La iniciativa conocida como “Nica Act”, cuyo camino se vio frenado el año pasado con el cierre legislativo de 2016 en Estados Unidos, fue presentada este miércoles nuevamente en una versión más fuerte, con el respaldo de 25 congresistas, 15 de ellos republicanos y diez demócratas, quienes están de acuerdo en presionar al gobierno de Daniel Ortega para que haga cambios en Nicaragua a favor de la democracia.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires presentaron la tarde de miércoles ante la Cámara de Representantes esta nueva iniciativa, bajo el nombre Nica Act HR. 1918, cuyo objetivo es que Estados Unidos vote en contra de los préstamos del gobierno de Nicaragua ante los organismos multilaterales.
La primera versión de la Nica Act fue aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre del 2016, y presentada ante el Senado pero no logró ser discutida antes de concluir el período legislativo 2016.
La nueva versión establece que Ortega haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición. La anterior versión solo incluía a organismos de la sociedad civil y partidos políticos.
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La iniciativa de Ley persigue que todos los préstamos en beneficio del gobierno del designado presidente Daniel Ortega, ante los organismos financieros internacionales no sean aprobados por EE.UU., “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”, algo que contemplaba la anterior Ley. El voto de Estados Unidos es decisivo para la aprobación de préstamos ante los organismos financieros multilaterales, Nicaragua depende de esa ayuda.
La medida legislativa podría ser suspendida a menos que el gobierno de Ortega promueva avances significativos y creíbles en el restablecimiento de la democracia y la independencia de los poderes del Estado, actualmente bajo el control de la familia gobernante Ortega-Murillo.
Aquí puede leer (en inglés) la iniciativa de ley introducida por los congresistas.
Ros-Lehtinen, presidenta del Subcomité de Medio Oriente y África del Norte, y Sires, miembro del Subcomité del Hemisferio Occidental en el Congreso, son los autores de Nica Act. Ambos responsabilizan al presidente designado de Nicaragua, Daniel Ortega, no solo de cometer fraudes en las elecciones en Nicaragua desde el 2008, también lo señalan de corrupción y abuso contra los derechos humanos.
El congresista Sires explicó que la Nica Act tiene como objetivo poner las condiciones en Nicaragua de manera similar a como lo estableció con la ley Consolidated Appropriations Act 2016, aprobada por el Congreso para el triángulo del Norte, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador.
El 18 de diciembre de 2015, el Congreso promulgó la Consolidated Appropriations Act, 2016, que proporciona fondos a esos países, a cambio de cumplir con 16 condiciones para el acceso al financiamiento, entre ellas la lucha contra la corrupción, protección de los derechos humanos, el tráfico humano y la seguridad fronteriza.
“Daniel Ortega y su familia siguen acumulando una gran cantidad de riqueza, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente. Continuaré luchando por el pueblo nicaragüense hasta que sus voces sean escuchadas. Esta importante legislación deja claro que los Estados Unidos no tolerara que Ortega ataque a los defensores de los derechos humanos y continúe sofocando la democracia mientras se cubren los bolsillos a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo Sires.
La congresista Ros-Lehtinen dijo que Estados Unidos debe continuar aplicando estándares similares en Centroamérica, eso incluye respeto a los derechos humanos, combate a la corrupción, y transparencia.
“Examinamos dónde aprovechar mejor el dinero de los contribuyentes estadounidenses y el régimen de Ortega no es la excepción. Esta versión de la Ley NICA va un paso más allá de la versión anterior, que Albio y yo presentamos al Congreso un proyecto de Ley, que exige al régimen de Ortega combatir activamente la corrupción y tomar medidas significativas para proteger a defensores y activistas de derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas, hemos presenciado durante más de una década, que Ortega ha llevado a Nicaragua a una continua espiral descendente. El momento de actuar es ahora para el pueblo de Nicaragua y para su futuro democrático antes de que sea demasiado tarde. La Ley NICA será una poderosa herramienta que puede ayudar a poner fin a las atrocidades que se producen en Nicaragua y revertir su actual trayectoria destructiva”, acotó la legisladora.
Pide investigar y enjuiciar por corrupción
La iniciativa propone que la Secretaría de Estado de EE.UU. deberá certificar el fortalecimiento del Estado de derecho; el respeto a la libertad de asociación y expresión; combate a la corrupción incluyendo la investigación y enjuiciamiento a funcionarios gubernamentales involucrados en actos corruptos; protección al derecho (de organización) de los partidos de oposición política, a periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil a operar sin interferencias (de los aparatos del gobierno y paraestatales al servicio del régimen), dice la Ley.
La propuesta también ordena la elaboración de un informe sobre corrupción en Nicaragua, una función que estará destinada al Secretario de Estado, y que deberá presentar a los 90 días de la promulgación de dicha Ley, en consulta con las agencias de inteligencia, y en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, [National Security Act of 1947 (50 U.S.C. 3003(4)), de 1947]. La anterior propuesta estipulaba un plazo de 120 días.
La propuesta legislativa llega después de una serie de informes que en meses recientes cuestionan al gobierno de Ortega, en temas torales como las votaciones de 2016, gracias a las que seguirá en el cargo por un tercer período consecutivo desde 2007, derechos humanos, así como la consideración de que el país centroamericano es vulnerable al lavado de dinero.
