La Procuraduría General de la República (PGR) ha estado ausente en las audiencias de los dos últimos casos de gran relevancia, donde la víctima es el Estado de Nicaragua. Estos son el del colombiano Amauri Carmona Morelo señalado de ser quien dirigió la emboscada contra el Ejército de Nicaragua en el 2009 en Walpasiksa y el del mara salvatrucha Sergio Umaña Salamanca.
En este último caso, un procurador auxiliar se sumó a la audiencia inicial a última hora, aunque no ha tenido intervención de ley aún, puesto que la audiencia continuará el próximo 5 de septiembre en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua.
El interés de la PGR son las tres propiedades incautadas en este caso más el dinero encontrado durante el allanamiento. Aunque fuentes judiciales dicen que hay más propiedades que no fueron reportadas por la Policía Nacional.
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“Hay una propiedad en Chinandega de 110 manzanas de tierra que tiene tres piscinas dicen que está en manos de un comisionado a mi no me consta, pero la Fiscalía pidió en audiencia que la dejaran en depósito a una universidad, pero no hubo cabida porque no era el momento procesal y la tiene la Policía en custodia”, dijo Alvaro García, defensa del procesado.
Según el expediente judicial la PGR ya fue notificada del caso, el pasado 23 de agosto, por lo que espera se persone como víctima en la continuación de la audiencia inicial.
Falta comunicación entre PGR y Fiscalía
LA PRENSA buscó la versión de la PGR, si va a personarse en el caso del colombiano Amauri Carmona, pero no contestaron la petición de información a través relaciones públicas de esa institución.
Desde el año pasado se viene presentando problemas entre la fiscal general Ana Julia Guido y el PGR Hernán Estrada, porque supuestamente Guido no quiere que PGR esté presente en sus audiencias, aunque oficialmente no lo admiten.
Inventario de propiedades
Desde el 2009 abogados litigantes vienen denunciando que las propiedades de sus representados son objeto de decomiso y asignación a policías y particulares desde antes que haya sentencia firme lo que consideran ilegal.
Además, los terceros de buena fe han denunciado que cuando reclaman una propiedad por no tener nada que ver con el narcotráfico, les niegan sus intervenciones con el objetivo de quedarse con sus propiedades.
Se conoció según una fuente judicial que la Procuraduría General de la República solicitó en días anteriores una lista de las propiedades incautadas al narcotráfico que están en casación para saber como están y finalmente pasarlas a nombre del Estado de Nicaragua, aunque muchos abogados litigantes denuncian que al final son personas particulares las que se quedan con sus propiedades.
