estados Unidos, es una de las que encabeza la solicitud de las sanciones. LA PRENSA/J. FLORES

Congresista estadounidense propone a más funcionarios nicaragüenses para sancionar con la Ley Magnitsky

Entre los personajes propuestos para ser sancionados están los dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Laureano y Rafael Ortega Murillo

La congresista federal Ileana Ros-Lehtinen denunció los asesinatos ocurridos este domingo en Carazo por grupos paramilitares y de la Policía Nacional y afirmó que continuará urgiendo nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre los que estarían sus hijos Laureano y Rafael Ortega Murillo.

La noche del domingo, la legisladora estadounidense publicó las fotografias del expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; el vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López Centeno; el jefe de facto de la Policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz; y el secretario político del Frente Sandinista en Managua, Fidel Moreno, los cuatro sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Ley Global Magnitsky Act.

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“Con reportes de más de 20 muertos, y mientras siga la represión, violencia y asesinatos por parte de Ortega, continuaré urgiendo a nuestra administración designar a más secuaces del régimen bajo Ley”, afirmó la veterana legisladora.

Ros-Lehtinen publicó fotografías de los candidatos pendientes de sanciones de la Ley Magnitsky, ellos son: Laureano Ortega Murillo, asesor de inversiones; Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial y el que maneja las finanzas de los negocios creados al amparo de la cooperación venezolana y los fondos públicos; Bayardo Arce Castaño, asesor económico presidencial; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Denis Moncada Colindres, Canciller del régimen de Ortega; Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista en el Parlamento; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Hernán Estrada, procurador General de la República.

Envía carta a Trump

Ros-Lehtinen envió el pasado 5 de junio una carta a la administración del presidente Donald Trump, junto a otros once congresistas y senadores, solicitando sanciones para Francisco López y Francisco Díaz, por corrupción y graves abusos a los derechos humanos, sanciones que fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro un mes más tarde.

En la carta, los congresistas expresaban preocupación respecto a las acciones represivas de la Policía Nacional contra manifestantes pacíficos y la corrupción general encontrada en Albanisa, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señalada de narcotráfico y lavado de dinero.

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“Los nicaragüenses tomaron las calles en señal de protesta, pidiendo democracia y reformas, pero no se encontraron con nada más que la fuerza bruta de la Policía Nacional dirigida por Francisco Díaz. Mientras tanto, Francisco López, en su papel de jefe de Albanisa, ha sido implicado en varios casos de lavado de dinero y otros actos importantes de corrupción, desplumando al país de sus activos y recursos y aliando al régimen con criminales y déspotas”, expresa la carta.

La primera carta enviada al presidente Trump fue en diciembre del 2017, firmada por seis congresistas y cuatro senadores, en la que solicitaban sanciones para el entonces presidente del CSE, Roberto Rivas, y Francisco López. La administración en esa ocasión designó sanciones solo para Rivas a través de la Ley Magnitsky.

Congreso discutirá violencia en Nicaragua

Para el próximo miércoles, el Congreso tiene programada a una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores para discutir los esfuerzos de la Casa Blanca para promover sus intereses en el hemisferio occidental, donde se abordará la situación de Nicaragua y Venezuela.

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“América Latina y el Caribe son el hogar de algunos de nuestros socios comerciales de más rápido crecimiento, pero muchas partes de la región siguen luchando contra la violencia, la corrupción y las organizaciones criminales. Deben abordarse las crisis en curso en Venezuela y Nicaragua, y la crisis migratoria en Centroamérica”, dijo el congresista Ed Royce, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso.

Un grupo de nueve congresistas introdujo la semana pasada una resolución bipartidista que condena la violencia ocurrida en Nicaragua e insta al gobierno de Estados Unidos, a identificar funcionarios nicaragüenses que califican para ser sancionados bajo la Ley Magnitsky. La resolución que se introdujo bajo el nombre de H.R. 981, ya se encuentra en el Comité de Relaciones Exteriores, para su discusión y votación.

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