La incorporación de Roberto Rivas a la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afecta no solo su posición como persona natural sino también jurídica, explicó este viernes Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
Vila aclara que si instituciones financieras nicaragüenses con vínculos en Estados Unidos (EE. UU.) establecen transacciones con Rivas por ser el representante de un poder del Estado, deben valorar los riesgos que esto conlleva.
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El especialista basa su explicación en la guía de aplicación de la sanción que la OFAC tiene disponible en su sitio web, donde señala que los estadounidenses no pueden establecer negociaciones, contratos o procesar transacciones con un individuo sancionado, aunque este actúe “en nombre de una entidad no bloqueada (o sancionada) que él o ella controla”.
“Las sanciones de OFAC generalmente prohíben las transacciones que involucren, directa o indirectamente, a una persona bloqueada, sin la autorización de OFAC, incluso si la persona bloqueada actúa en nombre de una entidad no bloqueada. Por lo tanto, las personas de los EE. UU. deben tener cuidado al realizar negocios con entidades no bloqueadas en las que participan personas bloqueadas. Las personas de EE. UU. no pueden, por ejemplo, celebrar contratos que estén firmados por una persona bloqueada”, se explica en el guía de la OFAC.
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Al respecto, Vila señala que “los bancos y compañías de cualquier país pueden mantener una relación comercial y financiera con personas” sancionadas, pero aclara que “esta relación les va a significar graves problemas si mantienen algún tipo de vínculo financiero, comercial con bancos, compañías, etc., de EE.UU.”.
Vila admite que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es una entidad no sancionada o bloqueada, pero su representante legal es una persona afectada. Por tanto, los bancos nicaragüenses con corresponsalía en Estados Unidos deben tener cuidado a la hora de establecer algún tipo de contrato con una entidad que no está sancionada por la OFAC, pero cuyo representante legal es un individuo que está afectado.
Operaciones y transacciones
“Según la propia OFAC, a pesar de diversas interpretaciones debido a que el CSE no ha sido designado como SDN (Specially Designated National), las operaciones y transacciones con Rivas como representante legal del CSE deberían ser consideradas como operaciones y transacciones con Rivas como persona natural bloqueada por OFAC”, enfatiza Vila.
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Y añade: “los bancos de Nicaragua pueden mantener cuentas con Rivas, pero están sujetos a que les cierren las cuentas o se vean afectadas las relaciones de corresponsalía y otras en EE.UU.”.
La explicación de Vila dista de lo expuesto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a las instituciones financieras del país. Según especialistas locales consultados por LA PRENSA, que basaron su explicación en las consultas hechas a la UAF, las sanciones no le impedían a Rivas realizar transacciones bancarias cotidianas de la entidad que representa, por tanto no estaría obligado a renunciar. A menos que, por una decisión ética, él decida hacerlo.
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Rivas fue sancionado junto con otras 12 personas con la Ley Magnitsky el pasado 21 de diciembre por el Departamento del Tesoro, a las que señala de violar los derechos humanos y cometer actos de corrupción.
Los bancos en Nicaragua ya cerraron las cuentas personales de Rivas, según dijo en su momento el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri.