El presidente de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, se declaró este lunes incompetente para investigar al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos.
“Si gana 60 mil dólares y si tiene otros negocios, no nos compete. No hemos hecho ninguna evaluación, nadie ha llegado (a la) Contraloría a ver su declaración. Si uno la pide, uno actúa de acuerdo con la Ley, y si el dueño de (la) declaración dice que no se vea, no se verá. No tengo por qué andar especulando si gana 60 mil y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención. No tengo por qué andar especulando”, dijo Montenegro este lunes al canal 100% Noticias.
Poderes tienen competencia
Sin embargo, el excontralor, Agustín Jarquín Anaya, dijo este lunes a LA PRENSA que la Contraloría General de la República (CGR) está facultada de acuerdo con su Ley Orgánica iniciar de oficio una auditoría a la gestión del magistrado electoral y hacerle, incluso, una revisión a su declaración de probidad.
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“La Ley Orgánica 681 de la Contraloría General de la República está facultada para hacer exámenes que incluye oficios, estudios, investigaciones, auditorías, por disposición de ellos (los contralores); no digo que debe hacerse, lo que digo es que lo pueden hacer porque están facultados por la Ley 681”, manifestó Jarquín Anaya, para aclarar que el contralor Montenegro sí está facultado para auditar al magistrado Rivas.
“No estoy para especular”, dice Montenegro
“Su declaración está en manos de la CGR salvaguardada. Si él (Roberto Rivas) pusiera su renuncia u ocurre otra cosa, sí le compete a CGR hacer la verificación. Si alguien quiere pedirla… de acuerdo con la Ley, no tenemos inconveniente si las partes lo autorizan. No estoy para especular… nosotros recibimos su declaración”, dijo Montenegro a 100% Noticias.
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Montenegro, quien funge como presidente de ese poder del Estado desde 2014 , aseguró además que no tiene “comentarios oficiales” sobre el magistrado Rivas, pues “no les compete hacerlo” y agregó que “son otras las autoridades” que deben referirse sobre la decisión que se tomaría en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Nadie lo investiga
El pasado 21 de diciembre el gobierno del presidente Donald Trump sancionó a Rivas y le prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones comerciales o financieras con él. Rivas también es señalado por Estados Unidos de violar los derechos humanos de los nicaragüenses.
En Nicaragua ninguna institución legalmente facultada por la Ley para investigar los señalamientos que Estados Unidos hace en contra del funcionario electoral se ha pronunciado de manera oficial.
A juicio de Jarquín Anaya, además de la Contraloría, también el Ministerio Público y la Asamblea Nacional debieron involucrarse en los señalamientos “tan delicados” que Estados Unidos hace en contra del presidente del poder electoral.
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“La Asamblea fiscaliza a través de la Comisión de Probidad la gestión pública de los funcionarios y el caso de Rivas amerita hacerlo por corrupción y enriquecimiento ilícito; pero además, aquí hay otras instancias que deben involucrarse por Ley, como el Ministerio Público, tal como lo están haciendo en Costa Rica”, aseguró Jarquín Anaya.
Gestión deficiente y anómala en el CSE
El excontralor y exdiputado explicó que la gestión de Rivas al frente del Consejo Supremo Electoral “ha sido muy deficiente y anómala”.
“Y no solamente en lo que respecta a la administración de los procesos electorales, sino que además, en las otras dos competencias sustantivas que rigen en el CSE que son el registro del estado civil de las personas (partidas de nacimiento y certificados de defunción) y que son los elementos con los cuales se conforma el padrón electoral, pero además, de la entrega de cédulas a los ciudadanos y en esto Nicaragua tiene un subregistro de personas sin partidas de nacimiento superior al 17 por ciento, o sea, que de 100 nicaragüenses, 17 no tienen partida de nacimiento y esos jamás van a tener cédula. De modo, que la gestión de Rivas es un desastre y esto es corrupción y violación de derechos humanos”, añade Jarquín.
Rivas figura entre las 13 personas que fueron sancionadas por Estados Unidos al amparo de la Ley Magnitsky, que castiga a quien sea señalado por corrupción o por violar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
El magistrado del CSE desde 1995 tampoco ha salido al paso para defenderse de la sanción que pesa en su contra.
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El comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. señala que Rivas Reyes, quien devenga 60 mil dólares anuales de salario, es acusado de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate.
Investigaciones periodísticas de LA PRENSA han informado desde hace varios años que Rivas, desde que es funcionario, ha acumulado riquezas en Nicaragua y Costa Rica, además de fraguar múltiples fraudes electorales que han beneficiado al gobernante Frente Sandinista, en el poder desde 2007.
Partidos en Asamblea Nacional dicen que no hay méritos
En la Asamblea Nacional no hay interés de promover una investigación sobre las denuncias de corrupción contra el magistrado Rivas y tampoco los partidos encuentran méritos para impulsar la destitución del presidente del CSE, a pesar de la sanción de Estados Unidos.
Este lunes el expresidente y caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán, descartó que sus diputados hagan una iniciativa en la Asamblea para destituir al magistrado Rivas.
“En primer lugar los diputados no son ni policías ni investigadores. Yo he dicho repetidas veces que le tocaría al señor Rivas renunciar para beneficio de Nicaragua”, respondió Alemán.
Respecto a que sean los del PLC quienes soliciten destituir al magistrado Rivas, el caudillo Alemán lo descartó alegando que no lograrían nada por el hecho de que el FSLN tiene mayoría de diputados y bloquearía la acción contra el funcionario aliado del presidente designado Daniel Ortega.
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“En la Asamblea se sabe (de) la aplanadora que tienen los sandinistas, entonces es darse contra el aguijón”, dijo Alemán.
El pacto político entre Alemán y el sandinista Daniel Ortega dieron en 1999 las reformas constitucionales que les permitió al PLC y al FSLN repartirse los máximos cargos en los poderes del Estado y ese acuerdo es lo que ha mantenido a Rivas al frente del CSE.
Bancada decidirá postura
Aunque Alemán adelantó la posición del PLC, directivos de la bancada dijeron que la decisión sobre si pedirán la destitución de Rivas del CSE sería tomada por mayoría.
Miguel Rosales, jefe de la bancada del PLC, dijo que él propondría que se pida la destitución de Rivas, pero que la postura que adopte la bancada requerirá ser aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
María Fernanda Flores, diputada y esposa de Alemán, expresó que “personalmente” sí respalda que se llame a Rivas en la Asamblea a que como funcionario explique su situación tras la sanción de Estados Unidos, pero Flores ve difícil lograrlo porque jurídicamente Rivas no enfrenta en el país ninguna acusación.
Maximino Rodríguez, también legislador liberal, opinó que el magistrado Rivas está obligado por la Constitución a demostrar que los señalamientos de corrupción en su contra no son ciertos.
“No solo es Roberto, realmente en el Consejo Supremo Electoral raya inclusive lo que se llama crimen organizado, con base en la Ley 735, porque están coludidos para enriquecerse de forma ilícita (…). Al Consejo Supremo Electoral hay que depurarlo totalmente”, expresó Rodríguez, pero él también obedecerá la decisión de la bancada y el CEN sobre cómo actuarán en el caso del magistrado.