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La Corte Suprema de Justicia abrirá cuatro nuevos juzgados laborales en el país, afirmó el magistrado Rafael Solís. LA PRENSA/ ARCHIVO

Gobierno indolente con situación de campesinos en zona canalera

Según varios denunciantes hay muchas personas que no han podido legalizar la compra – venta de sus propiedades, porque en Catastral no aprueban los planos, ni entrega los certificados catastrales.

Silencio y desdén fue la reacción de las instituciones de gobierno a la problemática de inseguridad jurídica que tienen los pobladores de la zona por donde pasará el Gran Canal Interoceánico.

Los afectados han denunciado que no pueden inscribir ni hacer ninguna transacción legal con sus fincas, en los registros públicos, por estar en “zona roja” o zona afectada por la construcción del canal.

Esto se debe según denunciantes que mientras el Gobierno no empiece el proceso de expropiación, que contempla la Ley 840 o Ley canalera, no les permiten legalizar compra-venta de estas propiedades, ni los bancos quieren prestar sobre ellas.

LA PRENSA buscó la versión de la Corte Suprema de Justicia por dos semanas y aún no dan la respuesta. Mientras el magistrado Rafael Solís, se limitó a decir que esos asuntos los atendía una Comisión de la Propiedad, pero no le han informado nada. La oficina de prensa del Poder Judicial dijo que atendería la consulta, pero hasta hoy no hubo respuesta oficial.

Instituciones de gobierno coludidas

Según usuarios y abogados y notarios que han denunciado la problemática en el Registro Público de Rivas y en Nueva Guinea, les dicen que no les pueden inscribir porque están en proceso de revisión, pero no les explican de qué y quien está a cargo de estas revisiones.

“Que los nicaragüenses y campesinos no podamos comprar o vender nuestras propiedades, es un abuso y autoritarismo del comandante Daniel Ortega… esto que nos están haciendo es una patada a los campesinos y excombatientes guerrilleros” explicó Rafael Bermúdez mejor conocido por su seudónimo de guerra de “escuelita”.

LA PRENSA buscó también la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) al respecto, por ser la abogada del Estado y quien junto al poder judicial se encargarían de la expropiación de terrenos en la zona canalera, según la ley, pero no respondieron a la petición que se hizo vía correo y vía telefónica.

Según varios denunciantes hay muchas personas que no han podido legalizar la compra – venta de sus propiedades, porque en Catastral no aprueban los planos, ni entrega los certificados catastrales, y cuando lo hacen, en la Dirección General de Ingresos, (DGI) de Rivas no cobran los impuestos, y sin esos requisitos no pueden inscribir sus propiedades en el Registro Público de la Propiedad en Rivas.

Más afectados por arbitrariedades en fincas

Fátima Duarte, quien es originaria de la comunidad El Cangrejal de San Jorge, consideró que la ciudadanía no debe permitir estos abusos de poder, porque ya son varios los afectados con esa disposición del gobierno de no inscribir propiedades de la ruta del canal.

Según Duarte, tres conocidos de ella no pudieron comprar varias manzanas en el sector del Cangrejal y la Galpa y cerca de El Gran Lago en el municipio de San Jorge. “Eso es un abuso de poder de Daniel Ortega sobre los derechos de cada quien.

Abogados que prefieren el anonimato, por temor a replesarias indicaron que esta situación se presta a actos de corrupción y tráfico de influencias que encarecen los trámites legales al ciudadano.

“El gobierno tiene que entender que yo soy la que tengo que decidir a quién le vendo mi propiedad”, reiteró Duarte.

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