En días pasados, la organización alemana Transparencia Internacional (TI), con más de 25 años de experiencia, divulgó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado. Según definición de TI, la corrupción supone actividades ilícitas que se ocultan deliberadamente y solo se conocen a través de escándalos, investigaciones o juicios.
Hemos observado en las redes sociales y los medios de comunicación que con asombro informan que Nicaragua se encuentra en la lista de países más corruptos de América Latina. Al analizar las cifras del IPC presentadas este año, no debemos sorprendernos, ni asustarnos, simplemente es más de lo mismo y un reflejo auténtico de lo mal que estamos en materia de corrupción.
El IPC se calcula en una escala de 0 a 100, de altamente corrupto a muy transparente respectivamente. Lo anterior significa que el puntaje que se aproxime al cero es más corrupto, mientras el que se acerque a 100 es más transparente. La calificación de Nicaragua fue de 26 puntos (puesto 151 de 180 países evaluados). Si comparamos cifras con años anteriores, nos daremos cuenta que siempre salimos aplazados. En 2012 el puntaje fue: 29, 2013 y 2014: 28 puntos; 2015: 27 puntos y 2016: 26 puntos.
En la lista de países con mayores índices de percepción de corrupción se encuentran: Venezuela (18), Haití (22), Guatemala (28), Honduras (29), México (29) y Paraguay (29). No todos los países latinoamericanos siguen esa estela de corrupción. Chile (67), Uruguay (70) y nuestro vecino Costa Rica (59) superaron el umbral del indicador de la corrupción.
¿Por qué no hemos logrado salir de ese abismo?, la respuesta es clara: somos un país con instituciones públicas ineficientes, que actúan al margen de la ley y a merced de las orientaciones brindadas por otro poder del Estado. En consecuencia, los actos de corrupción están presentes en todas las instituciones gubernamentales y solo las conocemos gracias a las investigaciones periodísticas de los pocos medios de comunicación independientes o por filtraciones de información que ciudadanos responsables brindan de manera anónima para evitar represalias.
En países corruptos la denuncia de los actos de corrupción es una práctica peligrosa. El corrupto siempre teme ser descubierto, señalado e investigado y logra salir impune gracias a la actuación de sus “cómplices con poder” quienes le brindan protección y apoyo. El investigador es amenazado, desprestigiado y en el peor de los casos puede convertirse en acusado en determinado proceso judicial. En la presentación del IPC, Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, dijo que “ningún activista o periodista debería temer por su vida cuando se expresa contra la corrupción”.
En una ocasión José Ugaz, expresidente de TI dijo: “En demasiados países, las personas se ven privadas de sus necesidades más básicas y se acuestan con hambre cada noche debido a la corrupción, mientras los poderosos y corruptos gozan impunemente de una vida de lujos”.
En Nicaragua gracias a la “carestía de la vida” las familias sufren por no poder suplir las necesidades básicas. En cambio, hemos observado las exuberancias que viven funcionarios públicos, que ostentan de mansiones, aviones, animales exóticos, carros de lujos y viajes al extranjero de manera reiterada.
En Nicaragua, el 17 de mayo de 2017 fue emitida por Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) una circular que expresó la siguiente señal de alerta para las instituciones financieras: “Personas con un estilo de vida y consumo que no es acorde con los ingresos de su actividad laboral” (la circular fue autoinvalidada dos días después).
Los nicaragüenses sabemos que el informe de Transparencia Internacional (TI) no se equivocó con la calificación otorgada a Nicaragua. El país está mal y los tomadores de decisión no tienen voluntad para cambiar el rumbo de la situación en la que estamos sumergidos. No deseo ser ave de mal agüero pero si la ciudadanía continúa apática e indolente ante la caótica realidad que enfrentamos y que amenaza con agudizarse, los años venideros tendremos más de lo mismo: familias muriendo de hambre y funcionarios públicos llenos de una vida de lujos. En nuestras manos está el cambio.
La autora es máster en Corrupción y Estado de Derecho- Universidad de Salamanca.