La abogada María Luisa Acosta quien obtuvo una sentencia a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado de Nicaragua por la falta de justicia en el crimen contra su esposo Francisco García Valle, demandó al Poder Judicial una investigación del juez que ventiló la causa hace 15 años.
“Me da tristeza que en Nicaragua no encontré justicia, que el sistema judicial de Nicaragua está en crisis desde el punto de vista que la mayoría de los nicaragüenses no lo consideramos un sistema independiente, probo, ni profesional, pero creo que es una oportunidad para el Estado para el sistema judicial cumplir con esta sentencia, reivindicarse”, afirmó Acosta en una conferencia realizada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que le brindó acompañamiento.
“No investigó de manera seria”
La Corte IDH consideró que el caso tuvo una “insuficiente respuesta investigativa y judicial” y que “el juez instructor no investigó, de manera seria, diligente y completa, la hipótesis que indicaba que el señor García Valle pudo haber sido asesinado por personas cuyos intereses podían verse afectados por las actividades de defensa de pueblos indígenas realizada entonces por la señora Acosta”.
El 25 de abril de 1990, Nicaragua reconoció la competencia de la Corte IDH con un plazo indefinido. El caso Acosta es la cuarta sentencia emitida por la Corte IDH en contra del Estado de Nicaragua.El primero fue el caso Jean Paul Genie.
“En cualquier país del mundo que se respete iniciarían una investigación y yo espero que lo hagan, que investiguen a este juez con estas acciones para que no quede en la impunidad ni los autores intelectuales del asesinato de mi esposo ni su cómplice en este caso el juez”, sostuvo Acosta, quien refirió que con todas las pruebas existentes en el expediente el Corte Suprema de Justicia (CSJ) “debería seguirle un proceso disciplinario a este juez”.
El judicial no la esuchó
El 8 de abril de 2002 Acosta halló muerto a su esposo, un profesor universitario y presidente de la Cámara de Comercio de Bluefields, Caribe Sur.
En ese entonces Acosta había denunciado la venta de los Cayos Perlas, y desde un inicio no descartó que el crimen de su esposo estuviera relacionado con ese problema. Pero el judicial no la escuchó sólo procesó a dos de los autores materiales y la implicó a ella en el crimen. Acosta fue sobreseída junto a los dos sospechosos de ser autores intelectuales del crimen.
“Un juez que ni ha sido probo, un juez que ha actuado ilegalmente, un juez que ha violado el debido proceso legal una vez, y no pasa nada lo va hacer y el sistema de justicia es un servicio público que se debe y que debe tener excelencia y que tiene que estar apegado al derecho y al debido proceso legal”, sostuvo Acosta tras recordar que las actuaciones del judicial del caso que “se supone es neutral”, fueron calificados por la Corte IDH como una manera de encubrimiento a dos personas que han delinquido, y dijo, “eso es grave” .
Hay que cambiar el sistema
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, aseguró que la sentencia tiene una repercusión no solo porque el Estado de Nicaragua está en la obligación de cumplirla para reparar en lo posible el daño causado a Acosta y su familia, sino porque “hasta cierto punto es una voz de alerta para la comunidad en general que les dice su sistema judicial tienen que cambiarlo, su sistema judicial tienen que fortalecerlo y tienen que ser independiente, porque es allí prácticamente donde se origina en un primer momento la violación de derechos humanos que la Corte está condenando”.
La abogada del Cenidh, Wendy Flores, manifestó que la sentencia demuestra que Acosta y su familia tuvo acceso a la justicia solo de forma parcial porque quedaron sin castigo un autor material y dos considerados autores intelectuales; por lo cual debe reiniciarse una investigación penal para procesar a los autores intelectuales que obtuvieron un sobreseimiento de forma ilícito, por lo cual la Corte dice que no debe alegarse ni prescripción ni cosa juzgada para este tipo de situaciones jurídicas.
Seria violación de derechos
La Corte también establece medidas de satisfacción, dijo Flores, que mencionó entre otras la publicación de la sentencia en un medio nacional y en las páginas web de las instituciones del Estado relacionadas con el sistema de justicia.
También plantea garantías de no repetición y esto tiene que ver con la violación a los derechos de Acosta, en su calidad de defensora de derechos humanos, al determinar mecanismos de protección y un protocolo de investigación frente a agresiones contra defensores de derechos humanos.
“En Nicaragua no existe un mecanismo sabemos que estamos en un contexto de hostilidad de agresiones permanentes por parte de agentes particulares y autoridades estatales por actividad que desarrollan defensores”, expuso la abogada del Cenidh .
