Los miembros del Consejo Presidencial de Transición asumieron sus funciones el 25 de abril, pero aún no han hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, redactaron un documento para organizar la elección interna del presidente del Consejo, la cual está programada para el martes 30 de abril.
En el documento titulado “Mecanismo aplicable a la elección del Presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT)”, obtenido por Voz de América, los miembros del CPT establecieron una junta electoral para llevar a cabo la elección.
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La junta está compuesta por tres miembros: dos del CPT que no votan y un tercero seleccionado al azar entre los miembros votantes que no tienen candidato. La presidencia de la junta la asume uno de los miembros no votantes del CPT, elegido por consenso el día de la votación.
Una hora antes de la votación, la junta electoral anunciará la apertura oficial de las candidaturas. Los aspirantes presentarán sus candidaturas y sus motivos. Después de este período, la junta organizará la votación.
En la elección, la junta preparará papeletas idénticas. Los votantes escribirán el nombre de su candidato en la papeleta. Se establecieron dos urnas transparentes: una para depositar los votos y otra para el escrutinio. Si un candidato logra obtener la mayoría absoluta de votos (4 de 7), será declarado ganador.
En caso de una segunda vuelta, los votantes deberán elegir entre los dos candidatos principales. Si dos candidatos terminaran empatados en votos al final de la primera vuelta, la junta electoral celebrará un sorteo para decidir quién participaría en la segunda vuelta. El candidato con más votos sería elegido presidente del CPT.
Objetivos del CPT ante la crisis de violencia y fracaso gubernamental
El Consejo Presidencial de Transición de Haití se enfrentó a enormes desafíos en el contexto actual del país, afectado por bandas armadas y marcado por el fracaso del gobierno del ex primer ministro de facto Ariel Henry, quien estuvo en el poder durante más de 30 meses sin resolver la grave crisis en Haití.
Compuesto por nueve miembros, siete de ellos con derecho a voto, el órgano reconoció los desafíos y el “oscuro panorama” que enfrentaba, según declaró el primer ministro de facto del Partido “Tèt Kale”, Michel Patrick Boisvert, durante la ceremonia de investidura celebrada el jueves en dos lugares, uno en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe y otro en la oficina del Primer Ministro, también conocida como la Primatura.
“La vida se está escapando de nuestro país debido a la situación muy grave (…) La situación está llamando a todos los ciudadanos de Haití, estén donde estén. La situación nos exige elevarnos por encima de nosotros mismos y cambiar de paradigma”, destacó Boisvert.
Las estructuras institucionales del Estado haitiano, “debilitadas por décadas de inestabilidad política, han sufrido un colapso espectacular. No solo la calidad, sino también la existencia misma de los servicios públicos ofrecidos a nuestra población han sido comprometidos”, agregó Régine Abraham, miembro del Consejo que juró “hacer respetar la Constitución”.
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El órgano transitorio abordará cinco grandes proyectos, incluyendo el restablecimiento de la seguridad pública, la organización de una conferencia nacional y una reforma constitucional, la realización de elecciones generales democráticas, creíbles y participativas; el restablecimiento de la justicia, el estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y la recuperación institucional y económica.
En cuanto al restablecimiento de la seguridad: La situación de seguridad del país comenzó a deteriorarse en 2018, con un aumento de secuestros, ataques armados, violaciones y robos contra civiles perpetrados por grupos armados que han cometido al menos 20 masacres desde entonces. La situación empeoró con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Las bandas delictivas han ganado poder, adquirido más armas y municiones, y en febrero formaron la coalición criminal “Vivir Juntos”, liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, quien encabezó la “revolución” que obligó a Ariel Henry a renunciar. Desde febrero, su violencia se ha intensificado, destruyendo prisiones, hospitales, comisarías, farmacias y viviendas, saqueando instituciones públicas y privadas, acciones que han afectado a todos los sectores de la sociedad.
Durante los tres primeros meses del año, al menos 2.505 personas murieron o resultaron heridas, según cifras de la ONU, y más de 90,200 personas han sido desplazadas y viven en condiciones inhumanas en 85 sitios del área metropolitana de Puerto Príncipe, controlados en al menos un 80% por bandas armadas.
Según la sociedad civil, restablecer la seguridad es una condición fundamental para lograr todos los demás objetivos y requiere erradicar pandillas, entre 200 y 300, que operan en el país, impidiendo, entre otras cosas, la libre circulación de personas y mercancías. La recuperación económica es imposible sin estabilidad y restablecimiento de la seguridad, lo que implica necesariamente fortalecer la Policía Nacional de Haití.
Haití sin elecciones desde 2016: Próximas votaciones en 2026 tras 10 años
Haití no ha celebrado elecciones desde 2016, al final del mandato de Michel Martelly, donde los últimos líderes fueron elegidos democráticamente, incluyendo al presidente asesinado Jovenel Moïse. Después de su muerte en julio de 2021, el país quedó sin representantes electos, ni presidente, ni senadores, ni diputados, ni alcaldes.
Jovenel Moïse tenía planeado organizar elecciones luego de modificar la Constitución, pero no tuvo tiempo de hacerlo y, tras el magnicidio, Henry dirigió el país por más de 30 meses sin organizar elecciones debido a la situación de violencia.
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El Consejo Presidencial de Transición tuvo la misión de organizar elecciones para elegir un presidente el 7 de febrero de 2026, es decir, 10 años después de la última convocatoria. En el centro del proyecto electoral estaban dos grandes cuestiones: la organización de una conferencia nacional y la reforma constitucional que debían preceder a las elecciones bajo los auspicios de una nueva carta magna.
La celebración de las elecciones debería permitir la restauración de las instituciones, en estado de colapso durante años, así como de la autoridad del Estado, objetivos a alcanzar por el Consejo Presidencial de Transición en menos de dos años.