La captura de Sergio Antonio Umaña Salamanca, miembro de la Mara Salvatrucha (MS) de El Salvador, quien había adquirido propiedades en el país, de acuerdo con una acusación en su contra en los tribunales de Managua, deja al descubierto la utilización del territorio nacional por parte de agrupaciones del crimen organizado manejadas por mareros de la región. Umaña utilizaba la identidad de Manuel Luna Salmerón con cédula nicaragüense de León.
Marero se estableció en Chinandega
En este proceso han salido a luz la existencia de dos agrupaciones similares: la manejada por Umaña, denominada “Clica”, establecida en el departamento de Chinandega y otra identificada como “La Colonia”.
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Según fuentes extraoficiales, las investigaciones realizadas desde hace varios meses por la Policía, fueron la justificación encontrada por el Gobierno para imponer drásticas medidas migratorias a los extranjeros, en especial a los salvadoreños.
Dos nicas entre organización criminal
Junto con Umaña fueron acusadas otras siete personas, dos de ellas son los nicaragüenses Arturo Epifanio Berríos Sánchez y Wilfredo Álvarez Montano, acusados como coautores de los delitos de crimen organizado, transporte ilegal de estupefaciente y lavado de dinero.
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La “Clica” se habría establecido en Chinandega, en especial en las playas Padre Ramos, Venecia, Mechapa, Potosí y Punta Ñata, donde Umaña asumió el liderazgo de la agrupación de Juan Pablo Salamanca, en 2015.
Según la Fiscalía, la agrupación estaba dedicada al trasiego y al tumbe de drogas en altamar.
Umaña residía en La Unión, El Salvador, y en ocasiones ingresaba a Nicaragua vía acuática de manera ilegal para refugiarse además de las playas mencionadas, así como en Nagarote, Matagalpa y Estelí.
Huyó después de asesinato en El Salvador
Tras el asesinato cometido contra un sujeto conocido como “Currucho”, en El Salvador, habría huido a Nicaragua donde se instaló definitivamente.
La Fiscalía ha pretendido sostener la acusación contra Umaña con un testigo, un policía encubierto, que se identifica como el oficial “Código 1”, pero el defensor de Umaña, Álvaro García Poveda, intenta rebatirla.
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García argumenta que la Fiscalía debe demostrar con una bitácora y un informe los resultados del seguimiento que “Código 1” le dio a la agrupación de Umaña desde abril pasado cuando fue infiltrado por orden de la institución.
El defensor alega que la Policía permitió que los miembros de la agrupación “hicieran tráfico de droga de 500 kilos y al final cuando no tenía ni un gramo de droga en las manos (Umaña), hicieron prueba de droga de ionscan para decir que presuntamente él andaba droga. Hasta que ya traficaron toda la droga, hicieron el corte para quitarle casi medio millón de dólares, pero no le encontraron droga”.
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La juez Noveno de Distrito Penal de Audiencia, Indiana Gallardo, dio cabida a la demanda del defensor, para lo cual la Fiscalía tiene diez días para presentarlo, de lo contrario García recuerda que la ley establece que se archive la causa y su cliente sea puesto en libertad.