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Luis Velásquez Pereira , ex-embajador de Nicaragua ante la OEA, habla sobre el diálogo con OEA. Foto Uriel Molina/LA PRENSA

Luis Velásquez Pereira , ex-embajador de Nicaragua ante la OEA, habla sobre el diálogo con OEA. Foto Uriel Molina/LA PRENSA

Analista: diálogo con OEA es “puente de plata para Ortega”

Exembajador de Nicaragua advierte riesgo de volver a ciclo violento.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Luis Velásquez, no le da importancia a las votaciones municipales, porque con o sin observación pueden ser adulteradas, pero sí cree que las conversaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y esa organización internacional serán útiles para evitar un nuevo conflicto civil en el país.

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¿Cómo caracteriza al gobierno de Daniel Ortega?

Es un régimen corporativo. Este Gobierno está conducido por una alianza de corporaciones públicas y privadas, y el estilo del Gobierno es autocrático.

Hay autocracias duras y autocracias blandas. Las autocracias duras son donde la represión llega a niveles sumamente altos. Las blandas son donde la represión queda encubierta y no es muy evidente. Hasta el momento nos hemos desplazado en una especie de autocracia blanda en Nicaragua, lo que no significa que no haya represión, sino que está encubierta. Lo que se hace en Nicaragua es que las decisiones básicas de quien gobierna las toma una sola persona o una familia. Otra característica es que es un tipo de autocracia populista, en el sentido de que trabaja haciendo demagogia política, haciéndole creer al pueblo que es el que está gobernando cuando en realidad el que gobierna es un pequeño grupo de personas o una sola persona.

¿Es una dictadura?

Está implícito dentro de eso que le llamemos también dictadura. Yo no le llamaría dictadura, porque la dictadura, técnicamente hablando, era una institución que inventó la República romana, para enfrentar situaciones de emergencia. Aquí el término correcto es tiranía.

Nicaragua se trata de presidente y vicepresidenta esposos.

No existen casos de esposos presidente y vicepresidente, no se me ocurre en este momento. Se puede decir que es inédito.

Una familia en el poder se creía superado en Nicaragua, ¿qué cree que pasó?

Nosotros hemos tenido una cultura autoritaria por 200 años, desde la independencia hacia acá, salvo dos períodos fundamentales: uno el de la república conservadora de 1858 a 1893, fue un período de relativa descompresión política y el período de la democracia liberal que viene desde 1990, con doña Violeta Barrios de Chamorro, hasta llegar al período de 2006 con (Enrique) Bolaños. Fueron períodos donde se atenuaron las tendencias autoritarias y la tendencia hacia la creación de dinastía. Hubo alternabilidad en el poder de distintas personas en el tiempo. Salvo esos dos períodos, la cultura política de Nicaragua siempre ha permitido y transitado por el camino de los poderes personales y familiares.

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¿Qué cuota de responsabilidad tiene la oposición en esta situación política (actual)?

Ha habido un esfuerzo sistemático por parte del autócrata de turno para desbaratar a la oposición. La oposición ha estado presente, tiene por supuesto sus errores y sus cuotas de culpa. En 1995 se hicieron reformas constitucionales que disminuyeron el poder del autócrata o del gobernante. Se limitó el poder del presidente de la República. Se le quitaron facultades de legislar en cosas de impuesto. Se le quitaron facultades de legislar para nombrar a funcionarios, ahora lo tienen que hacer en consulta con la Asamblea y otras medidas importantes que limitaron el poder del autócrata. Pero esas medidas tenían que continuar con la democratización de los partidos políticos. Liberar a los partidos políticos de la dependencia del poder del presidente de la República y darles poder a sus bases, para organizar la relación entre el representante y el representado, que es fundamental en Nicaragua y en toda democracia.

Como tenemos democracia representativa, esta exige que los electores tengan a alguien que los represente en los órganos del Estado, esos son los diputados. El diputado recibe un mandato, se convierte en un agente de sus electores. Sin embargo, en Nicaragua como tenemos el esquema caudillesco que se reafirmó con el pacto Ortega-Alemán, no se permitió establecer esa relación entre los representados y los representantes, porque el caudillo elige a quienes van a ser candidatos a diputados. Entonces, ¿a quién tiene lealtad el diputado?

¿De qué han servido hasta ahora las conversaciones con la OEA?

Las conversaciones han sido importantes porque la situación del país, aunque se nos presenta de que el país está creciendo, tiene problemas muy importantes. El principal problema es el de la sucesión de Ortega, que ha derivado en una sucesión dinástica, con la inclusión de su esposa dentro del esquema de poder.

Esto es grave para Nicaragua, porque esto no legitima la sucesión de Ortega y al no legitimarse se nos crea un problema a mediano plazo y es el regreso de las tendencias atávicas de la política de Nicaragua, que ha venido en los ciclos largos de violencia.

Si la sucesión de Ortega no es legítima, vamos a caer al ciclo de violencia tradicional. La otra variable importante es la efectividad. La efectividad es la capacidad del Gobierno de responder a las demandas del pueblo y esto depende de los recursos que tenga . Nicaragua, como país vulnerable que es, depende de los recursos externos, y esos recursos están seriamente amenazados… Al fallar estos recursos, el Gobierno también va a perder efectividad y al reducir su efectividad, esto nos coloca en la víspera de un conflicto.

¿Las conversaciones con la OEA están sirviendo para evitar esto?

Las conversaciones con la OEA son una vía que nos puede evitar llegar a este punto de volver a caer en el ciclo de violencia en la historia de Nicaragua. Es un puente de plata que se le pone a Ortega para bajarse del caballo del conflicto y de la guerra.

¿Cuánto tiempo debe tener una misión de observación para hacer un trabajo efectivo?

Por lo menos realizarla seis meses antes. En primer lugar deben revisar las recomendaciones que ya existen en el caso de Nicaragua. Las recomendaciones que ya hizo la misión de la OEA, la misión de la Unión Europea y el Centro Carter. Hay que ver cómo se ha cumplido todo eso en la realidad o si no se ha cumplido. Si no se ha cumplido hay que comenzar por ahí. Hay que revisar el padrón electoral. Purgar el padrón electoral de los muertos y de toda la gente que ha salido y completar el padrón electoral, verificarlo. Después formar a los fiscales y a los observadores. Hacer los cursos y entrenarlos. Hacer el enlace con la observación local, entonces todo eso lleva mucho tiempo.

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¿Qué efectividad puede tener una observación de la OEA si ya comenzó el proceso y aún no han venido y hasta se ha conocido que no han conseguido financiamiento para la misión?

Todavía es muy temprano para decirlo. Recuerdo que cuando las elecciones del 2006, uno de los principales donantes que logramos obtener fue el Gobierno de Japón, creo que puso dos o cuatro millones de dólares para observación. También se recogen dentro de los Gobiernos de la Unión Europea y otros países que ponen este dinero. Es una observación que es cara.

¿Cuánto es el costo?

Se ha estado hablando de unos 20 millones de dólares si se quiere hacer bien. El Gobierno también tiene que hacer una gestión de fondos. La OEA, el secretario (Luis) Almagro, lo deben estar haciendo, pero todavía es muy temprano para decir si habrá.

Lo que pasa es que hay que convencer a la comunidad internacional y a los donantes de que Ortega está hablando en serio en términos de las elecciones y que no está jugando. Otra pregunta que se hacen (los donantes) es de qué sirven estas elecciones municipales si hemos visto que en el trayecto del último período, el gobierno municipal ha sido quitado, o les ha cortado los fondos, no los ha dejado ejercer el gobierno municipal de acuerdo con la ley.
Entonces, esto solo va a hacer un ritual, que no va a tener ninguna significancia en la gobernabilidad de los municipios, porque van a ser adulterados, porque no existe el freno de peso y contrapeso que limite institucionalmente el poder del Ejecutivo. ¿Entonces para qué hacerlo? El Gobierno tiene que dar todas esas explicaciones si quiere tener esos fondos.

¿Puede existir confianza en una estructura electoral encabezada por el FSLN y el PLC?

Han estado dando personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad y a otros partidos políticos, sin embargo, esto no es suficiente para legitimar un proceso electoral. Es fundamental en este momento que la oposición pueda generar una alternativa creíble.

¿Qué va a pasar con las municipales?

Solo tendrían lógica en el sentido de una reconstrucción institucional del país, porque así como están qué es lo que va a terminar. Puede haber elecciones observadas, pero en seis meses el Ejecutivo sustituye a los alcaldes que fueron electos democráticamente, los quita por voluntad, les hace una revuelta interna y los sustituye y pone a la gente que quiere, o los compra.

¿Me está diciendo que las municipales están perdidas?

Sí, no hay que darles mucha importancia, ni poner toda la esperanza en las elecciones municipales, que como te digo pueden ser adulteradas en cualquier momento, ya sea con observación o sin observación, no van a terminar de resolver nada.

Ruina institucional

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, explicó que la misión de observación electoral no viene a desmontar el sistema electoral controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Para devolver la confianza al sistema electoral, el especialista dijo que hay que estar claro de que no es de un día para otro, porque se debe hacer una reestructuración del CSE, una reforma de la Ley Electoral, regresar el respeto fundamental de la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Trayectoria

José Luis Velásquez Pereira tiene 64 años, fue embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de agosto de 2005 hasta diciembre de 2006, durante el gobierno de Enrique Bolaños.

Es abogado. Tiene un máster en Gobierno de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Arizona, Tucson. U.S.A.

Actualmente es secretario general de la Universidad Thomas More.

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