Mientras en Bluefields por un robo, son procesados once simpatizantes de la organización indígena de Yatama, incluida una mujer en estado de embarazo y en riesgo de aborto, en San Sebastián de Yalí, Jinotega, las autoridades siguen sin investigar la muerte de dos personas y catorce heridos, durante las pasadas votaciones municipales.
La crítica la realizó el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, quien señaló que además de los dos muertos en Yalí, hay varios heridos de bala que aún están graves, pero que la Policía Nacional no investiga por tratarse de simpatizantes de la oposición.
Mientras “por un simple robo” están procesando a los once de Corn Island, en un juzgado de distrito de Bluefields, diez días después de capturados, por los que están detenidos de forma ilegal, aseguró Cuevas.
Para la representante de Yatama del Caribe Sur, Haidey Bautista, existe una situación de represalias de parte del gobierno contra los comunitarios de Yatama.
“Lo que están haciendo es una persecución a todos los líderes. Son presos políticos, no hay a fondo nada de lo que ellos acusan”, afirmó Bautista quien denunció: “La Policía ha conformado una comisión en Corn Island y no deja en paz a los comunitarios. Entran todas las noches a las casas, a desbaratar, a destruir, a saquear a la gente a robarles más bien; Eso es lo que le están haciendo a nuestra gente”, dijo Bautista quien cree “que es una orden de este gobierno exterminar con lo que son los miembros de la organización Yatama, porque todos los que están acusando, son líderes de la organización.
Nosotros lo que solicitamos es el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, “porque aquí no hay justicia”, porque el juez, los fiscales, la Policía Nacional todos se confabulan”.
“No tenemos seguridad, no tenemos defensa, no hay justicia para el pueblo afectado porque en este caso hay quince casas destruidas en Corn Island. Las víctimas fueron a la Policía Nacional a denunciar y hasta el momento, no han hecho ninguna actuación en contra de los que han saqueado, destruido y han dejado a las familias en persecución y más en la pobreza, pero sí están promoviendo todas las acusaciones en contra de los comunitarios y líderes de la organización de Yatama ”, declaró Bautista.
Detenida en riesgo de aborto
Sobre el caso de Hallida del Socorro Ríos Britton, quien está embarazada, denunció que pese a que presentaba amenazas de aborto, la Policía no la remitía al médico forense, hasta que denunciaron públicamente la situación.
El bebé no se encontraba en buen estado. “El médico forense no podía ver los signos vitales, y está con amenaza de aborto, por lo que solicitaron trasladarla a una clínica privada y luego fue trasladada al hospital Ernesto Sequeira Blandón custodiada por la Policía Nacional”, añadió Bautista.
Lea además: Cenidh cuestiona doble rasero de autoridades
La familia de Ríos denunció la semana pasada, que e pese a su estado de embarazo, la Policía mantuvo a la joven durmiendo en el suelo en las celdas preventivas de la delegación policial de Corn Island.
Primeros acusados por incidentes en votaciones municipales
Del total de acusado de Corn Island, el martes fueron llevados a los tribunales los comunitarios Daniel Alejandro Rivas, Sergio López González y Densel Roy Mansiquiel , acusados de robo agravado y a quienes le programaron la audiencia inicial para el 22 de noviembre.
Mientras a otros dos de ellos Giovani Valerio Lau Zepeda y Leman Richard Wilson, el juez dijo que estos estaban libres, cuando en realidad están en las celdas preventivas de Bluefields, denunció Haidey Bautista.
Desconoce orden de juez
El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, explicó que el martes se hizo presente el juez ejecutor, Daniel Solan, para conocer el caso de Hallida Ríos Britton, para lo cual entrevistó al jefe policial local, comisionado Joaquín Castillo, quien no pudo presentar documentos que demuestren su captura. Por tanto el juez ejecutor le hizo ver que Ríos está detenida ilegalmente, le realizó un acta de fianza y giró orden de libertad, lo que está dentro de su competencia por ley de amparo, pero Castillo se negó a firmar y a ejecutar la orden.