Ante la falta de pruebas legales que sustenten las acusaciones contra ciudadanos que participan en las protestas cívicas en contra del gobierno de Daniel Ortega, el Ministerio Público recurrió a la figura del código uno o agentes encubiertos, utilizado como testigo comúnmente en casos de narcotráfico, «con el fin de condenar sin pruebas”, afirmó el abogado Róger Alvarado.
El agente encubierto está contemplado en el artículo dos de la Ley 735 o Ley Contra el Crimen Organizado y se refiere al funcionario especializado de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua que, “con autorización del máximo órgano de la Institución a la que pertenezca, oculta su identidad oficial y se introduce en las organizaciones delictivas simulando ser parte de ellas”.
El Ministerio Público propuso la testimonial del Código Uno o testigo encubierto en el proceso que se lleva contra Jaime Enrique Navarrete Blandon, alias “El Deportado” acusado de supuestamente asesinar al presunto paramilitar Ariel Ignacio Vivas.
Los hechos se dieron presuntamente cuando el ahora fallecido participaba en la “Operación Limpieza” que realizó el gobierno en el barrio Nueva Libia, el 12 de junio, con fuerzas paramilitares, con el rostro cubierto y llegaron disparando contra la gente que está en las barricadas. Junto al ahora occiso andaban unas 20 personas más protegidos por la policía.
Sin embargo, la Fiscalía describe los hechos como “… la víctima en compañía de unos 20 pobladores con el fin de permitir la libre circulación se dispuso a quitar adoquines utilizados como barricadas”.
Según la acusación, mientras se desmontaba la barricada, se presentó el acusado armado junto a cuatro personas desconocidas y disparó contra el ahora occiso, impactándolo en el tórax.
Uso ilegal de testigo
El abogado considera que el uso del código uno es ilegal en este caso porque no se está ante un crimen organizado ni contra narcotráfico a como manda la Ley 735.
“Si bien es cierto que la ley 735, establece también el asesinato, el delito tendría que estar relacionado con el objeto de la ley y en este caso estamos ante un delito común. Mi defendido no estaba ahí. A ese joven lo mataron ellos mismos (paramilitares), para inculpar a la población y que no se vea que las bajas (muertos) son solo del pueblo”, dijo Alvarado.
Otras inconsistencias en el caso
E l propósito del agente encubierto según la ley es identificar a los autores o participes, las acciones delictivas realizadas, el modo de operación, la estructura organizativa, sus planes de acción, los contactos, los medios que utiliza, identificación de prueba que pueda ser aportada al proceso penal, sin embargo, en la práctica no aportan tal prueba, dijo el abogado Róger Alvarado.
Otra irregularidad es que a Jaime Navarrete lo acusan de asesinato agravado y no se constituye ese delito, explicó el abogado. “No hay alevosía, ensañamiento ni recompensa, lo mas un homicidio, pero lo hacen para irse con juez técnico y condenar”, agregó Alvarado.
Otro aspecto ilegal de la acusación de la Fiscalía es que dice que lo capturaron el 17 de junio y fue secuestrado desde el 15 de junio por paramilitares en la vía pública mientras caminaba con su perro y hay videos.
Navarrete había sido amenazado a través de su perfil en facebook.
