Las sospechas de lavado de dinero procedente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) supuestamente a través de empresas como Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), explican —según el general de brigada en retiro Hugo Torres— el comportamiento del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega.
Torres describe como hechos relacionados con estas sospechas de acciones ilícitas, el refugio a perseguidos por la justicia en sus países, la eliminación por decreto del estudio de impacto ambiental, las relaciones con Rusia y la presentación del Libro Blanco del proyecto del Gran Canal.
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El martes pasado el investigador Douglas Farah brindó testimonio ante una comisión del Senado de Estados Unidos, donde refirió que la organización IBI Consultants, de la cual es presidente, ha podido detectar parcialmente más de 2,000 millones de dólares en transacciones sospechosas de fondos de las FARC. En esas transacciones ilícitas estaría vinculada Albanisa “en una red de aliados” en Centroamérica.
Las sospechas de lavado “exponen a Nicaragua a sanciones por parte de gobiernos y de organizaciones internacionales”, aseguró Torres, quien no descarta que en la iniciativa conocida como Nica Act aparezcan incorporados algunos elementos del testimonio de Farah, que a su criterio, no fue expuesto a la ligera.
Cenidh analiza
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, calificó de graves los señalamientos que hacen a la empresa vinculada con la familia Ortega-Murillo, los que tendrán consecuencias económicas y políticas por considerar que “hay un deterioro de lo que llaman en el mundo riesgo país”.
Además, dijo Carrión, después de esto, vendrán las alertas para que interesados en invertir en Nicaragua, no lo hagan.
Torres: “Era un secreto a voces”
Torres refirió que esas sospechas de lavado “eran un secreto a voces” en Nicaragua, pero que haya sido expuesto de esa manera, “podríamos decir que son más que indicios, evidencias claras con detalles bastante precisos de que tal sospecha tiene muchos signos de veracidad”.
Y es por eso que el militar en retiro le encuentra una relación lógica que el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, perseguido por la justicia en su país, haya encontrado refugio en Nicaragua. Así como al decreto de Ortega que deja a la discrecionalidad del titular del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), que pueda reclamar o no, estudios de impacto ambiental para proyectos .
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“Obedece a la lógica de ir quitándoles obstáculos a las inversiones de dinero mal habido, al lavado de dinero (…) lo lógico, quite esas trabas, quite esas exigencias para dar lugar a la minería a cielo abierto en miles de hectáreas, y en distintos departamentos del país”, independientemente que eso vaya a significar la contaminación de los ríos y aguas subterráneas, dijo Torres.
Igual dice de la presentación del Libro Blanco sobre el proyecto del Canal. “Obedece a esa misma lógica de comenzar a depositar grandes cantidades de dinero en inversiones que estén relacionadas con este supuesto proyecto del Canal”.
Hay que presentar pruebas
Mientras tanto, el excontralor general de la República, Agustín Jarquín Anaya, afirmó que Albanisa y todas las empresas relacionadas con esta, como la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), están sujetas al control. Según Jarquín, es preferible no adelantarse, porque para estos señalamientos debe haber pruebas.
Jarquín recordó que ya hubo un caso similar que involucró a un empresario al que un representante de un organismo internacional le hizo señalamientos y después debió pedir disculpas.
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Amy García Curtis, exprocuradora auxiliar, explicó por su parte, que el procedimiento formal para investigar un delito de lavado no necesariamente debe empezar por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), también lo puede hacer la Policía Nacional por un reporte de operaciones sospechosas.
Aunque García dijo desconocer esa información, recordó que la Policía tiene el deber constitucional de perseguir el delito. Y por transparencia —manifestó García— la misma Albanisa que diga: “Aquí estoy, que me revisen”.
Relaciones “atípicas”
El general de brigada en retiro Hugo Torres consideró que tras conocer estos señalamientos él ha comprendido los motivos de las relaciones “atípicas” que mantiene el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, con el Gobierno de Vladimir Putin, al que —considera— lo utiliza como “un escudo protector” ante posibles sanciones que pudiera enfrentar.
Esto porque “para poder colocar estos cientos o miles de millones de dólares mal habidos”, debe imponer un régimen dictatorial que niegue las libertades para no poner en riesgo su permanencia en el poder.
