La carta enviada por un grupo de congresistas y senadores al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicitan investigar y aplicar posibles sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y al vicepresidente de Albanisa, Francisco López, es el inicio de un proceso que podría complicarse para el entorno de Daniel Ortega.
Según el abogado estadounidense Jason Poblete, radicado en este país, a medida que avancen las investigaciones el proceso podría desembocar e involucrar a otros altos funcionarios de Ortega señalados de violar los derechos humanos y de cometer supuestos actos de corrupción.
Poblete es experto en derecho internacional, es exasesor del Congreso de Estados Unidos y actualmente trabaja en el bufete jurídico Poblete Tamargo.
La solicitud de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, involucra a López, vicepresidente Alba de Nicaragua (Albanisa), la subsidiaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que enfrenta sanciones de Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.
Para Poblete, Albanisa podría estar en la mira de la administración Trump debido a la política crítica de Estados Unidos hacia Venezuela. El pasado viernes un grupo de seis congresistas y cuatro senadores (republicanos y demócratas) envió una carta a Trump, en la que solicitan adoptar medidas inmediatas para investigar a través de la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act a Roberto Rivas y a Francisco López, este último tesorero del partido de gobierno. Ambos son allegados al caudillo sandinista y señalados de serias violaciones a los derechos humanos, corrupción y actividades ilícitas, conforme a la carta de los legisladores.
“No hay ninguna duda que la carta va a influenciar, fue enviada al presidente de Estados Unidos, al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, dos agencias claves que están encargadas de hacer el análisis de la designación (aplicar la sanción). Ahí es donde tiene que ir, (ellos) estudian lo que están planteando los congresistas y senadores”, dijo Poblete.
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La solicitud de los legisladores podría abrir otras ventanas de investigación. “Podrían ser investigados no solo bajo la Magnitsky, hay otros programas de sanciones que aplica el Departamento del Tesoro, así que es bastante serio, es un ejercicio con sustancia (hechos). Se lo enviaron al presidente (Trump), no fue enviado directamente a las agencias, eso me indica que los congresistas y senadores están tratando de elevar el debate sobre el tema de Nicaragua y Centroamérica, eso indica que quieren que se haga más con Nicaragua”, evaluó el experto.
Récord legislativo
Otro de los aspectos que adquiere relevancia para el abogado es que las acciones del gobierno de Ortega están creando un récord legislativo sobre la situación de violación a los derechos humanos y la corrupción que afecta a Nicaragua.
La carta fue firmada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, Edward Royce, Albio Sires, Eliot Engel, Paul Cook, Debbie Wasserman Shultz y los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Bill Nelson y Robert Menéndez.
Poblete considera que además la dará un empuje a la ley conocida como Nica Act.
“No es un embargo”
El abogado Jason Poblete explicó que “la Ley Magnitsky lo que hace es controlar el acceso al mercado, no es una acción directa contra Nicaragua, no es un embargo, lo están haciendo de una manera equilibrada que no impacta directamente al país sino a oficiales de gobierno y envía un mensaje que si estas personas quieren visas americanas o quieren tener acceso a la banca norteamericana, van a tener que cumplir con medidas de control”, añadió en entrevista con el diario LA PRENSA.
Explicación de Vecchio
Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular de Venezuela, dijo que la solicitud no solo es la aplicación de la Ley Magnitsky, sino también las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado a PDVSA y a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
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“Si bien hacen mención a la Ley Magnitsky, cuando se refieren al caso de Albanisa, piden se investigue y se coloquen en la lista de sancionados, los pueden incluir en la lista de la OFAC, y están mencionando claramente a dos personas: a Francisco López (vicepresidente de Albanisa) y a Roberto Rivas (presidente del CSE)”, dijo Vecchio.
La medida impactaría a Albanisa, que está en la mirilla de la administración Trump. Esto tendría un impacto más allá de Magnitsky, impactaría a la telaraña de las finanzas de Albanisa”
Jason Poblete, abogado estadounidense.
