La tragedia que enlutó a Nicaragua con la muerte de 52 personas por envenenamiento y 800 lesionados por ingerir agua ardiente mezclada con metanol (alcohol de concentración nociva) en comunidades de León en el 2006, llegó a su cierre legal este año con la reducción de la pena para tres de los ocho procesados.
Este mes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) después de cuatro años de estudio, decidió reformar la sentencia contra los hermanos Marcia Lorena y Reynaldo Oconnor Sobalbarro, reduciendo la pena de 23 a 12 años de prisión por robo agravado, asociación para delinquir y delito contra la salud pública por participar en la venta de aguardiente envenenado con metanol en León.
Otro beneficiado con la reforma fue Alfonso Martínez Quedo, quien pasó de 18 años de cárcel a 8 años y nueve meses por delito contra la salud pública y asociación ilícita para delinquir. Este último ya sobre cumplió la condena porque del 2006 al 2017 lleva 11 años de formal prisión.
Esta sentencia abre las puertas a la libertad a todos los procesados, porque la juez de ejecución de sentencia bien puede aplicar el mismo criterio al resto de procesados entre estos a José Ángel Rodríguez Martínez, alias “Changuelo”, principal responsable según la Fiscalía, quien está condenado a 30 años de cárcel.
“Changuelo” es un ex militar de 47 años con antecedentes penales que vendió de manera dolosa más de 20 barriles de metanol a los expendedores de licor en el departamento de León, afirmó en su momento Freddy Arana, fiscal en esa región .
Uno de los argumentos del fiscal Arana en juicio fue que “Changuelo” vendió 10 barriles de guarón a 1,800 córdobas cada uno, cuando normalmente lo distribuyen entre 6,000 y C$ 6,500 órdobas.
“Changuelo” aún guardaría prisión junto al resto de procesados, ya que en el 2010, los magistrados de la Corte prefirieron confirmar las penas y que fuera el Juzgado Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de León, quien adecuara las penas.
Los tres beneficiados fueron los únicos que recurrieron de revisión de la pena nuevamente ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte en el 2013 y esta vez se les aplicó el derecho de la retroactividad de la ley penal cuando favorece al reo.
Argumentos jurídicos
“Si con la entrada en vigencia de una nueva ley (Código Penal o Ley 641 en el 2008) se produce antes del cumplimiento de la condena y resulta favorable al condenado, el juez o tribunal competente deberá modificar la sentencia de acuerdo con ella en lo relativo a la pena o medida de seguridad”, dice la sentencia.
De tal forma, el delito de robo con fuerza que tipificaba el Código Penal de 1974 con seis años de prisión pasó a ser calificado como robo agravado, por el que les dieron cuatro años de cárcel. Mientras que por el delito contra la salud pública se sustituyó por envenenamiento de bebidas y alimentos, y como no incluye agravantes con el Código de 1974 se les impuso la pena de 8 años de cárcel.
Por la asociación para delinquir los magistrados tomaron en cuenta el principio de Indubio Pro Reo y el Principio de Responsabilidad Subjetiva y de Culpabilidad.
Tragedia dantesta en hospital de León
La intoxicación con metanol inició el 3 de septiembre del 2006 en Poneloya, luego pasó a la ciudad de León y otros municipios del departamento del mismo nombre y se extendió al departamento colindante de Chinandega.
Los envenenados llegaban en grupo al hospital Oscar Danilo Rosales de León y morían uno tras otro.
El Minsa solicitó la ayuda de una brigada de 18 médicos del Comando Sur de Estados Unidos especialistas en toxicología y de la Organización Panamericana de la Salud, quien proporcionó un antídoto para contrarrestar la intoxicación. El antídoto costó 1350 dólares, según informes de ese momento.
La Policía decomisó 71,751 litros de aguardiente sospechoso de contener metanol.
Los magistrados de la Sala Penal son Armengol Cuadra, presidente, miembros magistrado Manuel Martínez, Rafael Solís, en ese entonces la magistrada Juana Méndez, entre otros que participaron en la audiencia en el 2013.
