Los días 13 y 14 de abril tendrá lugar en Lima, Perú, la octava Cumbre de las Américas a la que se espera asistan los jefes de Estado de todos los países de nuestro continente, excepto el de EE.UU. y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien el gobierno del país anfitrión le retiró la invitación, atendiendo una sugerencia del llamado “Grupo de Lima”, que lo integran los países latinoamericanos con democracias más consolidadas.
Venezuela también ha sido excluida por decisión del Consejo Permanente de la OEA, al considerarse que su sistema democrático ha colapsado, a raíz de la elección ilegal de una supuesta Asamblea Constituyente que, también de manera ilegal, decidió convocar y adelantar la fecha de las elecciones presidenciales para la segunda quincena del presente mes cuando, constitucionalmente, deberían celebrarse en el mes de diciembre del año en curso.
La celebración de esta Cumbre representa varios dilemas para el gobierno de Ortega, que ha insistido, junto con Bolivia, en que se invite a Venezuela y demostrado en la OEA su solidaridad con el gobierno de Maduro.
En primer lugar, cabe preguntarse en qué condiciones puede presentarse Nicaragua en una Cumbre cuyo tema central es el análisis de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El último informe de Transparencia Internacional lo califica como el país más corrupto de América Latina, después de Venezuela, y el tercero si tomamos en cuenta los países del Caribe, donde Haití también sobresale por sus altos índices de corrupción. Además, está el precedente de que uno de los poderes del Estado, el Consejo Supremo Electoral, sancionado por corrupción por la Ley Magnitsky, aún no ha sido destituido de su cargo y tampoco investigado.
Los más recientes estudios sobre la corrupción demuestran que su mejor caldo de cultivo se lo brindan los gobiernos autoritarios o dictatoriales, donde no existe independencia de poderes, el Estado de Derecho es sumamente frágil y las instituciones democráticas están severamente deterioradas, como es el caso de Nicaragua. Ortega tiene ante sí el dilema de asistir personalmente a una cumbre donde su gobierno podría ser seriamente cuestionado, o bien enviar un representante. Otra opción sería negarse a participar en la Cumbre en protesta por el retiro de la invitación a su amigo, el presidente de Venezuela. Pero Maduro ha modificado su discurso en relación con la Cumbre. Después de asegurar que se haría presente, “así llueva, truene o relampaguee”, recientemente afirmó que su asistencia a la Cumbre “no está entre sus prioridades”. Ortega podría también excusarse alegando “problemas de agenda”, excusa poco creíble en su caso.
El otro dilema es cuál va a ser la posición de Nicaragua en la intervención que le corresponda hacer a Ortega, o a su representante, en el seno de la Cumbre. Cierto que la Constitución Política confiere, a quien ostente la Presidencia de la República, la atribución de representar a la nación y dirigir las relaciones internacionales. Pero estas atribuciones deberían ser ejercidas de manera que se prioricen los mejores intereses del país y de su pueblo y no los intereses ideológicos o personales del jefe de Estado.
Por lo tanto, Ortega debería tener sumo cuidado con la posición que adopte en el seno de la Cumbre, donde los países democráticos están en mayoría y ya han expresado, a través del Grupo de Lima y de la misma OEA, su preocupación por la crisis política y humanitaria que vive Venezuela.
Si opta, como lo ha hecho hasta ahora, por la causa de Maduro, junto con Bolivia y otros pequeños países del Caribe, y repite su ya conocida perorata antimperialista, no solo perjudicaría al país sino que, posiblemente, estaría dándole el empuje final a la aprobación de la Nica-Act y a la incorporación, a la lista de sancionados por la Ley Magnitsky, de otros altos funcionarios del Estado.
Quizás Ortega opte por la ausencia de Nicaragua en la Cumbre, lo que se interpretaría como que nuestro país no está en condiciones de participar, con decoro, en una reunión tan importante.
El autor es jurista y catedrático.